Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo País Valenciano y Murcia

Hace unos días y ante numerosas cámaras y micrófonos el presidente de la CEOE (a cambio de 400.000€ anuales de sueldo) mostraba su perplejidad ante el hecho de que mientras en nuestro país hay alrededor de 3 millones de personas paradas, siguen sin cubrirse 140.000 puestos de trabajo; principalmente en los servicios y la construcción. Según declaró el portavoz de la patronal a los medios: «Hay una realidad. Por el motivo que sea, nos falta gente para un montón de sectores».

Parece extraño que con la información que debe manejar la Confederación Española de Organizaciones Empresariales su cabeza pensante todavía no sepa por qué motivo no hay colas para ocupar todos esos empleos. O no lo sabe o deja caer la sospecha sobre esos millones de trabajadores que, habiendo ofertas de empleo, prefieren seguir en el paro. Por si fuera ignorancia de la realidad -que no lo creemos- vamos a intentar explicarle los motivos por los que mucha gente no quiere esos trabajos. En primer lugar están los bajos sueldos y a continuación las malas condiciones laborales en que se realizan. Las retribuciones salariales en muchos sectores ya no dan ni para vivir, por lo que el pluriempleo vuelve a ser una mala solución de emergencia. Si, como ocurre en la construcción y la hostelería, los puestos vacantes están generalmente alejados del domicilio de trabajador en paro, el transporte o el alojamiento se comen gran parte de la menguada nómina. Por otro lado es norma general que se alarguen las duras jornadas laborales (incluso sin pagarse las horas extras), que se cambien los turnos, que no se respeten los descansos y que el trato sea más propio del siglo XIX que del XXI.

Por tanto la solución al problema no parece difícil: buenos salarios y condiciones dignas de trabajo. Mucha gente lleva varios años sin encontrar un empleo o enlazando un breve contrato precario tras otro. Incluso para quienes cobran el seguro de paro (que es la minoría) éste no suele cubrir las necesidades básicas, ya que con las reformas sufridas se han ido recortando su duración y la cuantía a percibir. Para que lo entienda hasta Garmendi: nadie está parado por capricho.

La sumisión del sindicalismo mayoritario a los intereses de la patronal está propiciando la pérdida generalizada de derechos de la clase trabajadora, hasta el extremo de que -en contra del entusiasmo mediático tras la firma de los sucesivos pactos sociales- los salarios han retrocedido hasta tal punto que para muchas familias comprar una casa, un coche, irse unas semanas de vacaciones y hasta alimentarse adecuadamente resulta imposible con sus ingresos. Además se está efectuando un paulatino giro hacia la privatización de la sanidad, la educación, las pensiones o los servios sociales, lo que junto a la transformación de los contratos en temporales, fijos discontinuos o a tiempo parcial significa el empobrecimiento y la precariedad para gran parte de la población.

Un ejemplo de todo lo dicho lo tenemos con el reciente acuerdo para la negociación colectiva, firmado por CEOE, CC.OO. y UGT y que tantas alabanzas está recibiendo. Pues bien, más allá de las amigables ruedas de prensa, donde nadie hace preguntas incómodas, lo cierto es que el acuerdo se olvida de las pérdidas salariales de 2021 y 2022, que para los años 2023/2025 (4%, 3% y 3%) ni siquiera se cubre el incremento de los precios y, lo menos explicado, que se trata de una simple recomendación, sin ninguna obligación de cumplirse en los convenios. Por si fuera poco, también abre la puerta al tratamiento de las bajas comunes por traumatismos por parte de las mutuas, en lugar de impulsar la mejora de la asistencia de seguridad social.

Los agentes sociales, de uno y otro bando (¿o son todos del mismo bando?) todo esto lo saben de sobra, aunque lo cuentan sin explicar la letra menuda. Si hay que recordarlo es más bien para que se enteren las víctimas de estas políticas antisociales.

Antonio Pérez Collado

CGT-PVyM


Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia