( Ante una tal ofensiva, seamos pues solidarios y no permitamos que el Estado y el Capital nos desmovilicen )
Con la excusa de atajar la posible violencia que se pueda producir en las protestas callejeras, que los recortes presentes y futuros provocaran inevitablemente, el Ministerio del Interior ha anunciado que está pactando con el Ministerio de Justicia el endurecimiento del Código Penal relacionado con el "orden público".
A las doce medidas ya anunciadas para reprimir más duramente la «desobediencia contra la autoridad», se quiere añadir la propuesta del Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para que las asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones «respondan penalmente» por el comportamiento de alguno de sus afiliados que cause «daños con relevancia penal» en el curso de tales acciones de protesta.
A las doce medidas ya anunciadas para reprimir más duramente la «desobediencia contra la autoridad», se quiere añadir la propuesta del Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para que las asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones «respondan penalmente» por el comportamiento de alguno de sus afiliados que cause «daños con relevancia penal» en el curso de tales acciones de protesta.
Aunque desde la Secretaria de Estado de Seguridad se ha insistido en que el objetivo de este endurecimiento represivo no es el de socavar el derecho de manifestación de los ciudadanos sino el de «evitar la violencia que pueda producirse en el curso de manifestaciones de protesta no controladas por sus organizadores», los hechos prueban que no es la violencia que se quiere impedir sino la protesta social, que la gente salga a la calle como ocurrió el 29-M.
La prueba de ello es que se amenaza con extender esta responsabilidad a los padres y tutores de menores de edad que hayan cometido tales daños e incluir la «resistencia pasiva» en el «delito» de «resistencia activa»… Y en Cataluña, además de las brutales intervenciones de los Mossos d’Esquadra y de las arbitrarias detenciones relacionadas con la huelga general del 29-M, se acaba de abrir una web de los Mossos para «identificar a personas sospechosas de haber protagonizado actos de violencia callejera durante esa huelga». Una cínica e indigna incitación a la delación ciudadana justificada por el director de la policía catalana, Manel Prat, con estas significativas palabras: «disuadir y prevenir».
Es la estrategia del miedo y la Generalitat la utiliza descaradamente para amedrentar a los ciudadanos e incitarles a que no organicen ni participen en actos de protesta ciudadana o en manifestaciones sindicales contra las políticas antisociales. Por eso el director de los Mossos no se ha andado por la ramas al afirmar su intención de ampliar la web «con nuevas carpetas de incidentes que se produzcan en un futuro», y al prometer «la máxima confidencialidad» a las personas que quieran aportar información sobre los presuntos «vándalos». Y menos aún al decir claramente cuál es su objetivo: «promover la participación ciudadana al 100%, al tiempo que queremos preocupación ciudadana al 0%».
Tras estas descaradas y amenazantes declaraciones, de autoridades que pretenden defender un régimen democrático, ¿cómo sorprenderse de que se encubran acciones policiales claramente lesivas de los derechos de los ciudadanos y se persiga con saña a los que protestan por la injusticia social? Sí, ¿cómo sorprenderse de que el Gobierno de Rajoy indulte a cinco Mossos d’Esquadra condenados por lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal? Delitos por los que debían cumplir penas de inhabilitación profesional, varios años de prisión y multa, según reconocen fuentes del Gobierno, y que, tras la aprobación del real Decreto, estos agentes «volverán a reintegrarse en el cuerpo de Mossos y recuperarán su condición de funcionarios», puesto que el Consejo de Ministros les ha conmutado la pena de inhabilitación -que les impedía volver a ejercer- por la de suspensión…
Sí, ¿cómo sorprenderse de ello y que, pocos días después, se detuviera a la secretaria de organización de la CGT de Barcelona, Laura Gómez, y que la Jueza del Juzgado de Instrucción N° 23 de Barcelona le decretara prisión por su participación el 29-M en una teatralización, en la puerta de la Bolsa de Barcelona, en la que se quemaron simbólicamente unas cajas de cartón con papeles dentro. Una acción de protesta por la que el Ministerio Fiscal ha solicitado y la Juez ha decretado «prisión provisional, comunicada y sin fianza, dada la gravedad de los hechos y evitar el riesgo de fuga, ocultar pruebas e impedir que cometa otros delitos», a una mujer sin antecedentes penales, con domicilio fijo, trabajo fijo y una hija que vive con ella. ¡Unas consideraciones y baremos que esa Justicia no toma en consideración ni aplica a los banqueros y políticos investigados por la fiscalía anticorrupción!
¿Cómo no ver pues en todo lo anterior la prueba de la connivencia entre el Gobierno del Estado y el autonómico para criminalizar la protesta social?
Laura, como todos los demás indignados detenidos o perseguidos, son las primeras víctimas del actual Poder autoritario y represor al servicio del Capital, que pretende acabar con los derechos y las libertades del pueblo trabajador mediante leyes liberticidas y una represión cada vez más brutal. Con ello, este Poder quiere intimidar a la ciudadanía para que ésta no haga causa común con los sindicalistas y los indignados que luchan, que no se resignan a vivir de rodillas.
Por eso, hoy como ayer, cuando se luchaba contra la dictadura franquista, es necesario testimoniar activamente nuestra solidaridad con todas las personas que estén entre las garras de este Poder, que no tiene ningún escrúpulo en inscribirse cada vez más en la tradición fascista de la represión de la protesta social. Seamos pues solidarios y no permitamos que el Estado y el Capital nos desmovilicen.
Octavio Alberola
Fuente: Octavio Alberola
