El pasado 21 de julio, el parlamento español aprobó la Ley de Cajas de Ahorro, con los votos favorables de PSOE, PP, CC y UPN.
Esta Ley partió del acuerdo entre Zapatero y Rajoy, en su reunión del 5 de mayo. Una vez más se demuestra que, más allá de la hojarasca política y la crispación, ambos mandatarios y sus partidos comparten las mismas recetas del sistema capitalista, ya que se han puesto de acuerdo para modificar el régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, abriendo la veda a la privatización de estas entidades, aspiración largamente anhelada por el mundo financiero y la banca privada.
Con la entrada al capital privado, que podrá ocupar hasta un 50% de cada entidad mediante la adquisición de las llamadas “cuotas participativas”, se desnaturalizan los fines sociales que, al menos sobre el papel, han tenido hasta ahora las Cajas de Ahorro. La presunta “despolitización” de las mismas, publicitada como uno de los “efectos positivos” de esta Ley (reducción hasta un 40% de presencia institucional en los órganos de gobierno, del 50% que tenía hasta ahora), parece que también tiene trampa. Se disminuye la presencia de las administraciones públicas y se da cabida a los banqueros, con lo que resulta peor el remedio que la enfermedad.
Claro que, para hacer atractivo el pastel a la iniciativa privada, las Cajas han de ser “fuertes” y “rentables”, según los criterios del capital. Respondiendo a ése deseo, tanto desde la Unión Europea como desde el Banco de España se ha forzado últimamente un proceso de fusiones y absorciones, llamadas “frías” y SIPs (Sistemas Institucionales de Protección, que funcionarán como cualquier banco privado), pero que suponen, entre otras consecuencias no deseadas, el desarraigo de muchas cajas de sus entornos sociales y territoriales, y la desaparición de otras, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo por el cierre de oficinas, duplicadas o no.
La nueva Reforma Laboral favorecerá, sin duda, el proceso de esta especie de “limpieza étnica” de empleados sobrantes. Las facilidades generosamente ampliadas a los empresarios, con esta reforma, para aplicar despidos masivos y baratos, eufemísticamente llamados “despidos objetivos” y “Expedientes de Regulación de Empleo” (EREs), cuyas indemnizaciones se pagarán en parte con dinero público (8 días por año trabajado, a cargo del FOGASA, Fondo de Garantía Salarial) dibujan un frente sombrío, para muchos trabajadores que creían tener un puesto de trabajo digno y seguro. Incluso se han detectado en el sector ofertas de desvinculación que incluyen el seguro de desempleo como parte del trato, mediante la formalización de despidos fraudulentos. La unidad sindical resulta, pues, más necesaria que nunca, para hacer frente a la reforma laboral y conservar los puestos de trabajo. Una razón muy de peso para sumar el sector de Ahorro a la Huelga General de Septiembre.
Los 7 procesos de integración de Cajas de Ahorro con ayudas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) suman 10.189 millones de euros, según el siguiente cuadro, extraído del Informe de Situación del Banco de España, a 29/06/10, sobre la reestructuración de las Cajas de Ahorro :
Si a eso añadimos los 800 millones dedicados al saneamiento de CajaSur (que dispone de otros 1500 adicionales, no utilizados hasta la fecha), y los 3.775 millones destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla la Mancha, el montante de dinero público dedicado a la reconversión y saneamiento del sector de Cajas de Ahorro, en perspectivas de privatización, alcanza los 16.264 millones de euros. Es decir, no bastarían los 15.000 millones del Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno con la complicidad parlamentaria, y extraídos del recorte de la inversión pública y del gasto social, a base de los sacrificios de pensionistas, funcionarios, parados y personas dependientes.
Contrariamente a lo que dice la propaganda oficial, la Ley de Cajas y la reconversión del sector poco o nada tienen que ver con una supuesta salida de la crisis, que azota severamente a la mayoría de los trabajadores, y a los sectores sociales más desprotegidos. Por el contrario, es de temer que suponga una vuelta de tuerca más en el régimen de bancocracia imperante, ya que supone más poder para la banca privada y la especulación capitalista que, no lo olvidemos, es la auténtica causa de la crisis. Resulta absolutamente escandaloso que, mientras se les pone a disposición tan magníficas ayudas con dinero público, los banqueros respondan con el cierre del crédito hacia las economías familiares y las pequeñas y medianas empresas, provocando la caída de miles de ellas, con el consiguiente desmantelamiento de la economía productiva, aumento del paro, pérdida de derechos sociales y empobrecimiento general.
Es necesario, por lo tanto, acabar con el monopolio privado del control de las finanzas. Hace falta promover el debate ciudadano sobre la necesidad inaplazable del establecimiento de unos servicios financieros de carácter público, al servicio de los trabajadores, la ciudadanía y la economía productiva. La vida y los derechos básicos de las personas no pueden permanecer condicionados y a merced de la especulación de las cúpulas financieras. El crédito debe fluir en condiciones justas, y preferentemente para satisfacer los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos, en especial de los sectores más indefensos. Y eso sólo lo puede llevar a cabo una banca pública y social, controlada democráticamente.
Pep Juárez, Secretario de Acción Sindical de FESIBAC-CGT
