El apagón eléctrico y de telecomunicaciones del pasado 28 de abril de 2025 no solo interrumpió las infraestructuras críticas del país; dejó al descubierto, de forma irrefutable, las carencias estructurales y la irresponsabilidad institucional que afectan al sistema de transporte sanitario en Castilla y León. A CGT, que es el sindicato mayoritario en el sector, le consta que lo que debía ser un servicio esencial, preparado y blindado frente a contingencias, operó gracias a la improvisación de sus trabajadores, no por la eficacia de su planificación ni por el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Administración.
Con el apagón eléctrico las líneas telefónicas colapsaron y las comunicaciones digitales quedaron inoperativas, los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) se enfrentaron a una situación de aislamiento absoluto. Las ambulancias, lejos de estar equipadas con sistemas de radiocomunicación — como exige la normativa UNE-EN 1789:2021 y los propios pliegos técnicos del contrato con la concesionaria —, carecían por completo de medios alternativos para recibir instrucciones o responder a emergencias. Se trató de un vacío operativo de consecuencias potencialmente trágicas, que evidencia un incumplimiento flagrante del marco legal vigente. Las unidades, muchas de ellas trasladadas a centros de salud operando como en los años 60, funcionaron al margen de cualquier protocolo oficial, dependiendo de la colaboración espontánea de cuerpos de seguridad y protección civil.
La gravedad del incidente no reside únicamente en la precariedad técnica evidenciada, sino en la pasividad con la que la Gerencia de Emergencias Sanitarias (GES) SACYL ha gestionado —o, mejor dicho, dejado de gestionar— sus responsabilidades. La Consejería de Sanidad de Castilla y León no ha exigido el cumplimiento del pliego de condiciones que rige su contrato con HTGroup., empresa concesionaria del servicio en Castilla y León. Una omisión continuada que ha derivado en una sistemática falta de control sobre un servicio público externalizado, pero financiado íntegramente con fondos públicos.
A ello se suma la indignidad de las condiciones laborales vividas durante la jornada crítica, sin garantías mínimas de seguridad física ni logística. Lejos de ofrecer respaldo institucional, los TES fueron silenciados, invisibilizados en los comunicados oficiales y excluidos de toda mención pública por parte de la Administración regional. Un desprecio que, además de insultante, resulta peligroso: si los TES no disponen de medios para operar, no solo se vulneran sus derechos laborales, sino que se pone en riesgo directo a la ciudadanía. Este episodio no puede ser minimizado como una “anomalía técnica” o un “imprevisto”.
Lo ocurrido es fruto de una cadena de negligencias previsibles, como la falta de inversión en infraestructuras esenciales, la ausencia de planes de contingencia eficaces, la desatención de los requerimientos contractuales y la externalización opaca de un servicio estratégico. Nada de esto es nuevo, pero el apagón lo ha hecho visible de forma Innegable. La profesionalidad y entrega de los Técnicos en Emergencias Sanitarias han sostenido el sistema en su punto más crítico. Han cumplido, una vez más, lo que la Administración ha sido incapaz de prever y garantizar. Lo mínimo que se les debe ahora no es un aplauso tardío ni una promesa vacía, sino una actuación inmediata. Que los TES reciban dotación real de medios, cumplimiento de la normativa y fiscalización efectiva del servicio concesionado. El transporte sanitario no puede seguir siendo rehén de la desidia política ni de la rentabilidad empresarial. Es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.
Fuente: Coordinadora Regional de CGT del Transporte Sanitario de Castilla y Leon
