[Fotos] Iruña contra la Ley Mordaza

Una veintena de colectivos y sindicatos han llevado a cabo una concentración en oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza el 23 de diciembre, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de Merindades de Pamplona-Iruñea.

Una nutrida movilización, secundada por más de 200 personas, que expresa el rechazo de los movimientos sociales hacia una norma restrictiva que busca entorpecer la protesta con más y mayores sanciones, que nos deja en la indefensión de la vía administrativa y de no poder tomar imágenes de los excesos policiales, que permite prácticas ilegales como las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla…

El poder expresa miedo o cuando menos preocupación cuando recurre a agudizar la represión contra quienes se opongan a un desahucio, acudan a convocatorias espontáneas o protesten en entidades bancarias y ante los principales foros de decisión política.

Por ello, ahora más que nunca, que no calle la calle, que el espacio público sea reflejo vivo de lo que la sociedad demanda de forma colectiva, no un lugar en el que sólo tenga cabida el consumo y las relaciones asépticas entre personas que se ignoran.

ADHESIONES (orden alfabético):

AHT Gelditu, Andrea, ATTAC Navarra-Nafarroa, CGT/LKN, CNT-Nafarroa, Colectivo de Personas en Paro, Dale Vuelta-Bira Beste Aldera, ESK, Kalea enona, LAB, Lunes Lilas, Martes al Sol Mugitu Mugimendua, Plataforma por el Derecho a una Renta Básica, Red navarra contra la pobreza, Salhaketa, Sasoia, Solidari, SOS Racismo, STEE-EILAS, Sumaconcausa y Sustrai Erakuntza.

COMUNICADO CONJUNTO:

LEY MORDAZA: el poder se blinda, la calle no se calla.

Se ha aprobado en el Congreso la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, la “Ley Mordaza”, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, Partido Aragonés y, COMO NO, DE UPN.

De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50, pero la mayoría de las cuales sólo hacen

referencia a mejoras técnicas del texto –NO DEL CONTENIDO–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde amplios sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.

Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales.

Pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle, convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponer sus medidas antipopulares impunemente.

ESTA LEY SUPONE:

-Menos garantías para la ciudadanía. La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales.

-Limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. Se sancionarán (o incrementarán las cuantía de las sanciones -Leves: de 100 a 600€; Graves: de 601 a 30 000€; Muy graves: más de 30.000€-), las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar.

También la ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio. Estas acciones y estos espacios son fundamentales para la expresión de la denuncia de la actual situación.

-Limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales del periodismo. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes.

-Legalización de prácticas ilegales, con la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”. Consisten en que, a pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, se entrega a las autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente.

-También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados, beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante (Top Manta). Se trata de limitar el espacio público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al consumo y la movilidad acelerada.

CGT-Nafarroa