Desde hace ya demasiados años, cuando oímos la palabra “reforma” se nos disparan las alarmas. Empleada eufemísticamente, “reforma” suele ser sinónimo de importantes recortes, pactados, impuestos o consentidos, de derechos sociales. La última andanada la padecemos desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió hace nueve meses abrazar definitivamente el catecismo neoliberal. Diríamos que con izquierdas así, no hacen falta derechas.
Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres “reformas” se han implementado contra los intereses de la ciudadanía: La Reforma Laboral, La reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.
Como en su día denunciábamos, la
“Reforma Laboral” ha demostrado su ineficacia para generar empleo
(1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la
destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De
Como en su día denunciábamos, la
“Reforma Laboral” ha demostrado su ineficacia para generar empleo
(1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la
destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De
igual manera, la “Reforma de las Pensiones”, esta vez a través
del pacto con la burocracia sindical cómplice de CCOO y UGT, lejos
de garantizar el cobro de las mismas, supone una rebaja del 20% de
las prestaciones totales, además de la exclusión de importantes
sectores de trabajadores, en especial los precarios, del acceso al
sistema público de pensiones. La tercera gran reforma, la llamada
“del Sistema Financiero”, está centrada casi única y
exclusivamente en el proceso de privatización de las Cajas de
Ahorro.
Todas las “reformas”
han necesitado de la creación previa de un “estado de opinión”
que las favorezca. A la “reforma laboral” le precedió una
campaña sobre la “rigidez del mercado laboral”, lo “caro”
que resultaba despedir, o la criminalización de los sindicatos y de
derechos como el de huelga. La “reforma de las pensiones” se
llevó a cabo tras una campaña de intoxicación sobre la supuesta
inviabilidad del sistema público, a causa del aumento de esperanza
de vida, aumento de la población pasiva, etc. La privatización de
las Cajas también se efectúa, después de convencer a buena parte
de la sociedad de la mala gestión que han padecido, y de rumores
sobre potenciales peligros de quiebra. Medias verdades o mentiras que
más pronto, o quizá cuando ya es tarde, quedan al descubierto.
Las Cajas de Ahorro han
sido instituciones financieras, en teoría sin
afán de lucro ni propietarios privados, al menos hasta ahora.
Provienen de la evolución de los antiguos montes de piedad de los
siglos XVIII y XIX. Se rigen por unos órganos de gobierno con
participación de Instituciones públicas, depositantes y
trabajadores de cada entidad. Una parte de sus beneficios, una vez
pagados impuestos, son dedicados a proyectos sociales a través de la
Obra Social (2).
En
si mismas, estas entidades no constituyen una alternativa ética, al
negocio de la banca privada, puesto que compiten en el mismo mercado
con ella, en cuanto al rendimiento de depósitos, intereses de los
créditos y precio de los servicios. Pero, dado que las Cajas de
Ahorro poseen alrededor de un 49% de cuota del mercado financiero
español, su privatización supone un bocado muy apetecible para el
capital especulativo, objeto de su deseo desde hace mucho tiempo, y
que ahora una clase política, enteramente a su servicio, le sirve en
bandeja.
1.- EL PACTO
ZAPATERO-RAJOY
Como marionetas tiradas
por la misma cuerda, Zapatero y Rajoy aparcaron la hojarasca de la
crispación y su confrontación política de atrezzo, y el día
5 de Mayo de 2010 acordaron, de manera sorprendentemente rápida,
impulsar el proceso de fusión y privatización de las Cajas de
Ahorro. Cuatro días más tarde, el 9 de Mayo, en la reunión del
Consejo de Economía y Finanzas, ECOFIN, el Gobierno español recibió
el resto de las recetas neoliberales señaladas anteriormente y que,
como el alumno más aplicado de esta parte del continente, se afanó
en llevar a cabo.
Del pacto del 5 de mayo
entre Zapatero y Rajoy se derivó la llamada Ley de Cajas, que fue
aprobada finalmente por el Parlamento dos meses y medio después, el
21 de julio, con los votos de
PSOE, PP, CC y UPN. La Ley estaba encaminada,
básicamente, a la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante
las llamadas “cuotas participativas”, y lo que anunciaban como
“despolitización de las Cajas”, es decir, la reducción de la
presencia institucional en los órganos de gobierno de las mismas, de
un 50% a un 40%. Pero si quitamos políticos y los substituimos por
especuladores, hay razones para pensar que quizá sea peor el remedio
que la enfermedad.
2.- EL PROCESO DE
FUSIONES… FINANCIADO CON EL DINERO DE TOD@S
Claro que, para hacer
atractivo el pastel a la iniciativa privada, las Cajas habían de ser
“fuertes” y “rentables”, según los criterios del capital
financiero. Respondiendo a ése objetivo, tanto desde la Unión
Europea como desde el Banco de España, se forzó un proceso de
fusiones, llamadas “frías” y SIPs (Sistemas Institucionales de
Protección, para funcionar como cualquier banco privado). Las SIPs
conllevan, entre otras consecuencias no deseadas, el desarraigo de
muchas cajas de sus entornos sociales y territoriales, la reducción
o desaparición de las Obras Sociales, y la desaparición de
entidades, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de
trabajo a consecuencia del cierre masivo de oficinas, duplicadas o
no. Las mayorías políticas parlamentarias, en especial PP y PSOE,
respondiendo diligentemente a las recomendaciones de gente tan
poderosa (y tan sospechosa) como los jefes del FMI, la CE o el BCE,
unieron sus fuerzas e influencia política en los órganos de
gobierno de las cajas de ahorro, y se emplearon a fondo para “sanear”
el negocio en ésa dirección.
El primer proceso de fusiones llevado a
cabo antes del verano pasado, se mostró desnudo de toda intención
que no fuera el aligeramiento de costes, especialmente el de
personal, para hacer “atractiva”, y altamente rentable, la
entrada de capital privado. Los 7 procesos de integración de Cajas
de Ahorro sumaron 10.189 millones de euros de ayudas del FROB (3),
según el siguiente cuadro, extraído del Informe de Situación del
Banco de España, a 29/06/10, sobre la reestructuración de las Cajas
de Ahorro:
Si a eso añadimos los
800 millones dedicados al saneamiento de CajaSur (que dispone de
otros 1500 adicionales, no utilizados hasta la fecha), y los 3.775
millones anteriormente destinados por el Fondo de Garantía de
Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla la Mancha, el
montante dedicado a la primera reconversión y saneamiento del sector
de Cajas de Ahorro, en perspectivas de privatización, alcanza los
16.264 millones de euros. Es decir, una cantidad superior a los
15.000 millones de todo el Plan de Ajuste, para tres años, anunciado
e impuesto el año pasado por el Gobierno (con la complicidad
parlamentaria), y que se pretenden extraer del recorte de la
inversión pública y del gasto social, a base de los sacrificios de
pensionistas, funcionarios, parados y personas dependientes.
Es muy importante tener en cuenta que, salvo las dos Cajas
intervenidas por el Banco de España (Caja Castilla-La Mancha y Caja
Sur), el resto de entidades de ahorro siempre habían dado
beneficios, e incluso se ha alardeado públicamente de ello (4). Se
han obtenido ganancias incluso en los años más duros de la crisis,
a pesar del aumento de la morosidad y de los créditos dudosos (5),
originados mayoritariamente en el mercado hipotecario, a causa del
empobrecimiento general de la población endeudada. Y también a
pesar de la mala gestión de muchas de ellas, con inversiones de alto
riesgo y desenfreno de los pelotazos relacionados con el ladrillo
(ver siguiente cuadro, con datos de las propias cajas, referidos a
2010). Todo ello en medio de algunas dudas razonables (u otras
fabricadas en círculos especulativos, como las “agencias de
calificación”), respecto a su solvencia.
3.- DESTRUCCIÓN DE
EMPLEO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Capítulo aparte merecen las fórmulas
de reducción de plantillas que, a lo largo de los últimos meses, se
han estado realizando en los diferentes procesos de fusión. En
prácticamente todos los casos se han firmado acuerdos con las
mayorías sindicales (6) en torno a Expedientes de Regulación de
Empleo (EREs) o “prejubilaciones con derecho a paro”. Es
decir, utilización masiva de despidos pactados y, por lo tanto,
fraudulentos. En ellos, una parte de la “compensación” al
trabajador, por abandonar la entidad, va a cargo del dinero de todos:
por un lado, la fiscalidad cero del máximo legal de la indemnización
por “despido improcedente” (pactado en el órgano de mediación
correspondiente) y, por otro lado el cobro, por parte de la persona
“prejubilada”, del subsidio por desempleo, generalmente por dos
años.
Si a eso se añaden las ayudas del
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en algunos casos, en aplicación
de la nueva “reforma laboral”, podemos afirmar que las rebajas de
las plantillas, en el marco de las fusiones llevadas a cabo en el
sector de cajas de ahorros, no son solo una medida de destrucción
masiva de empleo (con unos objetivos de alrededor de 30.000 puestos
de trabajo menos) sino que, además, suponen una escandalosa
malversación de fondos públicos. Fondos que podrían dedicarse, con
más justicia, a otros colectivos realmente necesitados. Es
conveniente señalar que, además de la complicidad de los sindicatos
domesticados del sector, todos estos pactos fraudulentos de
destrucción de empleo han contado con la necesaria colaboración del
Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo que, conociendo el
detalle de su contenido, los ha permitido y alentado.
En una valoración realizada por CGT
sobre de las diferentes propuestas llevadas a cabo, y sumando
fiscalidad, subsidio de paro y otros, cada puesto de trabajo
destruido le costaría a las arcas públicas, adicionalmente y por
los conceptos antes señalados, una media de 70.000 euros. Si los
multiplicamos por 30.000 bajas anunciadas, el asunto puede llegar a
incrementarse en más de 2.000 millones euros, a fondo perdido, a
añadir a la generosa financiación con los fondos del FROB, antes
descrita. Todo ello con el dinero de todos, y a mayor gloria del
capital privado.
4.- LA BANCARIZACIÓN DE LAS CAJAS
Una vez acabado el proceso de los
Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las entidades
resultantes ya han comenzado a funcionar, de hecho, como bancos. La
mayoría de ellas incluso ya ha adaptado la nomenclatura: CAIXABANC,
el grupo de La Caixa; BANKIA, antes BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS,
(Caja Madrid, Bancaja, Ávila, Segovia, Insular, Laietana, Rioja);
BANCO BASE, (Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura); BANCA
CÍVICA (Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y Caja de Canarias);
BANCO MARE NOSTRUM (Caja Murcia, Penedés, Sa Nostra, Caja Granada);
UNNIM (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu); CATALUNYACAIXA
(Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona); NOVACAIXAGALICIA
(Caixa Galicia, Caixa Nova).
El segundo impulso al proceso de
privatización lo ha dado el Gobierno con la aprobación del Real
Decreto del 18 de febrero de 2011 (BOE 19/2, validado por el
Parlamento el 10-03-11) llamado “Plan de Reforzamiento del Sector
Financiero”, cuya principal finalidad es obligar a las entidades a
una capitalización mínima de un 8% sobre los activos ponderados por
riesgo, aunque las condiciones del Decreto obligan “de facto” a
entidades como las Cajas a subir ése porcentaje al 10%. Ese
sobreesfuerzo, a muy corto plazo, supone para las entidades de ahorro
una presión para captar rápidamente capital privado (sin descartar
su salida a Bolsa). El Banco de España estima este plan de
recapitalización de las Cajas en 14.077 millones de euros (7), en
informe del mismo día 10 de marzo de 2011, coincidiendo esta
estimación con el Servicio de Estudios del BBVA, que lo cifra entre
13.000 y 17.000 millones de euros, aunque otras opiniones lo elevan
varias decenas de miles de millones más (8).
En caso de no alcanzarse la
capitalización en los plazos exigidos (octubre 2011), sería
cubierta por el Estado con partidas adicionales del FROB (hay a
disposición, recordémoslo, hasta 90.000 millones de euros). No se
trataría, como ya se ha apresurado a aclarar la ministra Salgado, de
un “proceso de nacionalización”, sino de una adquisición
“transitoria”. En otras palabras, otra medida para “sanear”
el sector con enormes cantidades de dinero público para,
posteriormente y una vez que las entidades sean suficientemente
“atractivas”, venderlas al capital privado.
5.- BENEFICIO SOCIAL
POR BENEFICIO PRIVADO
Entre los años 2005 y
2009, las Cajas destinaron a obra social un total de 8.531 millones
de euros, dedicados a Asistencia Social (36,15%), Cultura (37,11%),
Educación (16,82%) y Patrimonio (9,92%). La aportación de las
diferentes entidades se produce de manera desigual, según su tamaño.
En primer lugar destaca La Caixa, que cada año ha aportado 500
millones de euros para su obra social, a gran distancia del resto. En
2010, incluso habiendo caído un 21% el presupuesto para obra social,
las Cajas han destinado 1.400 millones de euros a este fin,
suponiendo una inversión del 26,9% de los beneficios. Además, es
importante señalar que esta actividad social da empleo a 33.600
personas, según datos de 2010 (9).
La privatización de
las Cajas de Ahorro supone una herida mortal para la supervivencia de
la Obra Social. Sin ser ninguna panacea, el hecho de que al menos una
parte de los beneficios generados sean destinados a la Obra Social,
ha conferido hasta ahora a las Cajas una utilidad pública, amenazada
ahora por la codicia privada. En el proceso de privatización, la
mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas por
fundaciones. Pero eso no es lo peor, sino que los nuevos accionistas
reclamarán su parte de la tajada, y mucho nos tememos que, más
pronto que tarde, acaben apropiándose de la totalidad de la misma.
Además, el nuevo decreto de 18-02-11 (Plan de Reforzamiento del
Sector Financiero) permite al Banco de España la posibilidad de
obligar a las Cajas a destinar todo su beneficio a reservas, en
teoría para elevar su solvencia, en detrimento de los fondos
sociales.
De hecho, ya se han
anunciado importantes recortes de la obra social de las cajas de
ahorros. Bancaja reducirá en un 64% del dinero destinado a su obra
social; también Caja Madrid anuncia la reducción a la mitad de su
dotación al respecto; La Caixa, un recorte del 8,2%, de 425 a 390
millones, aunque anuncia que, de momento, complementará su
compromiso de los 500 millones; Ibercaja reducirá su dotación un
26,3%; reducción mayor en el caso de Caja Canarias, que dejará en
la mitad sus aportaciones, y así sucesivamente. Con este panorama,
mucho nos tememos que el interés público de las Cajas, a través de
las inversiones de su obra social, sea una especie en vía de
extinción, y además en vía rápida.
6.- LA BANCA
PÚBLICA, ALTERNATIVA A LA BANCOCRACIA
Una sociedad
bancarizada, como la actual, es una sociedad hipotecada, política y
económicamente. La especulación financiera no solamente ha sido y
es responsable de la crisis económica. La banca privada, además,
desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso
instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que
convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.
Basta ver, a modo de
ejemplo, cómo el sacrosanto derecho constitucional a una vivienda
digna ha sido convertido en negocio hipotecario. La deuda de
muchísimas economías familiares, disparada con las operaciones de
adquisición de vivienda en medio de la especulación inmobiliaria,
pesa como una losa sobre buena parte de la sociedad y contribuye a
dibujar un panorama de sumisión, desierto de rebeldía ante los
desmanes, huérfano de contestación social. El poder de la banca se
ha manifestado también en la última “reforma” de las pensiones.
El interés por promover fondos de pensiones privados ha presionado
decididamente, a la hora de empobrecer las pensiones públicas.
En un escenario de
graves recortes sociales, la generosidad casi sin límites del
Gobierno y de la clase política, hacia el capital financiero y la
banca, resulta escandalosa, incluso obscena. Ante la debilidad,
sumisión y generosidad de los gobiernos de turno, la bancocracia
imperante responde, de manera arrogante e inmoral, encareciendo los
servicios y cerrando el grifo del crédito. De esta manera se ahoga
la economía productiva, con el consiguiente cierre de miles de
pequeñas y medianas empresas (donde se encuentra el 80% del empleo),
el aumento espectacular del paro y el empobrecimiento general de la
población.
Hemos de reconocer,
para bien o para mal y mientras no seamos capaces de cambiar el
sistema, que los servicios financieros ocupan un lugar primordial en
la economía y en la organización social. De ahí que una Banca de
carácter público, deba ser una de las piedras angulares del cambio
social (10). En ése sentido, la privatización de las Cajas de
Ahorros no supone solamente un expolio. Es, además, una oportunidad
perdida para desarrollar un proyecto de Banca Pública, ya que las
entidades de ahorro, con su potente cuota de mercado, podían haber
sido la base de ése proyecto. Su venta constituye, por lo tanto, una
operación política diametralmente opuesta a los intereses y
necesidades de la sociedad. Por ello, esta llamada “Reforma del
Sistema Financiero” tendrá unas consecuencias tanto o más graves
que las otras “reformas”.
Cualquier avance social
de reparto del trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de
la economía productiva, pasa por romper las reglas de juego del
sistema bancocrático. Es necesario acabar con el monopolio actual de
la banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios
públicos, reivindicar la creación de una banca pública de calidad,
al servicio de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía,
sin ánimo de lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y
controlada democráticamente. Es un paso imprescindible para una
salida social a la crisis. Pero también lo es para conseguir una
sociedad futura más justa e igualitaria.
Pep Juárez, Secretario de Acción
Social de FESIBAC-CGT. – Marzo de 2011.
Artículo escrito para Libre Pensamiento.
______
NOTAS
Desde que la Reforma Laboral entró en vigor,
en junio de 2010, la EPA indica que en el 3er. Trimestre de 2010
hubo un aumento de la ocupación de 69.900 personas en el Estado
español (debido fundamentalmente a la estacionalidad), pero en el
4º trimestre de 2010 la ocupación disminuyó en 138.600 personas,
con un aumento, en el conjunto de 2010, de 370.100 parad@s más,
hasta alcanzar oficialmente las 4.696.600 personas, un 20,33% de la
población activa.La Ley les ha obligado, hasta ahora, a
destinar el 50% de su excedente a reservas obligatorias. El resto se
debía destinar a la Obra Social.Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
dotaciones de dinero público que, en teoría, se han de devolver al
7,75% de interés.Olavarrieta (director
general CECA): “Lo
cierto es que todas las cajas [excepto CCM y Cajasur] están en
beneficios a 30 de septiembre. Además, se han tomado los datos de
las cajas por separado, pero ya están integradas en fusiones frías
o SIP, que es donde hay que compararlos” (El País, 07-01-11)
«Todas las cajas de ahorros españolas
están en beneficios a 31 de diciembre y lo estarán a 31 de marzo»
(Gestinova Radio, 10-01-11).En la actualidad, los bancos se han
equiparado a las cajas de ahorro en morosidad. Según datos del
Banco de España, ambos grupos de entidades cerraron 2010 con una
morosidad alrededor del 5,81%. Otras fuentes hablan de una morosidad
potencial (créditos dudosos) superior al 14% aunque, según
Olavarrieta (director general CECA): “sobre
un total de 51.800 millones de euros de créditos dudosos, las cajas
de ahorros han provisionado ya 38.000 millones” (Gestinova
Radio, 10-01-11).CGT no ha firmado ninguno de estos pactos, ya
que tiene acordado no avalar EREs en empresas con beneficios. Las
mayorías sindicales del sector (CCOO, UGT, CSICA, CIC) pre-pactaron
los acuerdos sobre EREs y despidos, ocultándolos durante el proceso
de elecciones sindicales en el sector de ahorro, cuyo día de
votación fue el 24-11-10. A partir de ésa fecha, se fue
conociendo, y aplicando, el contenido de esos pactos.
Por entidades: Bankia,
5.775 millones de euros; Banco Base, 1.447; UNNIM, 568;
Novacaixagalicia, 2.622; Banca Cívica, 847; Caja España-Duero,
463; Catalunyacaixa, 1.718, y Mare Nostrum, 637.“Moody’s cree
que las cajas necesitan 50.000 millones de capital. La agencia
duplica la cifra que prevén el Gobierno y el Banco de España”
(El País, 01-03-2011).Diario “Público”,
28-02-11.En cuanto a servicios financieros, banca
pública y cajas de ahorros, ver los Acuerdos del XVI Congreso
Confederal de la CGT. Málaga, 4, 5, 6 y 7 de junio de 2009, Págs.
120 a 124.
