[Fotos y Vídeos] Manifestación en Valencia contra la represión de la «ley de seguridad ciudadana»

El gobierno pretende aprobar el proyecto de la nueva «Ley de Seguridad Ciudadana». También nos han anunciado que aprobarán próximamente otro proyecto de ley sobre los servicios mínimos que será una ley contra el derecho de la Huelga. Asimismo serán anunciados nuevos recortes presupuestarios, hasta 30.000 millones de euros, y una nueva reforma laboral y una reforma de las administraciones locales.
Los gobiernos valenciano y español pretenden desmantelar los servicios públicos para entregarlos al sector privado. A estas políticas que afectan a la sanidad, educación, dependencia, transporte, servicios sociales, igualdad … y liquidados derechos laborales, sociales y civiles, remontando el tardofranquismo el gobierno pone ahora en marcha un conjunto de medidas legislativo – represivas, la única finalidad es amordazar la sociedad y tratar de impedir la expresión del rechazo a su política.
El conjunto de recortes y privatizaciones sufridas, apuntaladas por las nuevas leyes de claro carácter autoritario anunciadas por el PP, son una auténtica declaración de guerra a las trabajadoras y trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. El gobierno lleva adelante una brutal agresión contra nuestros derechos y libertades fundamentales.

Las propuestas de faltas y sanciones van desde las muy graves con multas de 30.001 a 600.000 euros hasta las graves que tendrán unas multas de entre 1.001 a 30.000 euros. Algunos ejemplos de las nuevas medidas represivas:  Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos y oficios religiosos: 30.001-600.000 euros.  Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales: 1.001-30.000 euros.  Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos y culturales: desde 1.001 hasta 30.000 euros  Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios: 1001-30000 euros  desobediencia o resistencia a agentes de la autoridad y la negativa a identificarse: 1.001 a 30.000 euros.  Ofensas o ultrajes a España, por cualquier medio, a las comunidades autónomas y ayuntamientos oa sus símbolos , himnos o emblemas: 1001-30000 euros

Las sanciones no requerirán ser ratificadas por un juez, eliminando así la última garantía jurídica.
Todas estas políticas y actuaciones no son nuevas. El poder establecido nunca ha podido digerir que desde abajo se quisiera construir un nuevo mundo y por ello de forma «legal» o ilegal ha actuado con contundencia utilizando todo el abanico de aparatos represores de que dispone. La represión, como no puede ser de otra manera, acompaña los recortes y retrocesos de los derechos. Las últimas huelgas y los procesos de movilización y de lucha han producido detenidos y detenidas, personas identificadas, multadas, con decenas de juicios. Uno de los hechos más destacables fue la Primavera Valenciana donde se reprimió con dureza una concentración de estudiantes del IES Lluís Vives, lo que generó una de las más grande movilizaciones de los últimos años y una solidaridad que traspasó nuestro país . Hoy, aún están pendientes varios juicios de aquellos hechos o de otros que sucedieron a continuación. También las compañeras y compañeros de Parque Alcosa están pendientes de juicios por luchado de forma firme y decidida por sus derechos. Todos este hecho ponen en evidencia cómo el sistema y los cuerpos represivos siempre acompañan las clases dominantes en su camino de reformas para mantener sus privilegios.

También el movimiento sindical de clase es objetivo de la represión en hacer frente a la injusticia y las reformas que nos imponen. Una de las muestras más evidentes es la persecución sistemática a Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo (SAT), que junto con numerosos militantes del sindicato, están hasta arriba de multas y condenados a prisión. Ahora, en este momento, están pendientes de un nuevo juicio para realizar una acción en Mercadona propiedad de un «empresario valenciano ejemplar», que no sólo trata de castigar la protesta social sino que vulnera abiertamente los derechos fundamentales de los trabajadores a el despedir a un empleado, Fran, para constituir la sección sindical de la CGT en Málaga.

Una acción para señalar a los responsables del expolio y para denunciar que son necesarias otras políticas que sean favorables al conjunto de la ciudadanía. Las organizaciones convocantes de la manifestación queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las mujeres y hombres del SAT y de todos aquellos sindicatos y movimiento sociales que luchan con dignidad, firmeza y coherencia para la emancipación de la clase trabajadora.
Por todo esto, consideramos que hay que hacer frente, organizar la resistencia y combatir contra todos aquellos que atacan nuestros derechos y que pretenden acabar con nuestro futuro. La organización y la lucha es el camino.

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