En el medio de una estafa preparada para quebrar el marco de los Estados Nación y dar paso al nuevo feudalismo financiero, el malestar ciudadano va creciendo. Debacles electorales de los bipartidos en varios países, ascenso de una izquierda que sin complejos se reclama soberana, caída de los consensos ciudadanos en torno a los recortes y una movilización social en la calle cada vez más amplia, van dibujando un escenario de creciente confrontación.
Es cierto que la tensión crece, pero no se ha desbordado. Hay miles de personas que salen a la calle y casi ningún incidente digno de mención. A pesar del lenguaje apocalíptico de los medios de la caverna o del odio de muchos antidisturbios, esto aún no ha estallado.
Es cierto que la tensión crece, pero no se ha desbordado. Hay miles de personas que salen a la calle y casi ningún incidente digno de mención. A pesar del lenguaje apocalíptico de los medios de la caverna o del odio de muchos antidisturbios, esto aún no ha estallado.
Ante esta situación y previendo lo que se avecina, el PP lleva a cabo una especie de «doctrina del shock represiva» que comenzó en Valencia contra los estudiantes de enseñanzas medias como calco de la que practica CIU en su feudo catalán: Extrema violencia policial ante mínima resistencia, la mayor parte de las veces, resistencia no violenta. Aunque en Valencia o en el desalojo de la Plaza de Cataluña tuvieron que recular, lanzaron varios mensajes que no hay que olvidar: Impunidad para las fuerzas policiales que se excedan, escenificada en los indultos a Mossos torturadores o en la defensa política a ultranza de las desmedidas actuaciones represivas. Un lenguaje de mano dura contra la protesta, aunque esta sea de baja intensidad, con un aviso claro de impedir a toda costa el cuestionamiento social de las medidas neoliberales. Y una escenificación de la violencia que, aunque provocada la mayoría de las veces por el exceso policial o las órdenes políticas, proyecta la culpabilidad sobre los propios damnificados gracias al altavoz mediático o a la legitimidad intrínseca del que ejerce la autoridad institucional.
Hasta ahora funcionan los mensajes maniqueos dirigidos a electores y bases sociológicas: El orden frente al desorden. El trabajo frente a los vagos. El silencio frente a los gritos. Lo manso frente a lo indómito. La “violencia” de un contenedor quemado se vende por si sola a los consumidores televisivos, mientras que la violencia del desempleo, los desahucios o la pobreza son vendidos como catástrofes naturales ante las que poco podemos hacer las personas. Un policía pegando porrazos culpabiliza de hecho a quien los recibe. Es el resultado de la pedagogía del poder y de los medios a su servicio. Es el fruto cultural y psicológico de los 40 años de exterminio franquista, de los 30 años de democracia condicionada. Nos enseñaron a saber quien es el malo. Nos enseñaron a votar. Nos enseñaron a tener miedo odiando al que se rebela. Dentro de este esquema de impacto diseñado para conmocionar la protesta, nos encontramos en estos días con una nueva vuelta de tuerca que da un paso más en la dirección de las viejas técnicas que se empleaban contra el poderoso movimiento obrero. Páginas web para instaurar la delación, controles callejeros indiscriminados, detenciones amedrentadoras de activistas sociales, cierre de fronteras, suspensión de la libre circulación o la puesta en marcha de una especie de «Brigada Político Social» neofranquista que tras la Huelga General del 29 de marzo, provoca la detención, semanas después de celebrada esta, de decenas de sindicalistas en varias ciudades.
Esta última operación realizada en todo el territorio nacional, evidencia un plan de persecución de la disidencia social cuyo marco bordea los límites democráticos del supuesto Estado de Derecho y presupone nuevas fases agresivas según crezca el descontento social.
Aunque este caso ha sido conocido por la detención de tres estudiantes que gracias a la presión social han sido puestos en libertad, quiero centrarme en el encarcelamiento de la Secretaria de Organización de CGT-Barcelona, Laura Gómez, detenida el 25 de abril bajo acusaciones peregrinas. Tras presiones de la Generalitat, la Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 23 de Barcelona, decreta y mantiene en prisión sin fianza a una sindicalista que no tiene antecedentes penales, con domicilio y trabajo fijo, es decir, que goza de todos los requistos para que se le conceda una libertad condicional que no se le permite a ella, pero sí a banqueros o a políticos corruptos.
Lo más preocupante, aparte de la invisibilidad mediática, es la falta de firmeza en la denuncia o la simple y llana ausencia de solidaridad activa para con Laura, por parte de los dirigentes de los grandes sindicatos o el débil posicionamiento parlamentario de los partidos de la izquierda real y alternativa.
Si dejamos pasar este caso como si nada, estaríamos cumplimentando un test con un sobresaliente en tolerancia frente a prácticas que hoy se aplican a CGT pero que mañana serán aplicadas a cualquier sindicato, organización social o partido político que pueda poner en marcha movilizaciones contra la hoja de ruta neoliberal.
Actuaciones punitivas como la que se llevan a cabo contra Laura son en realidad un globo sonda contra todos, y nuestro silencio, una luz verde para que sigan subiendo la presión de esta olla represiva.
Nunca es tarde para que grandes y pequeños sindicatos, partidos y organizaciones, movimientos sociales y vecinales alcemos la voz para exigir la libertad de Laura y el fin de esta política represiva neofranquista.
Más información en: http://laurallibertat.wordpress.com/
Javier Couso – Hablando República
Fuente: Javier Couso
