Cuando uno hace lo contrario de lo que predica y su opuesto ejerce de lo que no es, ese uno y el otro son lo mismo, aunque jueguen a mimetizarse. El PSOE en el poder, contrariando su sedicente ideología, privatizó Cajamadrid, una de entidades líderes del sector de las “cajas de ahorros”, que abarcaba casi el 45% del mercado financiero español, compitiendo con mérito con los grandes de la banca tradicional, y contribuyendo con su Obra Social al desarrollo de las economías más débiles, tanto a nivel particular, como regional y empresarial (PYMES).
Y ahora, con el relevo del PP en el gobierno, la derecha gira en redondo sobre su ideario y “nacionaliza” Bankia cuando era una institución privada que cotizaba en bolsa y cuya gestión caía por entero bajo la responsabilidad de su equipo directivo y de los accionistas. Estamos ante un caso de manual de ese capitalismo mafioso que “privatiza los beneficios y socializa las pérdidas”. Y lo llaman “nacionalización”.
Y ahora, con el relevo del PP en el gobierno, la derecha gira en redondo sobre su ideario y “nacionaliza” Bankia cuando era una institución privada que cotizaba en bolsa y cuya gestión caía por entero bajo la responsabilidad de su equipo directivo y de los accionistas. Estamos ante un caso de manual de ese capitalismo mafioso que “privatiza los beneficios y socializa las pérdidas”. Y lo llaman “nacionalización”.
El gabinete socialista de Rodríguez Zapatero apadrinó la fusión de la antigua Cajamadrid con otras cajas de ahorro lastradas por la morosidad (casi todas de la orbita del PP, como Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Bancaja, etc.) y dotó la gesta con cerca de 4.500 millones de euros del FROB (Fondo de Reordenación y Ordenación Bancaria), que no es sino un vehículo de financiación pública oculta. La brillante operación culminaba el proceso de voladura controlada de casi mitad del sistema crediticio español que funcionaba con criterio de servicio público, algo que los expertos han calificado como “el mayor desmán financiero de nuestra historia”. Aunque había opiniones para todos los gustos. Para la entonces ministra de economía socialista, Elena Salgado, hoy consejera de varias multinacionales, se trataba de un “rescate”, olvidando que el mismo iba a producir una concentración abusiva del sistema financiero con la consiguiente devaluación de la cacareada libre competencia. Ganaban los grandes de la banca y perdían los ciudadanos. Otra vez Robín Hood al revés: atracar a los pobres para dárselo a los ricos.
Y ahora, cuando el peso de los fallidos originados por los créditos temerarios dados para financiar la burbuja inmobiliaria, las inversiones megalómanas y la indigestión contable de las otras entidades acogidas bajo el palio de BFA-Bankia está a punto de reventar el monstruo financiero que el PSOE y el Banco de España botaron, aparece papá Estado y la derecha nacionaliza la entidad privada porque “los grandes no pueden caer”. El gobierno de Mariano Rajoy, con las bendiciones matizadas del líder del primer partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado a la mercantil Bankia la salida con dinero público que se negó para sanear las cajas de ahorro. Como dice mi portero, “cuanto menos bulto más claridad”. PSOE y PP, la misma calaña es.
Con estos amigos, léase representantes, no necesitamos enemigos. El Estado, que sigue siendo ellos como con Luis XIV, se ha hecho con el control de un grupo financiero cuya matriz estaba en quiebra técnica según el informe de los auditores que precipitó la intervención. Unos 4.500 millones de euros, casi lo mismo que lo que se va a recortar de Educación y Sanidad, para comprar una ganga que tiene en sus alforjas un butrón de 31.800 millones de euros en activos tóxicos procedentes de los impagos de promotores inmobiliarios y constructoras. Una generosa aportación pública en tiempos de crisis sistémica para salvar a una empresa privada, cuyo efecto inmediato será provocar nuevos recortes y ajustes en inversiones sociales y más paro. No lo duden, los nuevos gestores trataran de “dar valor” a las acciones de Bankia con el único método que conocen quienes han hecho del negocio económico un desafío de gánsteres: mandar al paro a miles de trabajadores de la entidad “nacionalizada”. Luego ya vendrán el botín de la legalización de la droga y la amnistía fiscal de fortunas evadidas para llenar las arcas de nuestra atribulada banca a fin de hacer frente a las nuevas provisiones decretadas por las autoridades. Siempre se cumplen los peores epitafios: tomas 100 euros para comer y vas a la cárcel, robas 1.000 millones y el gobierno te indulta para que no decaiga la fiesta.
Terminemos con un ajuste de cuentas (puesto que hablamos de finanzas). Estos robos se perpetran impunemente porque existe toda una cuadrilla de mangantes y cómplices en la izquierda nominal que contribuyen a su legitimación social y mediática. Mangantes y cómplices entre los miembros de los partidos de izquierda y sindicatos mayoritarios instalados en los consejos de administración de estas instituciones para ejercer de sicarios culiparlantes. Mangantes y cómplices entre esos famosos, multimillonarios del deporte, el cine o la farándula, que alquilan sus rostros para que el cartel bancario pueda comer el coco a los pobres ciudadanos que piensan que la imagen de su ídolo en la publicidad de un banco es garantía de solvencia y honradez.
Y ya puestos, me permito la licencia de aconsejar a la izquierda social que reflexione sobre la bondad del Estado como fetiche. La solución no está en la regulación a secas, ni en la nacionalización, sino en la autogestión y la democracia. Lo que acaban de hacer al alimón PP y PSOE (dos no se casan si uno no quiere) es una regulación y una nacionalización como la copa de un pino. Y no por eso supone algo socialmente útil. Incluso los representantes políticos, esos diputados y senadores que votamos cada cuatro años, representan a la nación y nos putean al dictado de los mercados. Pero ni la nación, ni el Estado, ni la patria es la sociedad. También el artículo 128 de la Constitución dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general”.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
