Cuando en el otoño de 2024 el Supremo rechazó el recurso de Navantia y la sentencia fue firme, el comité reiteró su exigencia.
Cuando en el otoño de 2023 salió la sentencia condenando a Navantia a convocar a la excluida «para la última fase del proceso selectivo», el comité de empresa, por unanimidad, le exigió a la dirección «incorporar sin más dilación a la demandante», dado que la última fase es el reconocimiento médico.
Cuando en el otoño de 2024 el Supremo rechazó el recurso de Navantia y la sentencia fue firme, el comité reiteró su exigencia.
A día de hoy, Navantia, diga lo que diga, sigue sin hacer nada para cumplirla. Todo lo contrario: ha recurrido a sus sindicatos amigos para que le ayuden a incumplirla.
El 20 de diciembre, la empresa, MAS y CCOO firmaron un acta proponiendo que la compañera excluida tenga que disputarse 1 plaza con las 85 personas de esa convocatoria que no ingresaron en Navantia.
La maniobra es tan sucia como clara: quieren tener una excusa para volver a dejarla fuera simulando un proceso limpio.
Aquí hay una persona excluida ilegalmente de una convocatoria de plazas. Los 85 candidat@s que no ingresaron acabaron el proceso. Si fueran parte interesada en esta demanda, el juez habría ordenado que se les codemandase (como hizo con las 42 personas que sí ingresaron).
Por tanto, lo que hay que determinar ahora es si una de las 42 plazas de dicha convocatoria debió ser para la excluida. Y si la respuesta es sí, Navantia tiene que enviarla a reconocimiento médico y, de superarlo, contratarla.
La propia acta es una prueba de esta sucia maniobra:
- En contra de lo habitual, no diferencia entre los representantes de la parte empresarial y los de la parte social. Tampoco identifica el sindicato al que pertenecen estos.
- Tanto la empresa como MAS, CCOO y CIG se negaron a que el delegado de la CGT figurase en el acta como participante de pleno derecho; aparece como «invitado». También rechazaron que el acta recogiera su opinión.
El objetivo es evidente: excluyeron a la CGT del acta para enviarle su indecente propuestaal juez como un acuerdo entre empresa y comité, a fin de aumentar las posibilidades de que el juez la tome en consideración.
El argumento para excluirnos del acta es que la CGT no está en la comisión de Formación. Es un argumento falaz y espurio porque una cosa es la comisión de Formación (una comisión interna del comité) y otra la comisión de Empleo (una comisión mixta empresa-sindicatos), como demuestran las actas de esta comisión de Empleo desde que se creó en 2019, actas en que:
- Aparecen delegados de UGT a pesar de que este sindicato no está en la comisión de Formación al menos desde las elecciones sindicales de 2015.
- Aparece un delegado de CCOO que no era de la comisión de Formación.
- Hay incluso un acta en la que figura como representante sindical una persona que no solo no era de la comisión de Formación, sino que ni siquiera era miembro del comité de empresa.
La pregunta del millón es esta: ¿A qué puede deberse que unos sindicatos que en octubre del 23 y octubre del 24 le exigieron a la empresa que enviase a la excluida al reconocimiento médico hayan dado, dos meses más tarde, un giro copernicano y participen ahora en todo este tejemaneje?
Se nos ocurren tres posibles respuestas:
1. Tienen que pagarle a la empresa favores concedidos.
2. Es una contrapartida a cambio de que la empresa les siga «echando una manita» en futuros procesos de ingreso (por ejemplo, aceptando una reclamación presentada fuera de plazo; esto no es una suposición, la CGT ya logró demostrarlo en un caso).
3. Una combinación de las dos anteriores.
La CGT exige a la dirección de Navantia y a sus sindicatos amigos que se dejen de maniobras sucias y cumplan la sentencia.
Fuente: CGT Ferrol
