Si bien la inscripción en el padrón municipal constituye una prueba de residencia en España y garantiza el derecho a acceder a la “legalidad”, de acuerdo con la Ley de Extranjería, muchas personas que viven en Gandía no acuden a empadronarse debido al control llevado a cabo por el Alcalde a través de la “Operación Puzzle”. Una operación que se traduce, en la mayoría de los casos, en una orden de expulsión o multa que oscila desde los 500 euros hasta los 2 mil por no tener regularizada su situación administrativa con el Permiso de Residencia.

A la CGT-La Safor le consta que a personas  inmigrantes que acuden a empadronarse presentan copia de su pasaporte, contrato de alquiler de la vivienda o autorización del propietario para que se empadrone en su domicilio cumpliendo así los requisitos legales.

A la CGT-La Safor le consta que a personas  inmigrantes que acuden a empadronarse presentan copia de su pasaporte, contrato de alquiler de la vivienda o autorización del propietario para que se empadrone en su domicilio cumpliendo así los requisitos legales. Sin embargo, en lugar de darles de alta en el padrón, esta documentación es remitida a la Policía Nacional,  quien les cita con el “objeto de resolver sobre su situación legal en el territorio nacional”. Y lo que se encuentran en Comisaría es una sanción, multa, expulsión, hasta ser ingresados en el Centro de Internamiento de Zapadores, puesto que Ley de Extranjería lo ampara.

CGT recuerda que el Art. 15 Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local, especifica lo siguiente: toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Así mismo, la normativa estatal establece los criterios mediante los cuales los ayuntamientos llevan a cabo la formación, mantenimiento, revisión y custodia de los padrones municipales para que puedan servir como elemento de base para la elaboración de las estadísticas de la población a nivel nacional, (censo electoral), de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad.

También es grave el hecho de que siendo las estadísticas las que determinan los servicios mínimos necesarios o la asignación presupuestaria del municipio, con las medidas adoptadas los datos son irreales, menguando así la calidad de vida de toda la población, no sólo la de los emigrados, a la hora de obtener unos servicios sociales y  municipales colectivos e individuales.

Finalmente, CGT aclara que la obligación del Ayuntamiento es comprobar la identidad de los ciudadanos que quieran inscribirse en el Padrón, tal y como la propia ley base del Régimen local lo especifica, de lo contrario la propia Administración local fomenta el incumplimiento de la Ley del Padrón, con lo que la delación que realiza es un fraude a dicha Ley.

CGT-La Safor

Gandía, 8 de mayo 2014

Equip Comunicació i Gabinet de Premsa CGT-PV

 

Fuente: CGT-La Safor

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