Gerineldo Feliz, dominicano de 36 años, murió aplastado en las profundidades de un túnel de la M-30 en septiembre de 2007. Su muerte no trascendió hasta dos semanas después. Entonces se supo que falleció una tarde de sábado. Los fines de semana no podía estar trabajando por convenio.
El obrero murió un sábado y su convenio impedía trabajar en fin de semana
«El papel es nulo de pleno derecho, un chantaje», dice un abogado
Se desveló que llevaba encadenando jornada tras jornada durante nueve meses, en peonadas continuas de 12 horas, y acumulaba 456 horas extra más de las que permite el tope anual del sector. Todo eso, según el acta levantada en su día por la Inspección de Trabajo. Ahora se sabe más. Por ejemplo, que la empresa impuso a sus familiares un contrato leonino para hacer efectivo el finiquito.
Se sabe, entre otras cosas, que cada uno de los cuatro hijos de Gerineldo, de dos mujeres diferentes, ha cobrado 541 euros por perderle. Que sus dos viudas firmaron una «liquidación de contrato de trabajo» de 3.973,63 euros a cambio de «renunciar a cuantas acciones civiles, penales y laborales les pudieran asistir frente a la UTE By-Pass Sur, la compañía aseguradora y su personal dependiente, la propiedad de las obras [Ayuntamiento], la dirección facultativa [arquitectos] y los coordinadores de seguridad y todo el personal de que éstos dependa».
Es decir, que debían renunciar «a derechos inalienables», según Antonio García, abogado de Comisiones Obreras. Este sindicato siempre presenta demandas en caso de fallecimiento laboral. Así, una de las viudas se adhirió a la acción judicial.
Otras fuentes del caso que prefieren no figurar tildan el documento de «nulo de pleno derecho». «Es un chantaje, sin más. El cobro de un finiquito no puede estar condicionado». Esas mismas fuentes afirman que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, encargado de la demanda por vía penal interpuesta por la viuda, ha seguido esa doctrina.
El escrito de la unión temporal de empresas (Ferrovial y Acciona) solicita que se cierre la causa abierta por la viuda Patricia Feliz porque «ha renunciado voluntariamente a cuantas acciones le correspondían penales, civiles y laborales… tanto en su nombre como en el de sus hijos».
Los cuatro hijos de Gerineldo se llaman Luilly-Gerineldo, Indra Yamilet, Kely-Gerineldo y María Yamilet. La pequeña tiene 12 años. Cobran una pensión de orfandad del Estado. También percibieron en su día la indemnización que le correspondía a su padre por el convenio del sector.
Desde Acciona, una portavoz se limita a insistir en que el acuerdo «se tomó libremente, sin coacción». Agrega que no le consta que ninguna de las partes de ese documento tenga ninguna objeción sobre el mismo. Este periódico (EL PAIS) intentó sin éxito ponerse en contacto con algún representante de la otra empresa implicada, Ferrovial.
Según ha denunciado en múltiples ocasiones Pedro Martínez, el antiguo fiscal de accidentes laborales de Madrid, este tipo de contratos privados son moneda común. «Es el sistema habitual», deslizan desde una de las grandes compañías del sector. Martínez considera que el problema último es la enorme lentitud con la que la justicia resuelve esta clase de litigios. Los procesos duran una media de entre cuatro y siete años. «Las familias suelen ser pobres y no pueden aguantar tanto. Prefieren pactar». Por eso Martínez no recurría a las metáforas para afirmar : «La justicia es para los ricos».
Lo cierto es que existen irregularidades en el caso de Gerineldo Feliz. Lo que, al parecer, no le excluye de cierta responsabilidad en su propia muerte. El trabajador utilizó una máquina estando solo. El protocolo advertía de que ese aparato debían usarlo, al menos, dos operarios. Pero Gerineldo tenía prisa. Quería ganar tiempo. Al parecer, según la reconstrucción hecha a posteriori, se equivocó de botón y el propio artilugio que manejaba lo aplastó. No hubo testigos.
«Lo importante es que no tenía que haber estado allí ese día», recalca García, que tilda el documento de «abuso de derecho y un fraude procesal porque un finiquito no puede implicar la renuncia de derechos que válidamente y por ley les corresponden».
Fuente: DANIEL BORASTEROS | EL PAIS
