Represión y despido en Salamanca de Transportes

El pasado 17 de Julio nuestra compañera de sindicato, María José Jaramillo, conductora de la empresa Salamanca de Transportes, que gestiona el transporte urbano de la ciudad de Salamanca, fue despedida con la excusa formal de razones económicas.

Esta empresa después de 27 años volvió a hacerse con la adjudicación de este servicio público el pasado mes de abril. Tanto las prescripciones del pliego de condiciones como las propuestas de la empresa salvaguardaban en todo caso el mantenimiento del empleo. Este contrato público está subvencionado en la explotación y con casi 7 millones de euros de dinero público. En tan corto espacio de tiempo no es posible que se hayan producido modificaciones económicas que no estuvieran previstas en el citado pliego de condiciones económicas.

Además, desde abril de 2013 un compromiso entre el Ayuntamiento, empresa y mayoría del comité de empresa garantizaba el mantenimiento de la plantilla, sin despidos, a cambio de una pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores.

Por si fuera poco, el Alcalde, con motivo de la remodelación de líneas acometida en 2013, se comprometió igualmente a garantizar el empleo existente en la empresa de autobuses urbanos.

En reunión mantenida con la gerencia de la empresa, ésta no ha sido capaz de explicar qué otras medidas alternativas se habían tomado o se iban a tomar para paliar las supuestas pérdidas económicas. El despido traumático de una compañera no parece que tenga mucha incidencia a la hora de mejorar unos resultados con un presupuesto anual superior a 14 millones de euros. Tampoco se ha dignado explicar cuáles son los criterios para elegir a nuestra compañera a la hora de tomar esta medida.

Es evidente que las causas económicas no son el motivo real que ha movido a la empresa a ejecutar este despido sino la lucha constante en la defensa de los derechos laborales y la exigencia de nuestra compañera en la aplicación del derecho de conciliación de la vida laboral y familiar mediante la acción sindical a través del sindicato CGT. De ello dan fe las denuncias y demandas formuladas por nuestra compañera exigiendo ante la administración laboral y jurisdicción social, lo que ha forzado a la empresa a acometer modificaciones impuestas por sentencias judiciales.

Estamos pues ante un claro ejemplo de represión sindical y laboral en el servicio público de autobuses urbanos, del que es responsable en última instancia el ayuntamiento de Salamanca.

CGT Salamanca