Desde hace años, se está desmantelando el sistema público de salud en Euskalherria y en el conjunto de Europa, y el proceso se ha acelerado tras la pandemia. A las derivaciones y conciertos con el sector privado, el excesivo gasto farmacéutico, la bloqueada cobertura de la salud bucodental, mental, y laboral, el limitado desarrollo de la atención a cuidados paliativos, la insuficiencia presupuestaria a la Atención primaria etc. se suma la propuesta de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y su primera plasmación en el “V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva” (V-AENC) firmado en mayo de 2023 por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias en el Estado español. En éste con la coartada de las largas listas de espera y el supuestamente elevado absentismo laboral, se comprometen a impulsar que la atención sanitaria de los daños osteo musculares, de origen común de todas las y los trabajadores, asalariados y autónomos, se hará en las mutuas colaboradoras con la seguridad social (MCSS). Las pruebas diagnósticas y tratamientos requeridos serán facturados a Osakidetza y Osasunbidea. Con ello se constituyen dos sistemas sanitarios, uno con todos los recursos necesarios para acelerar el alta médico-laboral de la población activa en caso de Incapacidad Temporal y otro descapitalizado, para el resto de la población.
En la Unión Europea España es el único país en el que las mutuas empresariales atienden los daños derivados de las malas condiciones de empleo y trabajo establecidas por el propio empresariado. Mutuas y organizaciones empresariales que dicen estar preocupadas por la elevada frecuencia de daños osteo musculares de las y los trabajadores pero no plantean intervención alguna en las empresas para reducir los riesgos ergonómicos en el trabajo, fuente de la mayoría de daños que requieren el concurso de la traumatología para su atención. Estas entidades empresariales deciden si un daño es de origen laboral o no. El subregistro de enfermedades profesionales es calificado desde la evidencia científica como escandaloso.
A las y los trabajadores nos prometen una atención preferente. Curioso dadas las prácticas que realizan las mutuas en la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conocemos su negativa al reconocimiento del origen laboral de múltiples lesiones y patologías, la sistemática minimización de la gravedad de los accidentes de trabajo, la persecución cuando caemos de baja, la falta de derechos sanitarios en la atención que prestan, su desentendimiento ante secuelas y complicaciones, sus tratamientos de choque, con efectos secundarios, para acelerar el alta…
Nos quieren hacer creer que las mutuas son más efectivas, que obtienen mejores resultados en el control de las bajas comunes. Falso, sabemos que menos del 15% de las propuestas de alta que realizan a las inspecciones médicas tiene justificación clínica. Dicen que la duración de las bajas de traumatología de los accidentes de trabajo que ellas atienden es menor que la duración de las bajas por contingencia común. Hacen trampa dado que comparan poblaciones más jóvenes a mayores y procesos no comparables. Dicen que ellas quieren colaborar con sus recursos en reducir listas de espera. Incierto, ocultan que más del 20% de las atenciones que prestan las derivan fraudulentamente a la sanidad privada mercantil.
Las mutuas por definición legal son entidades empresariales privadas, sin ánimo de lucro. Dicen que ahorran dinero público pero ocultan que un tercio de las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social están inmersas en litigios por supuestos fraudes económicos. Tampoco difunden que de las 21 mutuas existentes en el año 2021, 6 de sus directivos cobraban más de 200.000 euros anuales y otros doce más de 100.000. Ya en el 2009 el tribunal de cuentas decía que las irregularidades de las Mutuas son “un mal general” por falta de control, pagos indebidos con cargo a la Seguridad Social, ofertas promocionales competitivas que incurren en costes no asumibles por la Seguridad Social, obras facturadas por duplicado, dietas indebidas, indemnizaciones millonarias por auto despido y hasta cesiones ilegales de mano de obra. Con esto no solo no demuestran una particular excelencia en la gestión, si no que la misma se rige por auto concesión de prebendas y despilfarros con cargo a las cotizaciones de naturaleza pública a la Seguridad social.
El tándem Ministra de Seguridad Social, AMAT, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT dice también que las mutuas accederán a la historia clínica del sistema público de salud, lo que ya hace Mutualia por concesión del gobierno PNV/PSE, y que solo se hará tras consentimiento del trabajador/a. Quizás debieran reconocer que decidir aceptar o rechazar una propuesta de prueba diagnóstica o tratamiento realizado por una mutua nunca es libre para el/la trabajadora. Es conocida la frecuente amenaza de alta en caso de negativa a seguir sus propuestas de tratamiento en caso de contingencia laboral.
¿Y estos planes cómo van a repercutir al resto de la población? Deteriorando la atención del sistema público de salud:
- Primero por descapitalizarlo económicamente. Van a cobrar el coste de sus intervenciones al Sistema Público de Salud.
- Segundo, por descapitalización de recursos humanos. El sistema mutual carece de recursos suficientes para atender todos los daños traumatológicos de la población trabajadora lo cual llevará a la contratación de especialistas de traumatología del sistema público. Como las peonadas instauran un sistema perverso, lo que no se haga en la pública por la mañana se hará “por las tardes” cobrando en la privada, sea ésta mutual o mercantil.
- Tercero, por el aumento exponencial de la burocratización que plantean las mutuas a atención primaria e Inspección Médica puesto que les exigen informes permanentes que justifiquen la permanencia en situación de baja del trabajador/a.
Como vemos, la estrategia de Seguridad Social, patronal y mutuas, con la inestimable colaboración de CCOO y UGT, poco tiene que ver con la salud de las y los trabajadores y nada con atender las necesidades de salud del resto de la población. En realidad, se pretende un salto espectacular en la estrategia de privatización del sistema público de salud y un aumento del negocio privado.
Por todo lo anterior exigimos:
- A los gobiernos autonómicos de la CAV y Navarra, el rechazo a la propuesta de convenio planteado por AMAT y a los contenidos del capítulo VII del V-AENC
- Al gobierno estatal, la aplicación inmediata de la disposición final tercera de la Ley 14/1986 General de Sanidad que prevé que el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios concernidos dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes se integren en el sistema sanitario público.
- Al gobierno central, solicitar que sea el sistema público de salud quien atienda sanitariamente a todas las y los trabajadores de las Administraciones públicas del Estado tanto por contingencia laboral como común.
De esta manera, los recursos financieros de nuestras cotizaciones a Seguridad Social e impuestos dejarán de ponerse en gran medida al servicio de la privatización del sistema sanitario público y serán destinados al necesario fortalecimiento de este último, el Servicio Vasco de Salud- Osakidetza y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Así mismo y al objeto de debilitar las mutuas empresariales nos comprometemos a
- Impulsar que las empresas concierten la atención a las contingencias profesionales directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Así los daños derivados del trabajo serán atendidos por Osakidetza y Osasunbidea. Los gobiernos autonómicos deberán negociar el reembolso de los gastos a la Seguridad Social a través del cupo.
- La constitución e inclusión de todas las/los trabajadores de la función pública en sendas autoaseguradoras colaboradoras con Seguridad Social a efecto de que sus contingencias profesionales sean atendidas por el sistema sanitario público.
En Euskal Herria a 13 de marzo de 2024
Iñaki Moreno (Osasun Publikoaren Aldeko Euskal Herri Plataformak – OPAk)
Inko Iriarte (LAB) Javier Quintanilla (CGT) Nagore Landa (STEILAS) Sarai Arce, (ESK)
Nerea Cabrera (LSB/USO) e Ignacio Donezar (CNT).
Federación Local de Bizkaia CGT-LKN
Fuente: Federación Local de Bizkaia CGT-LKN
