Algunos niños indígenas deportados de EU sólo hablan el idioma de su etnia y las autoridades no cuentan con intérpretes, lo que obstaculiza que sean entregados a sus familiares.
Estudio de Unicef y DIF advierte que las mafias de narcos utilizan a los menores
Algunos niños indígenas deportados de EU sólo hablan el idioma de su etnia y las autoridades no cuentan con intérpretes, lo que obstaculiza que sean entregados a sus familiares.
Las autoridades migratorias de México y de Estados Unidos persiguen, maltratan, discriminan, segregan e inclusive dan «trato de criminales» a los niños migrantes indocumentados en la frontera norte del país, acusan el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Atención de la Infancia (Unicef).
Las dependencias advierten sobre el riesgo de que estos menores sean «involucrados en la comisión de delitos como el tráfico de drogas o de personas», mientras están expuestos al de órganos, las redes de explotación sexual, prostitución y pornografía infantil, además de «ser sometidos a formas extremas de explotación laboral y en condiciones insalubres».
En un análisis que hoy harán público, las instancias lamentan que ambos países no tomen en cuenta los instrumentos de protección a los derechos humanos, pero sobre todo subrayan su preocupación por los niños indígenas, que ante la falta de medios para comunicarse con ellos en su propio idioma una vez que son detenidos por las autoridades migratorias se complica encontrar a sus familiares en el país, cuando son repatriados.
Atención en consulados mexicanos
Aunque les resulta difícil emitir un número sobre los afectados, toman como parámetro la atención que desde 1994 se ha brindado a 87 mil 757 menores no acompañados por un familiar, en los consulados mexicanos en Estados Unidos.
Una vez que aplicaron el estudio Niñez migrante en la frontera norte : legislación y procesos, en Tijuana, Mexicali, Ojinaga, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nogales, Agua Prieta, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Unicef y el DIF determinaron como parte de las múltiples problemáticas que enfrenta este grupo la utilización de algunos menores de edad «como guías de migrantes indocumentados» ; la separación que sufren de sus padres, una vez que son detenidos en la nación vecina para repatriarlos a localidades distintas, con la finalidad de dificultar la reunificación familiar y desalentar un nuevo intento de cruce ; además de que al menos en dos ciudades el Instituto Nacional de Migración «presenta querellas en contra de las niñas, niños y adolescentes repatriados para su internamiento en el Consejo Tutelar para Menores, con base en un documento probatorio emitido en Estados Unidos».
Acusan, con base en datos institucionales, que «la migración infantil indocumentada en la frontera norte propicia la violación sistemática de los derechos humanos ; los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a innumerables riesgos desde la salida de sus lugares de origen, así como en su desplazamiento y el momento de su detección en México o en Estados Unidos». Lo lamentan porque, afirman, «pueden ser involucrados en la comisión de diversos delitos» o estar expuestos a las diversas formas de tráfico existentes.
Para ambos organismos resulta preocupante que el fenómeno migratorio «frene las posibilidades de desarrollo de los menores», lo cual les impide salir de las problemáticas que dieron origen a su movilización : la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo.
La investigación que llevaron a cabo en las ciudades mencionadas, que forma parte del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, tiene como meta buscar mecanismos legales e institucionales que cumplan con los derechos de la niñez, reconocidos en los tratados internacionales, y respondan a la necesidad de restituir los «derechos vulnerados» de la niñez migrante. En específico, identificar los puntos débiles y fuertes de la repatriación ; elaborar un digesto de la legislación existente, en el que se aborde el fenómeno migratorio ; así como formular recomendaciones que contribuyan a fortalecer las actuaciones de los gobiernos federal y locales para la atención del grupo estudiado.
Una vez que aplicaron el estudio, Unicef y el DIF evidenciaron la falta de arreglos bilaterales para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos y, en especial, para el caso de los niños, así como la reintegración a sus núcleos familiares sin el apoyo de instituciones de asistencia social, con lo cual se garantizarían sus derechos. Advierten que una vez asegurados los menores, los ubican en celdas con adultos que también han sido detenidos por carecer de papeles ; el internamiento de menores involucrados en las redes de tráfico de personas se basa en querellas acompañadas de documentos probatorios emitidos por autoridades estadunidenses, mientras en cuatro ciudades «no se ha conformado un Grupo Beta de protección a migrantes».
El Sistema DIF informa en el texto que de 1998 a 2003, recibió en la red de albergues de tránsito que opera 42 mil 342 niños. Solamente en los correspondientes a Tijuana atendió a mil 936, mientras en Nogales se albergaban mil 154. Del total, 70 por ciento son varones, y en su mayoría de entre 13 y 17 años de edad ; 13 por ciento tienen de 6 a 12 años y un cuatro por ciento más, de 0 a 5 años.
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