Por Rafael Cid
La profundidad de la crisis actual ha provocado por contraste positivo un primer impulso de convergencia en la acción de organizaciones de raíz anarcosindicalista hasta ahora no sólo discrepantes sino incluso antagónicas. CGT, CNT y Solidaridad Obrera caminan hoy juntas en diferentes acciones de protesta contra las políticas en favor de la gran banca, e incluso abanderan una propuesta de huelga general futura.
Pues bien, en esta dinámica,
la nacionalización de los tres grupos de cajas de ahorro federadas
(Catalunyacaixa, Caixanovagalicia y Unnim) que no han podido cubrir el nivel de
recursos propios que obliga la reciente reforma del sistema financiero ofrece
una excelente oportunidad para practicar la propaganda por el hecho, de pasar
de la teoría a la práctica, de predicar con el ejemplo.
Pues bien, en esta dinámica,
la nacionalización de los tres grupos de cajas de ahorro federadas
(Catalunyacaixa, Caixanovagalicia y Unnim) que no han podido cubrir el nivel de
recursos propios que obliga la reciente reforma del sistema financiero ofrece
una excelente oportunidad para practicar la propaganda por el hecho, de pasar
de la teoría a la práctica, de predicar con el ejemplo.
Los
cerca de 5.000 millones de euros de dinero público utilizados para frenar la
quiebra de estas entidades no deben suponer un simulacro de expropiación a
costa del contribuyente para socializar pérdidas a la espera de entregar las
entidades una vez saneadas al negocio privado. Hacer de la propiedad pública de
esas cajas un realidad que ofrezca una alternativa cierta al sistema,
proponiendo la autogestión integral por parte de sus trabajadores, no sólo es
una importante oportunidad coyuntural y una muestra de coherencia libertaria.
Es mucho más. Puede significar una salida democrática a la crisis creada
por la incompetencia y la lenidad del capital que hasta ahora, con la
complicidad de los gobiernos, se ha saldado con reaccionarias políticas de
austeridad impuestas a la ciudadanía.
Gestionemos
lo que es socialmente nuestro. Y más en un sector tan trascendental en las
sociedades complejas como es el del crédito. Para facilitar la cohesión social
y el desarrollo de las economías básicas, de pequeñas unidades de consumo y
producción, de familias y pymes, en aras de una economía sostenible. Hay que
superar la ilusión de participación delegada que el Estado y sus instituciones
facturan con la ayuda de los medios de comunicación afines, mediante
”nacionalizaciones” maquilladas que sirven de excusa para utilizar los recursos
públicos como uvi de empresas en tránsito hacia su relanzamiento al falso “libre
mercado”.
El
sector de las Cajas de Ahorro en España representaba antes de la intervención
casi el 50% del sistema financiero, tenía una implantación reticular, competía
con mérito con la banca privada, generaba un importante número de puestos de
trabajo, daba servicio preferente a la pequeña y mediana empresa (apartado que
en España supone cerca del 80% del empleo), constituía una especie de segundo
escalón del Estado de Bienestar al dedicar parte de sus excedentes a obra
social (inversiones en educación, sanidad, cultura, dependencia, servicios
sociales, etc.) y era por tradición la institución de crédito y ahorro más
cercana al sentir de las clases populares.
Todo
ese potencial, fruto del ahorro y del esfuerzo de varias generaciones, está a
punto de ser dilapidado sin más argumento y razón que lo dictado por los
organismos al servicio de los intereses bancarios a los gobiernos satélites. Ni
desde el punto de vista de la competencia que cede el testigo al monopolio, ni
desde el lado de la eficiencia, ni por su rentabilidad, ni teniendo en cuenta
el respaldo ciudadano, había razones para liquidar el modelo de servicios
financieros que constituían las cajas de ahorro en nuestro país.
Los
datos cantan. Las cajas superan en más de 1 punto en la confianza del público a
los bancos (3,7 sobre 2,9, según la encuesta de Metroscopía de El País publicada a lo largo del pasado
verano) y obtienen mejores calificaciones en eficiencia y rentabilidad, con
ratios del 55,2% frente al 60,34%, en el primer caso, y de 0,88% frente al
0,61%, en el segundo (Ramón Tamames, Estructura Económica de España, página 715, 2008).
Sobran
motivos para lanzar el debate de la autogestión de las cajas. Técnicos,
político, económicos y sociales. Porque no ha fallado el modelo. Han fallado los
gestores que las usaron para su propio lucro y los políticos venales que
hicieron de ellas el juguete de sus megalómanas aventuras empresariales y
cleptómanas. El control democrático de las cajas formalmente nacionalizadas,
cediendo la gestión a sus propios trabajadores, permitirá salvar miles de
puestos de trabajo y servirá para dinamizar el tejido social de sus respectivos
entornos. Pero sobre todo puede ser la piedra de toque capaz de impulsar un
efecto llamada transformador en la economía real. Un aldabonazo que se alce
como alternativa humanista al sistema depredador e improductivo vigente,
convertido ya en una amenaza para la vida en el planeta.
Rafael
Cid
Fuente: Rafael Cid
