Miles de bolivianos reclaman en La Paz una explotación justa de los recursos energéticos del país

LA PAZ.- Miles de bolivianos se han concentrado en La Paz para reclamar mayores beneficios para el país por la explotación del gas, mientras en la vecina ciudad de El Alto se inició una huelga indefinida en medio de rumores de golpe de Estado.

La histórica plaza San Francisco fue escenario de un mitin encabezado por el líder del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, con el que concluyó una marcha iniciada hace una semana para exigir modificar la recién promulgada ley de hidrocarburos para asegurar más beneficios al Estado en el negocio petrolero.

En la última escala de una marcha de 200 kilómetros, los seguidores del MAS descendieron desde El Alto hasta La Paz, donde se les unieron maestros, comerciantes minoristas, estudiantes universitarios, mineros y campesinos.

Con motivo de las protestas, la policía reforzó la seguridad en los accesos a la plaza donde tienen sus sedes el Gobierno y el Congreso y lanzó gases lacrimógenos y agua ante la acción radical de un grupo de comerciantes, único incidente de una jornada pacífica.

Ante algunos rumores de golpe de Estado lanzados por los dirigentes sindicales, el ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, descartó esa posibilidad, negada también por las Fuerzas Armadas el domingo al ratificar su vocación democrática.

Más dinero para el Estado

En su discurso, Morales reclamó de nuevo que la Ley de Hidrocarburos aprobada el pasado día 17 sea modificada en el Parlamento para que las petroleras paguen el 50% de regalía, que es un pago fijo para la explotación, y se logre así la mitad de beneficios del negocio para el Estado.

Pese a haber reconocido en días recientes que Bolivia tiene necesidad de la inversión de las petroleras, Morales pidió al presidente Carlos Mesa que ejerza «el derecho de propiedad» sobre los hidrocarburos y ordene al Ejército la toma de campos petroleros.

Morales justificó su exigencia por una postura expresada recientemente por el Tribunal Constitucional, que puso en duda la legalidad de los contratos firmados en la década de los años noventa entre el Estado y las firmas extranjeras, por no tener el aval del Congreso.

El líder de los productores de coca dijo que la lucha por la recuperación de los recursos naturales «no solamente es en Bolivia, sino en todo Latinoamérica».

América Latina «no necesita al imperio (Estados Unidos) ni al Fondo Monetario Internacional para vivir con dignidad», subrayó Morales, quien puso como ejemplo a Cuba y a Venezuela.

Movilizaciones programadas

El mitin en la plaza San Francisco dio el pistoletazo de salida a una semana marcada por la huelga general indefinida que comenzó en El Alto convocada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa ciudad para forzar al Gobierno a que cumpla con sus demandas, entre las cuales está la nacionalización de los hidrocarburos.

«Demandamos que se dé cumplimiento a la ’agenda de octubre’» de 2003, dijo el dirigente de la Fejuve Abel Mamani en alusión a los reclamos de los manifestantes que obligaron a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Mamani aclaró que sus exigencias son la recuperación e industrialización de los hidrocarburos, actualmente explotados por multinacionales y el enjuiciamiento del ex mandatario por la muerte de 60 personas durante la revuelta que precedió su salida del poder.

Los convocantes de la huelga de El Alto, al igual que los organizadores de concentración en La Paz, coinciden en rechazar la convocatoria de un referéndum autonómico en Santa Cruz, en coincidencia con la próxima elección de prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos del país, prevista para el 12 de agosto.

Unos y otros consideran que la Asamblea Constituyente, cuya instalación está prevista para este año, debe ser el foro de discusión del posible establecimiento del régimen autonómico en el país, al que no se oponen.

Evo Morales, uno de los últimos en tomar la palabra en el mitin, opinó que el referéndum de Santa Cruz, la región más pujante del país, es la iniciativa de un grupo de «oligarcas que quieren dividir a Bolivia».

Roman Loayza, el dirigente campesino que encabezó la marcha hacia La Paz, dio un plazo de cuatro días al Congreso para tomar decisiones sobre los hidrocarburos y la convocatoria a la Constituyente, aunque el Parlamento reanudará sesiones la próxima semana.

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