Madrid : Unas 400 personas piden ante la Delegación del Gobierno que se investigue la muerte de un hondureño en una comisaría

Alrededor de 400 personas, según los convocantes, se han concentrado hoy ante la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid para pedir el esclarecimiento de la muerte del ’sin papeles’ hondureño que falleció el pasado 14 de octubre en una celda de la comisaría de la Policía Nacional de Getafe, que según la versión de las autoridades se debió a un suicidio

Alrededor de 400 personas, según los convocantes, se han concentrado hoy
ante la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid para pedir el
esclarecimiento de la muerte del ’sin papeles’ hondureño que falleció el
pasado 14 de octubre en una celda de la comisaría de la Policía Nacional
de Getafe, que según la versión de las autoridades se debió a un suicidio

Al grito de ’No más muertes por papeles’ y ’Justicia para Alfonso’, los
concentrados, la mitad de ellos inmigrantes, pidieron también a la
Delegación que termine con el «acoso policial» que sufren los ’sin
papeles’ y contra las redadas para pedir documentación a los inmigrantes.

De hecho, el portavoz de la plataforma, Gustavo Álvarez, anunció a Europa
Press que antes del miércoles se reunirán con la delegada del Gobierno en
Madrid, Soledad Mestre, para tratar todos estos temas, pero especialmente
el caso del inmigrante fallecido en comisaría.

Asimismo, reveló que le plantearán la posibilidad de que denunciar ante la
Justicia al partido Frente Nacional por los carteles propagandísticos ’Los
españoles, primero’ que en las últimas semanas han colocado por paredes y
sucursales bancarias de la capital. «Creemos que son xenófobos y racistas,
alientan e incitan a la violencia contra los inmigrantes», señaló.

LOS HECHOS

Según Álvarez, en la medianoche del pasado 14 de octubre Alfonso y su
primo Ricardo paseaban por Getafe cuando una patrulla de la Policía Local
de Getafe les pidió la documentación. Como carecían de ella y ante una
posible situación irregular en territorio español fueron llevados a la
comisaría de la Policía Nacional. Allí, después de tomarles declaración,
fueron conducidos a dos celdas. A las 5.30 horas del martes un funcionario
policial encontró al primero sin vida. Posteriormente, su primo fue
trasladado al CIE de Aluche, donde aún permanece, con una orden de
expulsión del país.

«En la detención ya se producen las primeras irregularidades, pues los
agentes municipales no tienen facultades para detener a inmigrantes sin
papeles. Ni siquiera la cadena de custodia se cumple», señaló el portavoz,
que achacó toda esta situación a la «nefasta» Ley de Extranjería española
y la «infame y cruel» directiva europea de la inmigración «directiva de la
vergüenza apoyada por los eurodiputados del PSOE, salvo honrosas
excepciones».

Sobre las causas de la muerte, el portavoz de la familia expresó sus dudas
de que se deba a un suicidio, fruto de la asfixia producida por sus
propios pantalones, por lo que solicitó un nuevo informe forense, «ya que
en el primer ítem se habla de una asfixia por ahorcamiento, luego sólo
asfixia y después asfixia por ahorcamiento inacabado».

Igualmente, denunció la «falta de medidas para garantizar la seguridad» en
los Centros de Internamiento de Inmigrantes y la «violación de derechos»
de su otro primo «aislándolo y no dejándole ir al funeral de su primo».
«Ricardo tiene mucho miedo de que le pueda ocurrir algo parecido. Ahí no
hay ninguna persona que pueda garantizar los derechos de los detenidos. No
todos los agentes son iguales, pero algunos tratan de hacer de ellos la
Ley», apostilló el portavoz de la familia, Marcos Trejo.

Aparte de la nueva explicación forense, la familia del fallecido también
pidió el visionado de las cámaras de seguridad desde la llegada de los
detenidos hasta el hallazgo del cadáver por parte de un policía, que ya ha
declarado ante el Juzgado número 5 de Getafe, que es el que lleva el caso.
Según el portavoz de la plataforma, la celda de Alfonso se encontraba en
frente de la garita policial. También, solicitaron que aparezcan los
pantalones con los que supuestamente se quitó el fallecido, así como el
resto de los objetos personales que portaba en su arresto.

Por otro lado, señalaron que Ricardo, que puede dar su versión de los
hechos al encontrarse en una celda cercana a la de su primo fallecido, «se
encuentra aún noqueado» en el CIE y con miedo a hablar «ya que hay dos
policías vigilan cuando un interno con el exterior, a parte de la presión
psicológica a la que se ven sometidos». «Lo poco que ha dicho ya está en
conocimiento de nuestro abogado. No se siente seguro y está a la espera de
salir, aunque sea expulsado a su país, para hablar con garantías», indicó.

DENUNCIÓ EN ABRIL A DOS POLICÍAS POR AGRESIÓN

El portavoz de la familia reveló que el fallecido había denunciado en el
mes de abril a dos policías de Getafe por agredirle en una comisaría «del
que existe un parte médico que lo justifica, y que portaba en el momento
de la detención del día 14». «Creemos que se deben depurar
responsabilidades», exigió Álvarez.

Trejo afirmó que el fallecido tenía 29 años y trabajaba en una empresa de
montaje y desmontaje de escenarios y reveló que «tenía miedo de ser
detenido». Llevaba en España tres años y medio. Estaba casado, tenía dos
hijos, aunque convivía con otras persona ecuatoriana en Getafe. Por su
parte, Ricardo, de 21 años, era comercial y llevaba el mismo tiempo en
España. «Estaban en trámites para conseguir la residencia porque tenían
sus familias en este país», señaló.

«La política represiva asentada en la Ley de Extranjería y de la
’Directiva de la Vergüenza’ se traduce a la detención de casi 3.500
personas inmigrantes cada mes y asistimos a la consolidación de los
términos más excluyentes y represivos en derechos, tales como el
reagrupamiento familiar, el reglamento de expulsión, procedimientos de
inadmisión abreviado y expeditivos ; y en la acotación arbitraria al asilo.
Esta reducción de derechos de los inmigrantes se traslada en el acoso
policial permanente en los barrios de las ciudades, con redadas desmedidas
e identificaciones arbitrarias, sin respetar los mínimos y elementales
derechos humanos», manifestaron.

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