El pasado viernes el gobierno del PP anunció una nueva reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley en las próximas semanas.
Como en ocasiones anteriores, el gobierno la presenta como el camino imprescindible y seguro para solucionar el problema del paro que es el que más preocupa desde hace años a los españoles.
Ahora se dice
textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedad que
gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad
interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y
lucha contra el fraude…
Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.
¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?
Ahora se dice
textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedad que
gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad
interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y
lucha contra el fraude…
Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.
¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?
El problema radica en que, aunque se oculte, ya disponemos de
suficiente experiencia sobre lo que de verdad se consigue con el tipo de
medidas flexibilizadoras, de recorte de derechos laborales y de
abaratamiento del trabajo que de nuevo se vuelven a imponer.
En esta primera valoración de urgencia de la reforma no podemos hacer
una análisis exhaustivo de todas ellas así que nos vamos a limitar a
poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la estrategia general que
persigue y las medidas concretas más relevantes que contiene no han
permitido nunca alcanzar los objetivos que dice el gobierno que van a
conseguir ahora (más empleo, más empleo de calidad y mejores condiciones
de la economía en general). Y que, por tanto, no hay razones para
esperar que ahora puedan lograrlo.
La estrategia de la reforma
Las diferentes medidas que contiene la reforma no comportan una a una
grandes novedades (salvo las referidas a la negociación colectiva que
comentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmente en las grandes
líneas estratégicas de las reformas laborales que se vienen llevando a
cabo desde los años ochenta:
– Abaratar el despido:
La nueva reforma reduce la indemnización de 45 días por año con un
limite de 42 mensualidades en el despido improcedente y a 33 días con un
limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos; modifica
las causas de despido para evitar el control judicial; elimina la
autorización administrativa en los despidos colectivos; y facilita el
despido por absentismo y el debido a enfermedad.
– Flexibilizar el marco general de las relaciones laborales:
La nueva reforma amplía las posibilidades de movilidad geográfica;
facilita al empresario la posibilidad de modificar las condiciones de
trabajo; y permite suspender o reducir temporalmente la jornada de
trabajo, sin autorización administrativa.
– Promover la negociación individual de las condiciones de trabajo acabando con la colectiva:
La nueva reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el
arbitraje obligatorio; acaba con la prórroga automática de los
convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia
inicial; y da preferencia siempre al convenio de empresa respecto al
sectorial.
– Abaratar el empleo (especialmente de los jóvenes) permitiendo
la existencia de auténticos contratos basura y la intensificación del
trabajo femenino:
La nueva reforma crea un nuevo tipo de contrato indefinido que podrán
utilizar el 95% de las empresas españolas y que podrá extinguirse
durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad
del empresario; también otro contrato para la formación y el aprendizaje
que se desvincula de la formación del trabajador; modifica el contrato a
tiempo parcial para permitir la realización de horas extraordinarias y
se fomenta este último tipo de contratación, como dice textualmente la
propia nota informativa, para compatibilizar el empleo con la vida
familiar y personal, lo que, en ausencia de políticas de
corresponsabilidad, especializará a las mujeres en este tipo de empleos.
Además de todo ello conlleva otras medidas como las de bonificaciones
y subvenciones, cambios institucionales significativos (como acabar con
el monopolio de la formación de patronales y sindicatos lo que aún es
pronto para saber el efecto práctico que pueda tener), la posibilidad de
que los organismos públicos lleven a cabo expedientes de regulación de
empleo, más privilegios a las grandes empresas de trabajo temporal
y,como corolario de todo lo anterior, facilitar la reducción de los costes laborales y la moderación salarial.
Aparentemente, a grandes rasgos, la reforma podría simplemente
considerarse como realmente limitada y una más en la línea de las
anteriores y tendría la misma utilidad que han tenido y que ya hemos
denunciado en otros textos (¿Qué se pretende con la reforma laboral?).
Pero creemos que sería un gran error no descubrir la auténtica carga de
profundidad que llevan consigo estas nuevas medidas laborales.
A nuestro juicio, la reforma del Partido Popular comporta una gran
novedad y es que prácticamente renuncia a llevar a cabo modificaciones
profundas en las condiciones relativas al entorno general en el que se
mueven las relaciones entre empresarios y trabajadores (en la
flexibilidad del mercado) para centrarse en la protección de los
intereses del empresario, aumentando la flexibilidad interna de la
empresa por la vía de darle a un poder de decisión frente a los
trabajadores mucho mayor que el que hasta ahora tenían.
Lo que esta reforma busca no es, como en otras ocasiones, que el
mercado de trabajo español responda en mayor medida a los principios que
vienen sosteniendo los economistas neoliberales, que todo él sea más
flexible para facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda de
trabajo. No. Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es
limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas
españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en
la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del
entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es, por
tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico.
Por eso la reforma va a ser mejor recibida por la patronal que por
los analistas económicos neoliberales que, en realidad, han visto
frustradas sus propuestas de los últimos años (sobre todo, la del
contrato único) orientadas a desregular la totalidad del mercado y no
solo la actividad en el interior de la empresa (aunque valoren
positivamente lo que la reforma propone en este campo).
La reforma es efectivamente tímida desde el punto de vista neoliberal
en lo que se refiere a la macroregulación del mercado laboral pero
posiblemente sea la reforma más profunda y radical de los últimos
treinta años desde el punto de vista de la distribución de los poderes
de decisión y por tanto de apropiación entre propietarios del capital y
los trabajadores. Y esto es lo que no debe pasar desapercibido.Es una
reforma decisiva no por lo que va a conseguir a corto plazo sino por las
condiciones que establece para el futuro de la economía española que,
con el nuevo diseño del marco laboral que se le impone, no podrá
especializarse sino en el suministro de servicios de baja calidad y
valor añadido para ponerse a la altura, en todo caso, de las economías
más empobrecidas de nuestro entorno.
El gobierno no ha planteado una reforma para crear empleo, ni para
crearlo de calidad, ni para disminuir la temporalidad, ni la dualidad,
ni mejorar la formación sino para proteger a los empresarios cuando sabe
que la economía no se va a recuperar y que, como consecuencia de las
políticas de austeridad que aplica y de las concesiones que hace a la
banca, sus negocios tendrán menos demanda y menos actividad productiva
y, por tanto, menos necesidad de empleo.
Las medidas verdaderamente relevantes de la reforma son las
encaminadas a dar prioridad a los convenios de empresa, a permitir que
los empresarios puedan modificar unilateralmente las condiciones
individuales de los trabajadores (con control judicial ex post) y las
condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos,
especialmente las relativas a jornada, y a eliminar la prórroga
automática indefinida de los convenios (la ultraactividad).
Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Estatuto de los
Trabajadores estableciendo que a partir de ahora “la dirección de la
empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica
o del trabajo en la empresa”. Y esas modificaciones se considerarán
sustanciales cuando afecten a materias como jornada de trabajo,
horario
y distribución del tiempo de trabajo,
régimen de trabajo a turnos,
sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y
rendimiento
y, en algunos casos, funciones. Es decir, a la práctica
totalidad de las que tienen que ver con las condiciones de trabajo.
Este es el cambio radical que comporta la reforma. Radical pues lo
que hace en la práctica es una auténtica voladura controlada de los
derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del
Trabajo. En lugar de que el legislador admita que en la relación laboral
hay una asimetría profunda porque empresario y trabajador parte de
situaciones diferentes y disponen de un poder de negociación muy
desigual, y que, por tanto, el segundo necesita normas que lo protejan,
se concede ahora todo el poder de decisión a quien lo tiene de partida
por ser el propietario del capital frente a quien solo dispone de su
fuerza de trabajo.
A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basa en el principio
más reaccionario e injusto que puede tener una norma: tratar igual a los
desiguales. Poniendo al empresario frente al trabajador individual, sin
que a éste le pueda apoyar un convenio que es el resultado del poder
colectivo mucho mayor que el suyo propio, la consecuencia inevitable no
va a ser otra que la degradación de las condiciones laborales.
Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno y los economistas
neoliberales llamen a eso “modernización de la negociación colectiva”
cuando lo que hace la reforma en realidad es retroceder a la forma en
que se contrataba a los trabajadores en el sigo XIX.
Todo lo demás de esta reforma es accesorio y en el debilitamiento del
poder negociados de los trabajadores en donde se encuentra su núcleo
duro de la reforma.
A medio y largo plazo, como queda dicho, no va a traer otra
consecuencia que el deterioro del mercado laboral y la degeneración de
las condiciones de trabajo y, con ello, el de toda la economía. Y está
por determinar cuál va a ser su efecto definitivo a corto plazo teniendo
en cuenta que el gobierno ha puesto al alcance de los empresarios dos
vías de respuesta ante la mala coyuntura en la que estamos que
provocarán efectos diferentes según se use preferentemente una u otra:
el despido más barato para aliviar plantillas y el reajuste interno,
ahora más cómodo, para evitarlo.
¿Qué podemos esperar de la reforma?
¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno y será verdad que con
el despido más barato las empresas contratarán a partir de ahora más
empleo indefinido que temporal?
¿Optarán mejor la mayoría de las empresas por aprovecharse en los
próximos meses del despido más barato para desembarazarse de contratos
indefinidos y sustituirlos por temporales o por los más precarios que
crea la reforma?
¿O aprovecharán las empresas las facilidades que le concede la
reforma para llevar ajustes internos sin recurrir a despidos,
consolidando entonces plantillas más precarias, versátiles y baratas?
¿Es cierto, como creen los dirigentes empresariales, que lo que se
necesita para salvar a las empresas españolas en esta coyuntura crítica
es darle más poder a los empresarios y reducir los derechos laborales y
el coste del trabajo? ¿Será suficiente con eso para evitar que sigan
cerrando miles de empresas y perdiéndose cientos de miles de empleos?
Naturalmente no tenemos la intención de jugar a ser adivinos ni
tampoco queremos ser agoreros. Pero resulta, como decíamos al principio,
que hoy día sabemos lo que ha ocurrido en España y en otros países
cuando se han tomado este tipo de medidas y que, en consecuencia, se
puede aventurar lo que va a volver a suceder con las que se van a
aprobar ahora.
La evidencia empírica nos dice con bastante claridad lo que suele
suceder cuando se reduce el coste del despido, que es lo que viene
haciéndose desde los años ochenta y en España en mayor medida que en
ningún otro país de la OCDE. A saber:
- No se crea empleo neto porque facilita mucho su destrucción en etapas de recesión como la actual.
- No disminuye el nivel de desempleo porque también se ha demostrado
hace tiempo que las decisiones sobre contratación de los empresarios
dependen de otros factores distintos a los costes del despido. - No reduce la temporalidad ni se produce un incremento sustantivo de la contratación indefinida.
Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva como la actual, lo que
con toda probabilidad cabe esperar de la medida que ha tomado el
gobierno es que produzca lo mismo que se consiguió con las sucesivas
reducciones del coste del despido: que aumenten los despidos.
Por otro lado, la evidencia empírica también demuestra justamente lo
contrario de lo que afirman quienes defienden este tipo de reformas. La
mayor flexibilidad interna en las empresas puede ser generadora de
empleo en algunas. En realidad, casi exclusivamente en las que no
resulten muy afectadas por la caída en la demanda que inevitablemente
lleva consigo la reducción de los ingresos que produce la mayor
precarización del empleo cuando se recortan los derechos y el poder de
negociación de los trabajadores.
Y es fácil constatar que ha sido precisamente la progresiva
flexibilización de las relaciones laborales que se viene produciendo en
los últimos treinta años la que ha traído consigo el empleo de baja
calidad, los salarios más bajos y el fenómeno de la “dualidad” en el
mercado de trabajo, esto es, la existencia, por un lado, de trabajadores
con contratos indefinidos, alto grado de seguridad y aceptables
condiciones de trabajo y, por otro, de otros con empleo temporal,
inseguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello, una menor demanda
y ritmos más bajos de crecimiento de la actividad económica y en la
creación de empleo.
Es por eso que se pueda aventurar que si las empresas españolas optan
por el reajuste interno haciendo uso de la mayor flexibilidad interna
que ofrece la nueva reforma, quizá podría mantenerse el empleo pero esto
siempre que existiese suficiente demanda efectiva. Pero incluso en ese
caso, lo que ocurriría sería que empeoraría la situación de los
trabajadores con mejores empleos sin mejorar a los precarios de
contratos temporales. Una vía retrógrada de “luchar” contra la dualidad.
Pero sin mejorar las condiciones de entorno del mercado de trabajo,
manteniendo las políticas de restricción del gasto y de moderación
salarial, lo que inevitablemente va a ocurrir es que habrá menos demanda
y que la inmensa mayoría de las empresas (las que no disponen de gran
poder de mercado o de yacimientos de actividad en el mercado global) no
van a poder sobrevivir ni mantener el empleo actual por mucho poder de
decisión que acumulen los empresarios. Imponiendo salarios cada vez más
bajos y reduciendo el gasto en la economía, ese poder no les va a servir
de mucho. Nadie puede salir de un hoyo tirándose de los pelos que es lo
que en realidad le ofrece el gobierno a los empresarios con este nuevo
marco de legislación laboral tan favorable para ellos.
En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando sobre el cuello de
las empresas y los trabajadores españoles la misma espada de Damocles
que se obstinan en no tener en cuenta ni la patronal ni los economistas
neoliberales: la falta de actividad y las malas condiciones
macroeconómicas. Un gran número de análisis empíricos han mostrado que,
incluso si se pudiera aceptar que actuar sobre algunas de las variables
institucionales que las tesis ortodoxas consideran como causa del
desempleo tuviera un efecto significativo sobre el nivel de empleo o
sobre su calidad cuando se analizan aisladamente, lo que
generalizadamente ocurre cuando se toman en consideración otras
variables es que o no lo tienen o es mucho menos determinante que otros
factores relativos a las condiciones macroeconómicas en que se
desenvuelve el mercado de trabajo (Ver V. Navarro, J. Torres y A.
Garzón, “Hay alternativas. propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, Sequitur, pp. 83 y siguientes).
Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que las empresas españolas
vayan a optar en esta situación recesiva que va a ir a peor por
reajustar internamente sus plantillas y no por despedir con menos coste a
sus trabajadores, los fundamental está sin resolver: en la economía
española no hay demanda suficiente ni la financiación necesaria para que
las empresas pueden crear o incluso mantener el empleo por muy
protectoras del empresariado que sean las nuevas normas laborales.
En lugar de abordar este asunto, que es el prioritario y del que
realmente depende que se mejore el mercado laboral y se salven miles de
empresas y millones de empleos, el gobierno del Partido Popular ha
preferido ir por la vía más fácil de concederle más poder a los
empresarios ya de por sí más poderosos y de quitarle derechos y
capacidad de decisión a los trabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa
mayoría de los empresarios les va a compensar disponer de estos
privilegios decimonónicos porque empobrecer a los trabajadores es
empobrecer a la sociedad y, a la larga, a los propios empresarios que
realmente se dedican a crear riqueza y empleo.
¿Quién se puede creer que de verdad se puede progresar en el siglo
XXI tomando como referencia los principios de actuación y las normas del
XIX?
Juan Torres López y Alberto Garzón
http://altereconomia.org/sec/?p=30
Fuente: Juan Torres López y Alberto Garzón
