Dio un portazo a su habitación y se encerró a llorar cuando supo que tenía que dejar el único país que ha conocido. A los siete años es difícil comprender el mundo de los adultos y, más aún, una carta de expulsión emitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Delfina Escudero prácticamente es española porque llegó cuando apenas tenía un año. «Pero ahora su país la está expulsando. Ella quiere quedarse», cuenta Eduardo Escudero, el padre de una familia argentina que reside en Calafell (Tarragona).
Ellos han vivido las contradicciones de la Administración en carne propia. La madre de Delfina había recibido la renovación del permiso de residencia. A los pocos días, otra notificación les informaba de que la pequeña debía «abandonar el país en el plazo de quince días». Parecía una broma redactada con el lenguaje duro de la burocracia.
Contradicciones
La carta, dirigida a la niña, esgrime el argumento de que la menor no cuenta con los «medios de vida exigibles». Esto contradice el certificado de habitabilidad proporcionado por el Ayuntamiento, presentado oportunamente, según el padre. El documento afirma que el hogar de la familia Escudero reúne «los requisitos exigidos para su alojamiento y los servicios necesarios para su uso, con una superficie aproximada de 70 metros cuadrados». La familia vive en un chalet de dos habitaciones, con trastero, cocina, comedor y jardín.
La Subdelegada del Gobierno en Tarragona tenía previsto reunirse este lunes por la tarde con Eduardo Escudero y con Jordi Sánchez, alcalde de Calafell. Fuentes de la Subdelegación explicaron que no se «desarraiga a la niña y en ningún caso se ha incoado expediente de expulsión», informa Europa Press.
Pero el padre de la niña no lo ve así : «Más que un error, esto se ha convertido en un método de resolución porque la administración está desbordada». Eduardo asegura que muchos inmigrantes no denuncian estas situaciones «por temor a ser expulsados, aunque cuenten con todos los requisitos».
El hombre tiene sus papeles en regla, con residencia otorgada por arraigo, que se acredita con tres años seguidos de residencia. «No permitiré que violen la dignidad de mi hija. Estoy cansado, quisiera volver a mi país», asegura. Pero a su lado, Delfina niega con la cabeza. Ante la resolución existe la posibilidad de recurso en un mes. Mientras, en Argentina, la prensa ha denunciado supuestos maltratos y detenciones arbitrarias en Barajas. Según el diario Clarín, las inadmisiones han aumentado hasta las 20 personas.
Fuente: GUSTAVO FRANCO | Público
