El sistema de protección antialudes que se está instalando en los montes circundantes del Balneario de Panticosa y que supone una inversión de unos cinco millones de euros, ha llegado al Justicia de Aragón. El Club Montañeros en Acción ha solicitado a la institución que intervenga y paralice las obras. Entre otras causas, alega incumplimientos medioambientales y legales, además del «notable» impacto que supone colocar en la montaña 13.500 metros lineales de estructuras antiavalancha, con 3.537 estructuras antialudes, que afectan a 50.900 metros cuadrados. A pesar de ello, la instalación no ha pasado por una evaluación ambiental.
El Gobierno de Aragón ya ha contestado que intervendrá «si se viera que los trabajos no se ajustan a la autorización concedida». Desde el Departamento de Medio Ambiente se asegura, no obstante, que el proyecto, además de haber seguido todos los trámites para su aprobación, tiene como objetivo la seguridad de bienes y personas tal y como estaba previsto en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Balneario de Panticosa (Pepri), promovido por Aguas de Panticosa, el propio Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Panticosa. La ejecución corre a cargo de Nozar-Grupo Inmobiliario.
Los montañeros recuerdan, ante todo, la importancia natural del lugar, en el que convergen tres figuras de protección. «Que obligan a una evaluación ambiental que es obviada mediante el artificio de considerar que se tratan de actuaciones desarrolladas por la propia Administración», afirman.
Y es que, como admite el propio Servicio de Biodiversidad de la DGA, la zona es Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñama y entra en el plan de especies catalogadas, en concreto las estructuras se hallan en el ámbito del plan de protección del quebrantahuesos. Además, algunas unidades se ubican en la zona periférica de protección de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos, en el macizo de Pondiellos. Y otras, parcialmente en un LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la ZEPA (de especial protección para las aves) de Viñamala.
En el aspecto normativo, los montañeros critican que la autorización no haya sido tramitada por el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), sino por la Dirección General de Gestión Forestal. «Es obvio que esta actuación no la ha promovido la Administración ni se ejecuta en beneficio del monte, sino de unos intereses urbanísticos. Por lo que no se puede invocar a la Ley de Montes», insisten.
Pero en el documento del servicio de Gestión Forestal, firmado por el director general, Alberto Contreras, se puede leer que la finalidad de la autorización es la de «garantizar el uso y disfrute público de los montes, evitar riesgos de erosión y asegurar la protección de la vegetación…, a la vez que cumplir con las condiciones exigidas en el Pepri al objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de las diversas instalaciones asociadas al balneario».
Montañeros en Acción fundamenta también su queja en el posible incumplimiento de la Ley Urbanística de Aragón. «El reconocimiento de la existencia de un grave riesgo de aludes en el balneario derivaría en su consideración como suelo no urbanizable especial», afirman. Y recuerdan el hecho de que históricamente, el balneario funcionaba durante el verano. Por lo que «pretender prolongar la temporada, disminuyendo los riesgos naturales a costa de un alto impacto ambiental, supone desvirtuar los principios legislativos recogidos en la ley», concluyen.
Fuente: M. NAVARCORENA (El Periódico de Aragón). Foto : UTE PANTICOSA.
