Esta vez es de verdad. El Brasil fue considerado la sexta economía del mundo, atrás sólo de EUA, China, Japón, Francia y Alemania. A juzgar por el hecho de que las dos últimas potencias son el pilar de la enflaquecida zona euro; de que el Japón permanece estancado desde mediados de la década de 90’ y los Estados Unidos son hoy el más desigual y menos productivo de los países desarrollados, tenemos esperanzas de crecimiento y proyección aún mayores.
A partir de ese hecho innegable, cabe una reflexión más allá de la crítica radical o de la complacencia oficial. Si bien somos hoy la sexta economía del mundo en términos de volumen de producción y riqueza circulante, estamos lejos de ser el sexto país menos desigual e injusto del planeta.
A partir de ese hecho innegable, cabe una reflexión más allá de la crítica radical o de la complacencia oficial. Si bien somos hoy la sexta economía del mundo en términos de volumen de producción y riqueza circulante, estamos lejos de ser el sexto país menos desigual e injusto del planeta. Nuestra pirámide social, aunque con una sensible disminución de la miseria absoluta, concentra renta y no distribuye los beneficios de la modernidad urbana. Según estudios recientes del Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA) sobre la pobreza en el Brasil, cerca de 107 millones de brasileños poseían hasta 2009 una renta per cápita entre R$ 67,00 y R$ 465,00. La mayor parte de los que viven en la extrema pobreza corresponde a agricultores de municipios pobres de la región Nordeste. En contraste a este cuadro, tenemos cinco capitales brasileñas que concentran el 25% de toda la riqueza del país. El problema es de fondo e implica una opción no presentada en el escenario político profesional. El crecimiento brasileño se da a partir de la exportación de commodities agrícolas en ancha escala, del aumento del crédito para el consumo y de la inyección de recursos estatales en la economía. Todo iría relativamente bien (la excepción es el modelo agro-exportador), si no tuviéramos bajo una guillotina llamada “forma de financiación”. El Brasil crece a través del pago continuo de su deuda, aumentando considerablemente el papel del capital financiero y comprometiendo casi la mitad del presupuesto ejecutado por la Unión del año de 2010. Por un lado es verdad que la gestión del Banco Central en el país es menos desreguladora que en la Europa y en los países anglosajones (y aumentó su el control bajo la batuta de su presidente Alexandre Tombini, que ya fue miembro de la representación brasileña al Fondo Monetario Internacional), por otro lado es un hecho que aún tenemos los intereses reales más elevados del mundo (4,9% al año, líder absoluto en los últimos 25 meses) y que surfeando en la ola de nuestro crecimiento está el sector bancario, en el que los bancos estatales manejan intereses y tasas de administración en la misma escala que los comerciales. El casino financiero alimenta al sector del crédito al consumo y en la punta de la pirámide, el Estado sigue financiando la expansión privada. Sea a través de préstamos a fondo perdido, como en la fusión de las operadoras de telecomunicación de capital extranjero Brasil Telecom y OI (los valores que salieron de los bancos públicos llegaron a R$ 11 mil millones y fueron destinados a la ahora mayor empresa de telefonía fija de América del Sur). O aún por la inyección directa en los consorcios público-privados, a ejemplo de la Hidroeléctrica de Bello Monte, que pretende hacer una central energética junto al Río Xingu, para desesperación de ambientalistas e indígenas de todo el país contrarios a los impactos socio-ambientales de la faraónica obra. Sumando esta injusticia estructural con la carencia del servicio público –estando la población brasileña sobrecargada impositivamente y aún no atendida de forma satisfactoria tenemos el real “costo Brasil”. Esa expresión es usada por los grandes medios para hablar de los gastos internos del país –tales como la carga tributaria, los costos portuarios, los transportes, los gravámenes laborales, las financiaciones, la energía y telecomunicaciones y la reglamentación gubernamental– que supuestamente aumentan el valor de productos y servicios brasileños, haciéndolos menos competitivos en relación a los del exterior. Son la mayoría de los brasileños quienes deben pagar la cuenta de la acumulación privada (oficializada) de recursos colectivos. Desarrollo cuestionable
No es posible negar que hoy vivimos bien comparado a diez años atrás y también que la primera década del siglo XXI fue mejor para los latino-americanos y los brasileños que la secuencia de las dos décadas perdidas. La de los ’80 tuvo como marca la crisis de la deuda, acompañada de estanflación galopante, llegando el Brasil al borde de la hiperinflación (la inflación acumulada en el país durante la década fue de 36.850.000%, increíble para quien no vivió ese periodo). En aquella época se construyó un consenso en torno al Estado Burocrático Autoritario, asociando todo lo que era estatal a retraso y abismo cultural de los latinoamericanos respecto a los países de capitalismo central. La consecuencia vino en los años ’90, cuando se dilapidan los patrimonios nacionales, liquidando todo (o casi todo, en especial a través de las polémicas privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso entre 1994 y 2001 aún muy bien vistas por los partidarios del Partido de la Social Democracia Brasileña –PSDB– el de de los presidenciables José Serra, Geraldo Alckmin y Aécio Nieves). Aun así nos mantuvimos estancados económicamente, aunque ya sin el fantasma inflacionario.
No negar lo obvio está lejos de implicar una adhesión incondicional a la política económica del gobierno y menos aún producir discurso optimista y oficialista. Si mejoramos en comparación con la historia reciente, aún estamos lejos de tener una estructura productiva que pernita vuelos más altos. Estamos a siglos de tener un desarrollo regionalizado. Los niveles de inversión directos aún son bajos y el volumen de impuestos no se corresponde a la calidad de los servicios prestados. Frenar la saña privatizadora fue importante, pero ahora cabría un debate profundo acerca del (los) modelo(s) de desarrollo y distribución de renta en el largo plazo. Hoy el país vive el fruto de la expansión del empleo directo (positivo), pero también del acceso al crédito a través de la presencia cada vez mayor del sistema financiero en nuestras vidas cotidianas (dudoso). El consumo suntuario es incentivado por el gobierno y los medios (a ejemplo de la cobertura de las compras de Navidad, día de las madres, día de los niños, etc.), predicando un keynesianismo limitado donde el mercado interno (antes el patito feo) es la gallina de los huevos de oro. La expansión consumista desenfrenada dos problemas produce. El primero es el endeudamiento creciente de los brasileños, que llegó al monto de R$ 715 mil millones en noviembre de 2011; el segundo es la exageración de productos importados, aumentando el abismo científico nacional.
Fina ecuación del crecimiento en el largo plazo El abismo social aún supera la capacidad de generar riqueza y distribuirla dentro de una sociedad capitalista. Tendríamos dos desafíos casi consensuales en el país. Uno de ellos es la erradicación de la extrema pobreza. Otro es la garantía de la movilidad social y el ingreso de una parcela significativa de los 193 millones de brasileños en el sistema de amparo legal y producción económica. El primero es más simple, al menos de visualizar. Las políticas de renta mínima, inauguradas por el primer gobierno socialdemócrata de Suecia (en años ’30 del siglo XX), como un combate al pauperismo que atravesaba aquella sociedad, acostumbran ser efectivas. Los datos del Brasil en los últimos diez años (más de 26 millones de brasileños salieron de la línea de la pobreza, la renta media real subió 28% entre 2004 y 2009, y la desigualdad de la renta cayó 5,6%, de acuerdo con informaciones del IPEA) comprueban la eficiencia de distribuir un mínimo y asegurar el compromiso de mantener a los dependientes dentro de la red de asistencia mínima del Estado. Sería absurdo negar esta realización del actual gobierno de Dilma Rousseff (continuidad de los ocho años de Lula y del Partido de los Trabajadores –PT– con una amplia coalición partidaria junto la fuerzas político-económicas conservadoras) y los beneficios advenidos al Brasil como un todo. A la vez, se constata que la asistencia es el paso de salida y no de llegada hacia otra etapa de vida. En ese sentido, vale la adaptación de la expresión popular: “mejor que dar el pescado es enseñar a pescar”. Al contrario de lo que aparenta, la educación formal tampoco asegura necesariamente un puesto de trabajo en el mundo de la producción. Basta observar la desesperación de los jóvenes árabes antes de su Primavera, cuánto tenían gobiernos corruptos, dictatoriales y pro-israelíes, al tiempo que el buen nivel escolar apenas daba para el subempleo. En el caso de los españoles, cuanto mejor la formación, más pequeña es la oportunidad real de conseguir un trabajo. El espacio en el mundo de la producción está correlacionado con dos variables. La primera implica las elecciones y estrategias de crecimiento macro-económico de un país, y también de su política monetaria. Y, como consecuencia, la necesaria educación formal, iniciando con un aumento de la capacidad de aprendizaje y cognición media de la población, hasta llegar a las ciencias básicas, fuente inagotable para el avance científico (y de este para el tecnológico). Nada de eso es novedad, basta una lectura atenta del indispensable economista Celso Furtado (dirigió la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe –CEPAL– e incentivó el desarrollo económico-regional en el Brasil en las décadas del ’50 y ’60) para interpretar mejor la cuestión. Esta fina ecuación entre decisiones de Estado, y políticas públicas con proyección de efectos desde ahora a veinte años, debería pautar la agenda nacional. Al contrario de lo que afirman los mandamientos de los economistas neoclásicos, este no es un problema de demanda perfecta y sí de relaciones de poder sobre una estructura social-productiva. Como toda disputa en sociedad, su solución es política. Mercado de salud y ahorro interno
Para materializar el cuadro presentado arriba sobre el desarrollo económico del Brasil usaremos la investigación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) referente al cálculo con gastos de salud por persona en el Brasil (el año de 2009). El estudio comprueba el concepto de marketización en un sector que en teoría, debería ser provisto por el ente estatal. La marketización implica la ampliación y transformación de servicios y espacios, de públicos a privados. Así, se transforma un derecho –algo de la esfera de la justicia y del contrato social– en una mercancía. Es el caso del derecho a la salud en el Brasil, que es inversamente proporcional a dos cualidades fundamentales en una democracia: la presión de la ciudadanía organizada y el crecimiento sostenido en el ahorro interno. Supuestamente tenemos un sistema de salud universal y con un proyecto societario que lo motiva. En la práctica, la desvinculación de recetas y la mejora de la calidad de vida (movilidad dentro de la pirámide social) vienen acarreando una mayor capacidad de gastos del ciudadano común en salud privada. Estamos gastando en promedio, por individuo, R$ 835,65 al año, siendo esta cuenta aportada por las familias. Por su parte, el Estado –concentrando recursos de la Unión– gasta R$ 645,27 por ciudadano. El pedazo de la torta es del 55,4% para la ciudadanía y 43,6% para el gestor de los recursos colectivos. Cuando cruzamos las variables del desarrollo económico y distribución de renta, el volumen de gastos de salud es determinante. En la Europa que hoy vive al borde de un ataque de nervios, el Estado de Bienestar Social, que los especuladores y financistas insisten en exterminar, aún invierte 72% del total de la torta de la salud. Para los brasileños, la cuenta es simple. Se cambia de franja de consumo y se incorpora como gasto, lo que antes era el suplicio de las colas del Sistema Único de Salud (más conocido por la sigla SUS, servicio público de salud idealizado en la Constitución Federal de 1988 y doctrinado por los principios de la universalidad, integralidad y equidad, que no corresponden a su realidad y lo hacen presa fácil de iniciativas privatizadoras). Con la moneda estable y el aumento del empleo formal, el consumo se da en forma de endeudamiento y no de ahorro interno. Se reproduce, en escala familiar, lo que hace el gobierno central. Rodamos las deudas, tenemos baja tasa de inversión y ahorramos poco.
En la punta del lápiz, la masa de la glorificada clase C (clase media con renta familiar entre R$ tres y ocho mil) y el grueso de la B (renta familiar entre R$ ocho y 26 mil) gasta lo que gana, con gastos fijos asociadas a la mejora de la calidad de vida. El problema no está en el gasto en sí, pero sí en la constatación de que el derecho social queda en segundo plano delante de la forma mercancía para el mismo servicio. Es innegable que mejoramos de vida en los últimos diez años, no habiendo comparación con el ciclo tucano (socialdemócrata) anterior. El problema es reorientar el debate del crecimiento, asociado al ejercicio de los derechos fundamentales y la reorganización del tejido social, para reivindicarlos y ejercerlos. El análisis se hace crítica en la economía política y siempre hacia la izquierda.
Bruno Lima Rocha y Rafael Cavalcanti – www.estrategiaeanalise.com.br
Publicación Barómetro 13-02-12
Fuente: Bruno Lima Rocha y Rafael Cavalcanti
