El fiscal pide cárcel por la fuga radioactiva que sufrió Ascó I

Tras dos años de investigaciones, el
fiscal ha presentado el 8 de febrero una denuncia en los juzgados de Gandesa contra
cuatro de los responsables de la seguridad de la planta por aquel
entonces: el director, R. G., que fue destituido unos meses después del
suceso; el jefe de protección radiológica, F. G.; el de explotación, J.
S., y el inspector residente, A.G.

La fuga se produjo la noche del 26 de
noviembre, pero no se hizo pública hasta que lo denunció Greenpeace en
abril de 2008. La central lo comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) ese mismo día. En ese período, pese a conocer la contaminación,
Ascó I recibió la visita de cuatro colegios. Las partículas se
desplazaron e incluso se hallaron dos en una chatarrería de Reus, a 60
kilómetros de distancia, y algunas más alcanzaron el río Ebro.

«Inaceptables negligencias»

Al conocerse la fuga, hubo que revisar
los índices de radioactividad en más de 800 personas, con resultados
negativos. La denuncia relata una serie de «inaceptables negligencias,
imprudencias y omisiones». Cada 18 meses, la central deja de funcionar
para recargar combustible. El proceso de retirar el uranio gastado está
totalmente automatizado y, al final de todo, se generan restos de agua y
óxido que, «pese al riesgo que suponía, había la costumbre de vaciarlos
a mano en la piscina del combustible gastado».

Esa operación se llevó a cabo el último
día de la parada. El trabajador que la realizó era nuevo y obedecía
«órdenes verbales». El bidón era de 50 litros y el fiscal cree que, por
«temor a que el bidón hiciera de contrapeso y se precipitase en la
piscina, o a sufrir salpicaduras y sin usar los amarres de seguridad»,
el operario se apartó tanto del borde de la piscina que todo o parte del
contenido contaminado acabó en el circuito de ventilación normal.

La ventilación de emergencia, cuyos
filtros hubieran retenido las partículas, estaba parada porque de «forma
antirreglamentaria» se aumentó el umbral de los sensores de
radioactividad. Pero estaba en marcha la ventilación normal, que aireó
miles de partículas hasta la chimenea, y de allí salieron al exterior
«durante cuatro meses y sin ningún tipo de control». La empresa no
comunicó nada al CSN ni al inspector del centro, pero, una vez sabido,
para ocultar el alcance del escape, «no se hizo constar la contaminación
inicial, sino la resultante tras la limpieza».

Una multa récord

El CSN calificó la fuga en el nivel 2 de
la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INESS), de siete
niveles, al considerar muy grave la falta de cultura de seguridad
demostrada en la central nuclear y la opacidad de la Asociación Nuclear
Ascó Vandellòs (ANAV), gestora de la central propiedad de Endesa. El
duro informe que elevó al Ministerio de Industria desembocó en una multa
de 15,4 millones de euros y arrebató a Vandellòs II, también gestionada
por ANAV, el récord de multa para una central nuclear española.

ANAV declinó valorar la denuncia del
fiscal. «El caso está judicializado, mostramos el máximo respeto», dijo
una portavoz. Por su parte, Carlos Bravo, responsable de energía nuclear
de Greenpeace, agradeció que «el fiscal de Tarragona haya recordado a
la sociedad la gravedad de los hechos», tras «tres años de intentos del
lobby nuclear de negarlo». Greenpeace y Ecologistas en Acción han pedido
que no se renueve el permiso de explotación a la central de Ascó por
diez años más.

María Morell

Público

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