En concreto, nos parece inadmisible que la Policía Nacional identificara gente, de manera arbitraria, e impidiera entrar a algunas personas al edificio de la UMU Rector Sabater en Ronda Levante, haciendo una función de control de accesos a la Universidad Pública en la puerta principal durante la celebración de una charla del partido de ultraderecha Vox sobre ideología de género, que la UMU autorizó.
Al margen de la improcedencia de ceder su espacio a partidos políticos y dar cabida a discursos de odio dentro de la Universidad Pública, una vez autorizada la charla como mínimo debe ser pública y su aforo abierto a todo el que quiera asistir; si no es así, ese no es el lugar para hacerla. En cualquier caso, el control de acceso en el edificio vulneró el derecho de acceso libre a un edificio público.
Al margen de la improcedencia de ceder su espacio a partidos políticos y dar cabida a discursos de odio dentro de la Universidad Pública, una vez autorizada la charla como mínimo debe ser pública y su aforo abierto a todo el que quiera asistir; si no es así, ese no es el lugar para hacerla. En cualquier caso, el control de acceso en el edificio vulneró el derecho de acceso libre a un edificio público. Además, denunciamos que la Universidad permitiera que los organizadores de la charla llevasen seguridad privada sin identificar, de dudosa legalidad, y que la seguridad de la Universidad tampoco llevara identificación (el Jefe de Seguridad de la UMU) y actuara de manera violenta contra el propio alumnado, en vez de impedir la actuación de la seguridad privada y proporcionar seguridad a quien pretendía acceder a la charla. Se deben esclarecer las circunstancias y criterios que determinaron estos hechos y depurar responsabilidades.
A esto se suma la bochornosa actuación del Rectorado y Delegación del Gobierno en relación a lo ocurrido la mañana del 9 de marzo, mientras tenía lugar un piquete informativo estudiantil de carácter pacífico se produjo la entrada de la Policía Nacional en el Campus de La Merced, que agredió e identificó a varias personas, protegiendo la actuación violenta y agresiva de un empleado público (el Jefe de Seguridad de la UMU) hacia los estudiantes bajo la justificación de una falsa agresión a su persona. Durante el piquete, se produjo un momento de tensión en el que el Jefe de Seguridad de la UMU agredió a una estudiante y, minutos después, entro la Policía Local y Nacional al Campus. Esta inmediatez nos hace entender que no se siguieron los procedimientos necesarios para la autorización del acceso de la policía al campus y que esta persona actuó nuevamente por su cuenta e interés, extralimitándose en sus funciones, por lo que consideramos que esta persona no es apta para el puesto que ocupa y debe ser despedida, o cuanto menos sancionada. La seguridad de la UMU no puede estar en manos de quien se toma la justicia por su mano.
Al margen de estos hechos, denunciamos la actuación desorbitada de Delegación de Gobierno en cuanto a sus directrices sobre control y represión policial que ocurrió durante las jornadas de Huelga General. Especialmente los momentos vividos durante la marcha antirracista que, en la mañana del domingo 8, se aproximó a la sede del PSOE en la calle Princesa, cuando los agentes se dirigieron de manera violenta a las participantes, amenazándolas y obligándolas a abandonar el lugar. Consideramos que fue una utilización de la policía para un interés partidista que debe conllevar responsabilidades.
En la misma línea, durante el piquete de la mañana del 9 de marzo de la PAH, resultó excesivo el despliegue policial que además se centró en todo momento en la protección de las entidades bancarias, no permitiendo a los asistentes acercarse a sus puertas e impidiendo que las familias afectadas pudieran entregar documentación en las entidades. Es vergonzoso que mantuvieran esa actitud frente a los manifestantes, siendo la protesta en todo momento pacífica, así como la persecución de varios manifestantes una vez finalizada la convocatoria.
Todos estos sucesos motivaron que el lugar del cierre de la huelga se trasladara a la Delegación del Gobierno, donde nos encontramos, una vez más, con un despliegue policial desorbitado, marcado por una actitud violenta y amenazante hacia los asistentes.
Por todo ello creemos que es imprescindible la depuración de responsabilidades, en concreto, las dimisiones del Delegado del Gobierno, José Vélez; del Rector de la UMU, Antonio Luján, y del Jefe de Seguridad de la UMU, Antonio Alarcón Navarro, así como el esclarecimiento de los hechos y que las personas reprimidas e identificadas durante estas protestas no sufran consecuencias de ningún tipo.
Fuente: CGT-Murcia
