Más de 500 personas han sido asesinadas y 700.000 han sido desplazadas por la violencia desatada tras la elecciones presidenciales de Noviembre de 2010.
Human Rights Watch acusa a las fuerzas del presidente depuesto Laurent Gbagbo de haber cometido crímenes contra la humanidad.
Los responsables de los abusos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
30.03.2011 · Sheila Vélez - Periodismohumano
Desde que el pasado 28 de Noviembre se celebraran las elecciones
presidenciales, Costa de Marfil se ha visto inmerso en una espiral de
violencia desatada por la confrontación política y armada entre los dos
principales líderes que acudían a los comicios. En los mismos,
Desde que el pasado 28 de Noviembre se celebraran las elecciones
presidenciales, Costa de Marfil se ha visto inmerso en una espiral de
violencia desatada por la confrontación política y armada entre los dos
principales líderes que acudían a los comicios. En los mismos,
auspiciados y bajo observación de las Naciones Unidas, el líder del Rassemblement des Houphouétistes por la Democratice et la Paix (RHDP), Alassane Outtara, lograba un margen de 350,000 votos sobre su adversario, Laurent Gbagbo, representante de La Majorité Presidentielle (LMP) y asentado en el poder desde hace más de diez años.
Buscando dar un vuelco al resultado electoral, el Consejo
Constitucional, máximo órgano judicial ampliamente controlado por leales
a Gbagbo, anunció que se habían producido “flagrantes irregularidades”
en siete regiones del norte y el centro del país, feudo indiscutible de
Ouattara y donde Gbagbo había obtenido tan solo un 10% de los votos en
la primera vuelta. El Consejo apresuró entonces la anulación en estos
departamentos de 660,000 votos de la segunda vuelta, otorgando a Gbagbo
el 51.4 % del total, a diferencia del 45.5% que había obtenido.
El escenario consecuente es un conflicto armado entre las fuerzas
armadas leales a Laurent Gbagbo, quien rechaza asumir su derrota y
abandonar el poder, y las Forces Novelles (FN), un grupo de
insurgentes que controlan el norte del país, quienes nunca llegaron a
desmovilizares tras la guerra civil de 2002 y que ahora, movidos por su
odio a Gbagbo, prestan su apoyo a Alassane Outtara, ganador oficial
reconocido por la Unión Africana, las Naciones Unidas, Estados Unidos y
la Unión Europea.
Gbagbo acudió a las elecciones presidenciales con el lema “Ganamos o
ganamos”, algo que parece estar dispuesto a lograr a toda costa. Desde
que se conociese el resultado de las elecciones, las fuerzas de
seguridad y milicias callejeras leales a Gbagbo, además de combatir a
los rebeldes de las Forces Novelles, han impuesto una campaña de terror contra la población civil,
en particular contra la coalición de Alassane Ouattara o aquellos que
le prestan su apoyo. En tres meses de violencia organizada, más de 500
personas han sido asesinadas, 700.000 han abandonado Abidjan por miedo a
los enfrentamientos o a las represalias, y otros muchos han sufrido
violaciones, torturas y desapariciones forzadas, lo que constituye según
la organización defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, crímenes contra la humanidad.
Víctimas y testigos entrevistados por esta organización han
identificado entre los responsables de los abusos a la Guardia
Republicana y el Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS),
dos cuerpos de seguridad de elite bajo el control de Gbagbo, y los
Jóvenes Patriotas y la Federación de Estudiantes de Costa de Marfil
(FESCI), dos milicias armadas próximas al líder. De igual forma, la
televisión estatal Radiodiffusion Télévision Ivorienne (RTI)
habría lanzado mensajes de incitación a la violencia contra las fuerzas
de paz de las Naciones Unidas, nacionales procedentes de países vecinos
en la región y condicionales de Outtara, tal como hiciera el propio
líder de las milicias juveniles Charles Blé Goudé, el pasado 25 de Febrero. ”Os
doy una orden que debe ser impuesta en todos los barrios. Deberéis
establecer puestos de control y denunciar a todo extranjero que entre en
ellos,” dijo Goudé haciendo referencia a inmigrantes y grupos étnicos
procedentes del norte, controlado por los rebeldes del FN. El término ivorité
ha sido acuñado por los nacionalistas para denominar a los habitantes
del sur y este del país, los verdaderos marfileños, excluyendo al
“extranjero” del norte e inmigrantes. En Costa de Marfil, el 26% de la
población procede de países vecinos, particularmente de Burkina Faso.
En el último mes, el conflicto se ha intensificado con combates
violentos en las ciudades de Duekoue (al oeste), Daloa (centro-oeste) y
Bondoukou (al este). También los ataques contra la población civil han
sido generalizados, como lo ocurrido el pasado 18 de marzo, cuando las
fuerzas de Gbagbo emplearon fuego de mortero contra un mercado en el suburbio de Abobo,
un barrio en la ciudad Abidjan conocido por ser próximo a Outtara, en
el que murieron 30 personas y una docena resultaron heridas. En el mismo
barrio y a principios de mes, seis mujeres
fueron también asesinadas durante las manifestaciones pacíficas que
exigían a Gbagbo abandonar el poder. Las fuerzas del Presidente depuesto
dispararon contra la marcha de mujeres que gritaban “queremos paz”,
desatando el pánico entre las asistentes. Un video aficionado pudo
grabar los hechos en los que se escucha el tiroteo.
La violencia política desatada tras las elecciones elevó al poco la
atención de la comunidad internacional sobre los ataques contra la
población civil, un interés que parece haber caído en desánimo tras los
acontecimientos vividos en Túnez, Egipto y Libia. La Secretaria de
Estado estadounidense Hillary Clinton hizo tras los comicios un
llamamiento al fin de la violencia asegurando que “los responsables de
la violencia contra civiles tendrán que responder por sus acciones.” En
el mes de enero, el Consejo de Seguridad enviaba 2.000 nuevos efectivos
para reforzar su misión de paz (la UNOCI) y la Unión Europea imponía
sanciones sobre el gobierno derrocado que incluían la congelación de
bienes y limitaciones comerciales. Organizaciones como International
Crisis Group abogan ahora por una respuesta contundente que obligue a
Laurent Gbagbo a abandonar el poder con el fin de evitar una nueva
guerra civil.
Crímenes bajo jurisdicción de la CPI
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está
analizando información relevante sobre los crímenes cometidos en el país
tras la segunda vuelta de la elecciones presidenciales. El pasado 21 de
Diciembre, el Fiscal Jefe, Luis Moreno-Ocampo aseguraba no haber
abierto ninguna investigación sobre el caso, sin embargo no dudaría en
hacerlo si se hubieran cometido crímenes bajo su jurisdicción. “Mi
oficina está muy preocupada por las actividades de Charles Blé Goudé”,
dijo el Fiscal en relación al líder de las milicias juveniles. “Está
incitando a la violencia. Si esa gente comete atrocidades en Costa de
Marfil, Blé Goudé será juzgado por haber incitado a la comisión de
crímenes. Los cascos azules y las fuerzas de paz no pueden ser objeto de
ataques, juzgaremos esos hechos. También estamos analizando las
actividades de las milicias, las cuales han sido organizadas bajo el
comando de generales.”
Los mensajes de incitación a la violencia
de Blé Goudé podrían bastar para demostrar una política gubernamental
organizada para cometer crímenes. Es esto lo que le compete a la CPI y
lo que ha de analizar: si los asesinatos, las desapariciones forzadas,
las violaciones y la persecución de nacionales de otros países de la
región atienden a un plan organizado, generalizado y sistemático, tal
como define el Art.7 del Estatuto de Roma los “crímenes contra la
humanidad”.
Pese a no ser un estado parte del tribunal, Costa de Marfil aceptó la
jurisdicción de la Corte en 2003 a través de una declaración formal
bajo el art.12(3) del Estatuto. La Fiscalía ha asegurado que podría
solicitar a los jueces la apertura de investigaciones sobre los crímenes
cometidos si éstos se ajustan al criterio de gravedad y si no hubiera
procedimientos judiciales nacionales en marcha. Otra opción podría venir
de la mano del Consejo de Seguridad, que al igual que hiciera con
Libia, podría ordenar a la Fiscalía investigar los crímenes bajo su
mandato.
Ciclos de violencia política
Lo ocurrido en los últimos meses en Costa de Marfil encuentra sus
raíces inmediatas en la crisis política de 2000, la cual llevó al país a
la guerra civil también tras unas elecciones presidenciales. Mismo
escenario, mismos personajes y el odio étnico en la sombra. Una ley
electoral aprobada con celeridad por el gobierno poco antes de los
comicios exigía que los padres del candidato presidencial hubieran
nacido en Costa de Marfil, una pretensión que dejaba fuera al candidato
del norte, Alassane Outtara, representante de la mayoría musulmana de
esta región del país, habitada por inmigrantes pobres procedentes de
Mali y Burkina Faso.
El recurso a la violencia no se hizo esperar, y en septiembre de 2002
los rebeldes del norte comenzaban una guerra por el derecho a voto y la
representación en el gobierno de Abidjan. Desde entonces, pese a los
acuerdos de paz firmados en 2007, el país ha vivido inmerso en años de
confrontación política, golpes de estado y violencia. Las elecciones del
28 de Noviembre del pasado año eran la esperanza para lograr cierta paz
y estabilidad en el país, sin embargo han reabierto heridas
gangrenadas.
