Desde hace meses CGT se está movilizando en el ferrocarril en contra de la política de fragmentación y privatización del servicio público ferroviario. En CGT siempre hemos mantenido que la defensa de lo público solo se puede llevar a cabo unificando la lucha por el empleo y los derechos laborales con la defensa de los derechos sociales y la exigencia de conservar unos servicios y unos bienes públicos que nos pertenecen a tod@s, que deben estar al servicio de la sociedad y en cuya gestión debemos participar.

La situación por la que atraviesa nuestro ferrocarril ha llegado a un punto crítico. Durante años los sucesivos gobiernos han planificado la privatización, tomando como ejemplo los modelos basados en el neoliberalismo más brutal, y han ido preparando el terreno con una destrucción permanente de empleo, externalizando trabajos, eliminando servicios, cerrando líneas y estaciones, segregando el transporte y la gestión de la infraestructura, abandonando el mantenimiento y dirigiendo las inversiones exclusivamente hacia un tren elitista para enriquecer con el dinero público a las grandes empresas de la construcción y poner el tren al servicio exclusivo de una minoría privilegiada. Castilla y León es un ejemplo de ello, continuo abandono del tren convencional y MILLONES derrochados en infraestructuras AVE. Además de ser un paso en el camino de la privatización, la segregación ha supuesto la ruptura de los sistemas integrados de seguridad y la dispersión de responsabilidades de las direcciones de las empresas; la urgencia política por inaugurar nuevas infraestructuras ha conllevado que se pongan en funcionamiento sin que exista una continuidad y una unificación necesaria de los sistemas de seguridad. El trágico accidente de Angrois (Santiago de Compostela) hizo al Ministerio de Fomento paralizar sus planes durante dos meses para esperar que pasara la indignación, pero una vez aquietada la alarma social vuelve a la carga sin haber sacado ninguna enseñanza. En estos momentos, esta agresión ha llegado al punto álgido, con la decisión de fragmentar RENFE Operadora en cuatro sociedades anónimas para llevar a cabo su privatización, eso provocará que la SA de Mercancías o de Fabricación y Mantenimiento en unos años aparecerá en las noticias como aparece ahora la empresa pública Tragsa* (Sociedad Anónima) que despide 1.336 trabajadores y trabajadoras, aplicando la reforma laboral pura y dura. Dividir ADIF en dos tiene un único objetivo: camuflar 14.000 millones de euros de déficit público. Todo ello para facilitar a las empresas privadas aprovecharse de las inversiones ya realizadas con dinero público. El resto de sindicatos se han establecido en una posición cómoda de “negociación de salón” sin salir a explicar ni informar a los trabajadores y trabajadoras, aceptando la división de las empresas, erigiéndose en garantes de unas supuestas garantías de empleo, trabajo y permeabilidad que, aunque lleguen a plasmar en un papel, al día siguiente le dan la vuelta y quedará todo a conveniencia de las empresas y del Ministerio de Fomento. La realidad así lo ha demostrado cuando dividieron a la antigua RENFE. Tras la manifestación multitudinaria en Madrid el pasado sábado, de más de 3.000 personas, convocada por el SF y la CGT en defensa de un ferrocarril público y contra su destrucción por este gobierno del PP, continuamos con las huelgas de 24 horas convocadas por los mismo sindicatos para el 5 y 20 de diciembre en el sector ferroviario, en Valladolid, para informar a la ciudadanía, CGT convoca una concentración el jueves 5 de diciembre a las 11h en el Estación del tren (Valladolid Campo Grande), coincidiendo con la huelga de 24h ese día.