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Infiltrados

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


“Los hombres más limpios para los trabajos más sucios”

(Tópico del espía perfecto)

El polémico comisario Villarejo, uno de los policías más condecorados desde la transición por todos los gobiernos al margen de su ideología, ha declarado después del programa Salvados que piensa dedicarse al periodismo, sector donde dijo contar con “infiltrados”, porque considera que son profesiones similares. No es un caso único en el mundo proceloso de los espías. También existe el ejemplo contrario, el que bascula de los medios al tricornio. El periodista de investigación más premiado de España, José Luis Cervero, es un miembro de los servicios de información de la Guardia Civil que como brillante reportero utilizaba el alias “Jesús Mendoza”. De un extremo a otro sin solución de continuidad. El régimen está permanente escoltados por agentes cremallera, de la policía al periodismo ida y vuelta. Como corresponde al panóptico mediático-policial, que era la clásica mentalidad del Estado franquista de la cual surgimos.

Por eso no causa escándalo, ni turba el ánimo, que el laureado superdetective, en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión, acuse de amenazas de muerte al jefe supremo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); responsabilice a la portavoz del PSOE, y magistrada del Tribunal Supremo, de  haber  organizado una conspiración mafiosa con fondos públicos para desprestigiar a un juez de la Audiencia Nacional; y señale que las causas judiciales que afectan al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, su familia y cargos de la Generalitat, fueron instigadas desde el Ministerio de Interior. ¿Ocurre todos los días? Porque, hasta el momento,  ni la fiscalía ni los aludidos se dan por enterados. Al contrario, actúan como si estuvieran conformes con las perdigonadas recibidas. De hecho, tanto el partido del gobierno (comprometido en la  oscura “operación Cataluña”) como el PSOE (donde se ubica la responsable socialista “incriminada”) han evitado la comparecencia del comisario en la Comisión de Investigación del Congreso abierta por la maquinación de la “policía patriótica”. Eso sí, a unos titiriteros  se les manda a prisión sin miramientos por mostrar en un mimo la cara esperpéntica de la realidad vigente.

Con lo cual, para el ciudadano de a pie, el mayor contribuyente neto a las arcas del Estado, el affaire queda como una disputa entre colegas de la prensa, y más en concreto entre Villarejo y Javier Ayuso, el periodista de El País que con más tesón ha buceando en la vida y milagros del “hombre que fue jueves”. Por cierto, que Ayuso es otro virtuoso de las puertas giratorias en el sector de la comunicación y aledaños. Del diario de Prisa pasó a Dircom del BBV y de la Casa Real, y desde Zarzuela nuevamente al feudo de Juan Luis Cebrián con el ascenso incluido como adjunto al director, posiblemente por el know how  adquirido durante su periplo por las altas finanzas y la Corte borbónica. Pero no se trata de un duelo personal ni siquiera de un pique profesional. Lo que se están ventilando ante las perplejas audiencias de los medios, aunque sin luz ni taquígrafos, es algo grave que cuestiona seriamente valores democráticos fundamentales. El famoso ¿quién manda aquí? Si los ciudadanos o el complejo mediático-policial.

Porque en la habitual concupiscencia entre periodistas y policías, todos investigadores de bien, puede estar en el origen de asuntos más decisivos para la sociedad civil. Me refiero a esos tronantes procesos mediáticos que, después de exhibir sabrosas  grabaciones y sumarios declarados secretos, se desvanecen cuando llega el momento de la verdad en audiencia pública. Lo acabamos de ver en los casos Guateque, Cepyme y Mercasevilla, resueltos por los tribunales con la absolución de todos los reos. En el primero de ellos, que ventilaba una presunta trama de corrupción en la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, con el añadido por parte del Tribunal de una severa reprimenda a los “inquisidores” (eso viene a decir en el auto) que realizaron las pesquisas. “Mala fe”, “sospechas sin sustento”, “agentes no identificados” y “grabaciones obtenidas sin autorización judicial”, forman parte del capítulo de atropellos relatados en la sentencia contra los miembros de la Guardia Civil que al mando del hoy subteniente Cervero perpetraron las investigaciones. Aunque el rotativo de Ayuso da cuenta de los hechos de manera contrafáctica el pasado 27 de junio, no se sabe bien si por ignorancia de preservar la tutela judicial efectiva o por antipatía política, dado que el sumario salpicaba al PP.  El País titulaba la noticia con un “La Guardia Civil niega que investigara de mala fe en el caso Guateque”, en vez de destacar la grave anomalía denunciada por la Audiencia Provincial. “Los jueces están mintiendo de forma descarada”, afirma Cervero en las páginas a su disposición. Sorprendentemente en la web del periódico se cambió el término  “investigara”, que figuraba en la edición impresa, por el de “actuara”, incluyendo además un subtítulo que  menoscababa aún más la credibilidad de la Sala: “El instructor, ya jubilado, recuerda que todo el proceso se hizo bajo la dirección del juez y el fiscal”

Soplar y sorber al mismo tiempo, es lo que trasmiten esos relatos de espías metidos a periodistas y periodistas trabajando de espías. Tangentópolis que ha prevalecido en la sombra durante mucho tiempo por esa complicidad que emana el castizo dicho “entre bomberos no nos pisamos la manguera”. Máxime cuando se trata de biografías de excelencia, personas de competencia acreditada en su doble trayectoria vivencial, hasta el punto de haber sido merecedoras de los mayores honores por una ristra de autoridades del pasado, del presente y ya veremos si también del futuro. Lo que no es tradición es plagio. El comisario Villarejo, como ya ha quedado dicho, está en posesión del mayor número de Medallas al Mérito Policial con Distinto Rojo (pensionadas) de la historia reciente, y el actual subteniente de la Guardia Civil ostenta un apabullante currículum ganado a pulso en su larga y anfibia trayectoria profesional.

Divisa que exhibe con todo lujo de detalles en la solapa de su libro “Los rojos de la Guardia Civil”: “José Luis Cervero, escritor y periodista, fue redactor del equipo de investigación del desaparecido Diario 16. Es colaborador de distintas publicaciones, entre ellas Interviú, La Aventura de la Historia y la revista Guardia Civil. Es coautor, junto a José María Irujo, de los libros “Roldán, un botín a la sombra del tricornio” y “Comisión Ilegal”. Pertenece a la Guardia Civil desde 1965, donde ha estado siempre destinado en los Servicios Secretos de Información y ha sido condecorado en repetidas ocasiones con cruces al Mérito de la Guardia Civil y al Mérito Militar. Además ha recibido numerosas felicitaciones públicas, tanto nacionales como extranjeras, por la realización de destacados actos de servicio. Le han otorgado los premios Ortega y Gasset de Periodismo, Javier Bueno de la Asociación de la Prensa, Larra de la Unión de Periodistas, Club Internacional de Prensa, Insignia de Oro del Sindicato de Periodistas y de la Asociación de la Prensa de Melilla –este último por sus investigaciones sobre terrorismo islámico-, Ismael Fuente del Grupo Crónica, León Felipe de la Fundación homónima y del Ministerio de Cultura francés y Medalla del Club Manuel Broxeta de Valencia”. Un Pulitzer total y verdadero con aroma de James Bond.

Bien venido, pues, el debate sobre la doble militancia en áreas como estas, tan críticas para el funcionamiento democrático de la sociedad civil. Pero ninguna cloaca del Estado, por muy pestilente que sea, debe utilizarse para hurtar el principio de la presunción de inocencia y rendir cuentas al pueblo soberano. Quién sabe si el villano Villarejo de hoy se convierte con el tiempo en un maestro de periodistas, siguiendo el ejemplo de Cervero, que pasó de ser expulsado del Cuerpo en 1987, tras una condena por estafa de cuatro años de cárcel (sentencia revocada por el Tribunal Supremo a cuatro meses de arresto siete años más tarde), al estrellato mediático-policial. Nunca se puede decir de esa agua no beberé. El status mediático-policial jamás siempre permanece centinela alerta. Lo saben hasta los detractores del Villarejo en el mismo diario El País, ahora en primera línea de lucha contra la corrupción de Estado. La empresa que preside Cebrián inauguró la fórmula cuando nada más fundarse al principio de la transición fichó como jefe de su asesoría jurídica a Diego Córdoba, hasta la víspera juez del Tribunal de Orden Público  (TOP) Número Dos de la dictadura. De perseguir, reprimir y violentar la libertad de expresión a garantizarla encarecidamente solo hay un paso de rosca y toneladas de amnesia colectiva.

Pero la lógica más pedestre dicta que donde hay patrón no mandan marineros. Y es que son las propias corporaciones mediáticas, y sus correas de transmisión teóricamente representativas de la profesión quienes predican con el ejemplo exagerando la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga en el propio. Lo hizo la Asociación de la Prensa de Madrid, dirigida por la ex leninista reciclada en conservadora de pro Victoria Prego, tras su glamurosa etapa como musa periodística del felipismo, cuando acusó a la cúpula de Podemos de presionar a los periodistas que cubren sus actos sin aportar la menor prueba de su embestida Y lo volvió a repetir, sensu contrario, al decretar la omertá de la APM sobre las causas  judiciales que afectan a Mauricio Casals, Edmundo Rodríguez Sobrino y Francisco Maruenda, altos directivos del Grupo Atresmedia (dueño de ese yin-yang de agitprop que forman el integrista diario La Razón y la roja cadena televisiva La Sexta). La mácula de “organización criminal”, tipificada en el nuevo código penal (artículo 570 bis), tras pasearse por la clase política y la clase financiera, planea ahora sobre el mullido universo periodístico.

La Real Academia Española de la Lengua define la palabra “infiltrado” así: “persona introducida subrepticiamente en un grupo adversario, en territorio enemigo, etc.”.

Rafael Cid

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