Más de cuatro meses después de haber sido dictada la sentencia que obligaba a ello, al fin han sido retirados los símbolos religiosos presentes en las aulas y dependencias comunes del CEIP Macías Picavea de Valladolid.
Para ello ha sido necesario un auto judicial obligando al colegio a ejecutar la sentencia de forma inmediata y a notificar al juzgado en el plazo máximo de diez días el órgano encargado de dar cumplimiento a la sentencia y las actuaciones llevadas a efecto para ello.
Así, a las 11:30 de este viernes 3 de Abril, mientras los niños estaban en el recreo, los símbolos han sido retirados.
El citado auto judicial indica que “De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 112/1996 en los procedimientos relativos a los Derechos Fundamentales hay que entender que la ejecutividad es inmediata”.
Este auto indica que “la significación religiosa de estos símbolos queda fuera de toda duda” (en contra de los argumentos esgrimidos por la Consejería de Educación, que pretendía despojarlos de su significado religioso y hacerlos pasar por meros símbolos culturales para justificar que su presencia no vulneraba leyes ni derechos) Al hilo de ello, y al igual que en la sentencia ahora ejecutada, el auto reitera que “la apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución española en sus artículos 1 y 16.1”, añadiendo que por el contrario “la retirada de los símbolos de los espacios comunes no supone que se vulnere el derecho de los alumnos o sus padres que hayan optado voluntariamente por recibir enseñanza de religión, ni que se vaya a perjudicar dicha enseñanza”.
Tanto el auto judicial como el preceptivo informe fiscal indican que frente a las sentencias dictadas en los procedimientos sumarios de Protección de Derechos Fundamentales solo cabe apelación en un solo efecto (poder ser apelada para instar su revocación, pero no suspender su ejecución, al estar afectados derechos fundamentales de las personas). Pese a ello la Consejería de Educación solicitó la suspensión, que ha sido denegada por este auto ya que no se aprecia ninguna circunstancia excepcional para ello.
La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) se congratula por el hecho de que al fin hayan sido retirados los símbolos religiosos, que en un centro público, como reconoció claramente la sentencia, suponen un atentado contra la libertad de conciencia y los principios de igualdad y de neutralidad del Estado, por lo que su retirada no debería ser noticia sino una situación lógica en un estado que se considere democrático.
Lo triste del caso es que aún no quede definitivamente cerrado debido al recurso contra la sentencia interpuesto por la Junta de Castilla y León, que pese a tener derecho a recurrir las sentencias judiciales que le sean adversas con ello evade otro precepto constitucional (artículo 9) que indica que es precisamente a los poderes públicos a los que corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea efectiva.
No obstante la ACEL estima que la retirada de los símbolos producida este viernes al haber sido ejecutada la sentencia de Noviembre puede haber sido el principio del fin del caso, ya que la Consejería de Educación siempre ha hecho gala de que no era lo mismo colocar símbolos donde no los hay (cosa que según su propia afirmación nunca ha hecho) que retirarlos de donde los hay. Además la ACEL confía plenamente en que el recurso no será estimado, pues la sentencia está magníficamente argumentada y basada en derecho. Si por el contrario fuese estimado el recurso, se recurriría ante el Tribunal Supremo y si aún fuese necesario ante el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia, en opinión de ACEL, avala las tesis mantenidas por esta asociación.
La ACEL solicita el cese inmediato de la directora del CEIP Macías Picavea de Valladolid, pues ha demostrado con su cerrazón y defensa a ultranza de una situación vulneradora de leyes y de derechos de sus propios alumnos, que no está capacitada para seguir dirigiendo un centro escolar público. Esta directora es una de los casi trescientos directores de centro públicos cuya situación declaró ilegal el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Octubre del pasado año por haber sido renovado su mandato automáticamente por parte de la administración educativa por cuatro años pese a que solamente podía prorrogarse por un año en tanto se convocase un nuevo proceso de selección acorde con la nueva Ley de Educación, que daba más peso a la comunidad escolar en el nombramiento de directores.
Actualmente para que sea validada la situación de esos directores que se encuentran en situación de ilegalidad, estos han de presentar un proyecto educativo sólido y aprobado por la administración educativa. El proyecto que vaya a presentar la directora del CEIP Macías Picavea ¿hablará de incitar a la toma de decisiones ilícitas y vulneradoras de leyes y de discriminación entre sus propios alumnos como ha ocurrido con el mantenimiento ilícito de simbología confesional en un colegio que no es ni puede ser confesional ? El órgano administrativo encargado de evaluar la continuidad de esta directoral al frente de un centro público deberá tener en cuenta estos hechos.
Fuente: Enseñanza CGT Valladolid
