En España más de 30.000 niños y niñas están sometidos a medidas de protección. Muchos de ellos viven en centros de menores y otras instituciones. Además 2.000 niños y adolescentes cada año cumplen condenas judiciales en centros de reforma.
En los últimos cinco años, al menos trece niños han muerto en estos centros. Estas muertes son el más dramático síntoma de la incapacidad del sistema de protección para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, que además, proceden de los sectores sociales más desfavorecidos.
Con esta concentración queremos poner en evidencia la grave situación por la que atraviesa el sistema de protección y reforma de la infancia en España y las difíciles condiciones de vida en las que se ven obligados a crecer estos niños y niñas que pasan su infancia institucionalizados en distintos centros.
Queremos expresar nuestra solidaridad con ellos y reclamar la responsabilidad y compromiso de toda la sociedad para con estos niños y jóvenes.
Estos adolescentes denuncian que son maltratados, que se violan sistemáticamente sus derechos básicos. Cacheos integrales, aislamiento, celdas de contención, sometimiento a reglamentos arbitrarios y abusivos, intervención de las comunicaciones, abuso de la violencia, prescripción de psicofármacos sin control… Sus denuncias no suelen ser tomadas en cuenta, por lo que se sienten doblemente maltratados y desamparados.
Todo esto, unido a la privatización de los centros, el permanente objetivo de reducir costes, de minimizar riesgos para las entidades, la falta de transparencia, la exclusión de las propias familias y de las organizaciones sociales, las malas prácticas, la falta de preparación de algunos educadores… impide la satisfacción de las necesidades reales de los chavales y encubre los intereses de quienes gestionan el modelo actual de intervención sobre la infancia más desfavorecida y vulnerable.
ANTE LA LAMENTABLE SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE MENORES EN EL ESTADO, MANIFESTAMOS :
PRIMERO : que la cifra de 13 niños muertos en estos centros, gestionados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas en los últimos cinco años es absolutamente intolerable. La Administración tiene que responder de la muerte de los niños que tiene a su cargo.
SEGUNDO : la realidad ha demostrado que la figura del Ministerio Fiscal resulta claramente ineficaz para cumplir con el cometido legal de supervisar la actuación de la Administración Pública en materia de menores, reclamando por tanto, la necesidad de que exista un control Judicial, así como un control por parte de las familias y entidades sociales conocedoras de la realidad de estos niños y niñas.
TERCERO : consideramos inconstitucional la gestión privada de la privación de libertad. Se ha creado un modelo que facilita que la guarda de estos niños suponga un negocio para algunas de las mal llamadas “entidades sin ánimo de lucro”.
CUARTO : el informe del Defensor del Pueblo presentado el pasado mes de marzo pone en evidencia la gravísima situación en la que se encuentran los niños y niñas internos en los centros investigados. Sus conclusiones nos reafirman en la exigencia del cierre de estos centros como venimos reclamando desde hace años. Urge el cambio de modelo en la atención terapéutica a esos niños.
QUINTO : tenemos la obligación de cuidar diligentemente a nuestros niños y niñas, de modo que tengan la oportunidad de crecer en entornos que respeten sus necesidades vitales. Nuestra sociedad está capacitada para crear alternativas y recursos de protección y atención adecuada a nuestros niños, adolescentes y jóvenes siempre que se respeten sus necesidades reales y no se encubran intereses de otras naturalezas.
![[Fotos] 1º de Mayo](https://rojoynegro.info/wp-content/uploads/2021/05/huesca-2-334x250-383x276-c-default.png)
