Wikileaks: EEUU presiona para que no se utilicen medicamentos genéricos

Presiones contra los genéricos

Los intentos de países pobres por
conseguir medicamentos asequibles se enfrentan a la defensa de EE UU de
los intereses de los grandes laboratorios

EMILIO DE BENITO – Madrid

«Ha sido a lo que más esfuerzos hemos
dedicado». Y ganaron. Así relata la Embajada de EE UU en Guatemala su
batalla para que el Gobierno vetara una ley que promovía la eliminación
de la patente de los medicamentos. Pero no siempre lo consiguen.
Tailandia, más desarrollada, consiguió resistir las presiones combinadas
de los diplomáticos y la empresa Merck para fabricar sus propios
fármacos antivirales, que necesitaba su programa para dar acceso al
creciente número de personas con VIH.

La Organización Mundial del Comercio
(OMC) permitió, en 2003, que un país con una crisis sanitaria no respete
la protección intelectual para un fármaco, y fabrique o importe un
genérico. Algunas ONG vieron en esos acuerdos (ADPIC en español) la
puerta abierta para una de sus grandes reivindicaciones. Pero no
contaron con el contrapeso de la presión estadounidense, siempre velando
por sus laboratorios.

Tailandia vence las presiones para
fabricar sus propios antivirales
La diplomacia coordina sus actuaciones con las multinacionales
El caso más claro es el de Guatemala. El 11 de marzo de 2005, el
embajador cuenta el éxito de su trabajo para que el país reintroduzca la
propiedad intelectual sobre medicamentos. «Ha sido el final de un drama
que se ha desarrollado durante años, plagados de desinformación,
conflictos de intereses, políticos parciales y una gran falta de
capacidad de decisión de los líderes políticos. Nos ha llevado más
tiempo que ningún otro tema en los últimos meses», presume.

El momento más crítico fue en 2004, con
la llegada a la presidencia de Guatemala de Óscar Berger, que se
encuentra con «escándalos en la Seguridad Social por millones de
dólares». El Gobierno «asumió que las compañías farmacéuticas
trasnacionales estaban conspirando con los dirigentes del instituto». El
ministro de Sanidad, Marco Tulio Sosa, quiere abolir una ley anterior
con «la excusa de que restringe el acceso a los genéricos». Con un
agravante para el presidente: «la premio Nobel de la Paz Rigoberta
Menchú le apoya». Al movimiento se une Médicos sin Fronteras, que
«organiza seminarios» y trae de Argentina al «experto» (las comillas son
del cable, indicando sus dudas) Carlos Correa, ferviente partidario de
abolir las patentes de los fármacos para ciertos países.

Tras un intenso tira y afloja, la crisis
estalla en noviembre. «Sin aviso, Sosa y Menchú aparecen en el Congreso
con un nuevo proyecto para eliminar la protección de datos que se
aprobó de manera unánime». «Nadie se atrevió a oponerse por miedo a ser
identificado como una herramienta de las multinacionales», narra el
cable.

El representante estadounidense se pone
en acción, e interpela al presidente. «El embajador les urgió
insistentemente a que vetaran la ley». Al final, Berger le comenta «que
se había visto obligado a firmar la ley, y lo hizo el 22 a pesar de que
el embajador le había llamado el día antes». Esa no fue la última
presión. El nuevo embajador, Allgeier, esgrime la posibilidad de que
Guatemala quede fuera del acuerdo CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) de una manera
«quizá permanente».

El diplomático describe que al
presidente le habían dicho que «las compañías multinacionales habían
trabajado con los funcionarios corruptos y estaban manipulando las
condiciones de la protección de datos del tratado ADPIC para impedir el
acceso a genéricos baratos». Barger estaba enfadado, pero tenía enfrente
a Rigoberta Menchú, «a quien no podía permitirse ignorar», relata.

A la vez, hay una intensa campaña
mediática («public diplomacy Blitzkrieg», la llama el cable). Para
reforzarla, se buscan los trapos sucios de los protagonistas. Menchú
«posee la franquicia de la compañía mexicana Farmacias Similares, y
vende la posibilidad de abrir oficinas por 25.000 dólares en efectivo».

Al final, el presidente revocó la ley, y
Guatemala volvió al redil.
Pero, a veces, EE UU no se sale con la suya. Es el caso de Tailandia.
«El 29 de noviembre [de 2006], el Ministerio de Salud Pública anunció
que se iba a decretar una licencia obligatoria [pérdida de patente] para
el efavirenz, una medicina de Merck usada para tratar el VIH». «El
ministerio alega el alto precio del fármaco como una barrera para el
acceso». Tailandia «probablemente ha respetado su propia legislación y
la de la OMC», admite el cable. Pero eso no basta. De nuevo, se buscan
culpables. «La falta de una consulta con Merck debilita los argumentos
del Ministerio de Sanidad y sugiere que está siendo muy influido por
ONG». «No creemos que los ministros económicos sean conscientes de las
implicaciones de la decisión, algo que esperamos remediar». Para ello,
«Merck planea contraatacar con una reducción de precio y, con la ayuda
del Gobierno de EE UU, espera salvar su patente», relata un cable. Y
esto se propone, aunque «el uso de efavirenz ha aumentado rápidamente
debido al incremento de pacientes con VIH y al compromiso de 2005 del
Gobierno de proporcionar antivirales a los pacientes que los necesiten».

El proceso se complicó aún más (para los
intereses de las farmacéuticas) con el golpe de Estado del 19 de
septiembre de ese año. Entre otras causas, por «la involucración
personal del nuevo ministro de Sanidad, Mongkol Na Songkhla». Además, su
asesor, Suwit Wibulpolprasert, es «un aliado de las ONG». Después de
debatir la legalidad de la medida, se concluye con la razón final de la
decisión: «El Ministerio de Sanidad afirma que la patente del efavirenz
ha mantenido su precio el doble que el de los genéricos, y ha
dificultado el acceso por los pacientes».

En este relato hay un asunto importante:
por qué no se ha negociado con Merck. El otro aspecto que destaca es la
visión que tiene el embajador del sentido de las licencias
obligatorias: «usada con habilidad, la carta de las licencias
obligatorias puede jugarse para conseguir precios menores evitando los
problemas de fabricar o importar» los fármacos. Por eso se sugiere que
los «altos cargos de la Embajada se dirijan a los ministros», y se les
sugiera «que entren en conversaciones con Merck». Eso sí, para no
ofender a nadie, «insistiendo en que no se está poniendo en duda la
capacidad de Tailandia respecto a la posibilidad de decretar licencias
obligatorias». «Aunque las negociaciones pueden salvar la patente de
Merck esta vez, es muy probable que el Gobierno establezca licencias
obligatorias en el futuro».
La situación empeora. En enero de 2007, «el Ministerio de Sanidad
anunció su intención de promulgar nuevas licencias obligatorias». Son
del Kaletra, un antirretroviral de Abbott, y el anticoagulante Plavix.
«Nos tememos que el Gobierno de Tailandia va a romper las patentes de
los medicamentos solo porque son caros, y no porque afecten a los
pobres».

En una sorprendente súplica, «la
Embajada solicita cualquier instrucción sobre si las licencias
obligatorias que no son para tratar enfermedades pandémicas deben ser
abordadas de forma distinta bajo las directrices de la OMC». Esta vez,
David venció a Goliat.

El País

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