Artículo publicado en Rojo y Negro nº 382 de octubre
El buzón electrónico impulsado por la Inspección de Trabajo permite que cualquier trabajador o trabajadora pueda presentar directamente sus propias denuncias ante este organismo. De puertas para adentro se permiten las denuncias tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas cooficiales. La cuestión surge cuando tratamos de personas con una lengua extranjera, más de cinco millones de habitantes del Estado español que conviven y trabajan y que no se les ofrece otras opciones a la hora de defender sus derechos laborales.
Otras lenguas que admiten las denuncias son el inglés, la lingua franca por antonomasia que ha desbancado al francés desde hace casi un siglo. Además de estas dos, se pueden plantear denuncias en rumano y búlgaro con 600.000 y 120.000 parlantes dentro de las fronteras, una población que se ha asentado principalmente en los espacios rurales, sobre todo en el sector primario y la construcción. La quinta y última lengua permitida por el sistema de fuera del Estado español es el ucraniano. Es un tanto peculiar que se olvide el portugués, un país vecino con multitud de contratos laborales, más de 100.000 residentes, y que ocupa un puesto destacado en el transporte de mercancías por carretera. Para mayor escarnio está el árabe, una lengua que hablan países próximos como Marruecos o Argelia y que suponen más de un millón de migrantes en el Estado.
Aquí hay algo que no cuadra. ¿Se puede estar ofreciendo facilidades a las personas trabajadoras de un país en concreto y dificultando a los de otros orígenes? Recordemos que la población migrante sufre siempre las mayores dificultades, sobre todo a la hora de defender sus derechos laborales que vienen regidos por el Derecho del Trabajo, es decir por LA LEY. Los trabajos más precarios, sobre todo en el campo, son ejercidos por una mayoría extranjera, sin este medio de comunicación es imposible que puedan optar mínimamente a que se haga justicia.
Debemos recordar que la inmigración sin papeles, es decir la que llaman “ilegal”, no trabaja para grandes multinacionales sino para pequeños empresarios y autónomos, generalmente en las tareas agrícolas, la construcción, los cuidados y la hostelería. Las denuncias a la Inspección de Trabajo pueden ser presentadas de manera anónima y conviene recordarlo.
La CGT se solidariza con cualquier persona que emigra de su tierra natal en busca de un futuro o por obligación y nos oponemos a que existan categorías arbitrarias basadas en el país de origen, idioma y, sobre todo, en el color de la piel. Es innegable que la migración ucraniana ha recibido todas las facilidades mientras otras personas de diferentes nacionalidades desaparecían en un barco a la deriva.
La población inmigrante, legal o ilegal, crea riqueza económica, social y cultural, es necesario que aflore para que esa riqueza repercuta en toda la sociedad y en sus derechos y no en los intereses de los señoritos. Debe ser legalizada su situación para que tengan sus derechos, para que puedan contribuir a la Seguridad Social y se defiendan como clase trabajadora. La población está muy envejecida y la natalidad es escasa, no se puede negar que necesitamos a estas personas.
Desde la CGT pedimos que se dé, como mínimo, el mismo trato, facilidades y oportunidades a toda la migración como a la población ucraniana. Ninguna persona es ilegal.
Alberto García Lerma
Fuente: Rojo y Negro
