La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) desea salir al paso de la “Declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa”, emitida por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En su declaración, la CEE utiliza expresiones como “prohibir”, “ponerse en contra de los símbolos” y otras similares que pretenden hacer creer que quienes defendemos la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos financiados con fondos públicos estamos en contra de estos símbolos.
Sin embargo nada más lejos de la realidad. Como dejamos claro en su momento, nada tenemos en contra de los símbolos, pues consideramos que todas las personas tienen derecho a mantener las creencias que estimen oportunas, sean de índole religiosa o no, y a expresarlas mediante la exhibición de su simbología propia. Por tanto tampoco es cierto que nos opongamos a la exhibición pública de dichos símbolos, algo que entra dentro de la libertad de expresión que todas las personas poseen como derecho inalienable.
Sin embargo nada más lejos de la realidad. Como dejamos claro en su momento, nada tenemos en contra de los símbolos, pues consideramos que todas las personas tienen derecho a mantener las creencias que estimen oportunas, sean de índole religiosa o no, y a expresarlas mediante la exhibición de su simbología propia. Por tanto tampoco es cierto que nos opongamos a la exhibición pública de dichos símbolos, algo que entra dentro de la libertad de expresión que todas las personas poseen como derecho inalienable.
Cuando ACEL defiende que las creencias y sus manifestaciones simbólicas forman parte del ámbito privado no pretende que tengan que mantenerse ocultas, sino que no formen parte de lo público entendido este término como representativo de todos los ciudadanos, pues por una parte se convierte en una imposición para quienes no se sientan representados por esos símbolos, y por otra parte vulnera el deber de neutralidad de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente, lo que implica necesariamente que los espacios públicos, pertenecientes a la administración y por tanto a todos los ciudadanos, no alberguen simbología de una corriente de pensamiento determinada, pues lo contrario discrimina a todos los que la profesan y otorga a la administración una mayor cercanía a la creencia representada, lo cual es manifiestamente ilegal por vulnerar su deber de neutralidad.
En la misma línea, la Declaración de la CEE alude a que “la retirada de los crucifijos alentará el ateismo”. Esta afirmación es en sí misma tendenciosa y agresiva.
Tendenciosa, porque con mayor motivo se podría argumentar que la presencia de crucifijos alienta la fe católica, algo ilegítimo cuando se realiza en un centro dependiente de la administración (o financiado con fondos públicos, lo que le obliga a prestar un servicio público ya que en caso contrario no tendría razón de ser dicha financiación) y sin el consentimiento de las personas que tienen tanto el derecho como el deber de utilizarlo y cuya composición es necesariamente plural en cuanto a ideologías y creencias.
Y agresiva porque lleva implícito el mensaje de que el ateismo es algo negativo y merecedor de ser combatido, cuando es una opción de conciencia al menos tan respetable como cualquier otra.
En la misma línea va la afirmación de la CEE de que los valores cristianos lo son de toda la sociedad, pretendiendo por una parte el monopolio de los valores humanistas pese a que tales valores no son en absoluto patrimonio del cristianismo, y por otra parte obviando interesadamente los episodios negros y sanguinarios del cristianismo como las Cruzadas o la Inquisición, muestra palpable del nulo respeto por todas aquellas personas que no piensan como ellos, haciéndoles pagar con el tormento y la vida la osadía de discrepar. Más recientemente, esos “valores” de intransigencia y desprecio por todo aquel que no comparta sus creencias se pusieron de manifiesto en el apoyo de la Iglesia Católica al régimen franquista, que derivó en el “monopolio de la verdad” conocido como nacionalcatolicismo.
Con esos antecedentes, afirmar, como lo hace la CEE en su Declaración, que “de la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie”, o que “todos los logros de la civilización surgen en torno al crucifijo” constituye un desvarío que movería a risa de no ser por la gravedad que entrañan esas afirmaciones.
En consecuencia, ACEL piensa que esta Declaración de la CEE pretende presionar al Gobierno para que una vez más las iniciativas legislativas favorezcan sus posiciones, en una espiral que demuestra su insaciabilidad a la hora de obtener privilegios de todo tipo.
Por todo lo anteriormente expuesto, ACEL considera que lo procedente es avanzar con urgencia hacia el establecimiento pleno de la libertad de conciencia, que eso sí constituiría un logro de la humanidad, por lo que hace ya tiempo que debería estar establecido no solo en teoría sino en la práctica como un derecho fundamental de todas las personas.
Ello se materializaría en los centros educativos garantizando la universalidad de las ideas y la plena igualdad sin discriminaciones de ninguna índole por motivo de raza, sexo, religión, opinión, etc., para lo que es imprescindible la ausencia en ellos de cualquier simbología que represente tan solo a una parte de los miembros de la comunidad escolar.
