La ONG internacional Human Rights Watch tiene previsto presentar hoy un polémico informe en el que denuncia violencia y abusos sexuales por parte de cuidadores en dos centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias : La Esperanza, en Tenerife (con 200 menores), y Arinaga, en Las Palmas (con 135 menores), ambos dependientes del Gobierno autónomo. El informe levantará polémica porque sus conclusiones están basadas en declaraciones sin contrastar de menores no identificados.
Pregunta. Ustedes titulan su informe España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias. ¿Cómo han llegado a esa conclusión ?
Respuesta. España ha respondido a la llegada a Canarias de un número sin precedentes de menores de una forma que viola el derecho internacional de esos niños. Concretamente, porque los que se encuentran en los centros de emergencia continúan en peligro de sufrir maltratos y abusos. Nosotros hemos establecido los hechos y documentado los abusos. Y nadie parece sentirse responsable de lo que está ocurriendo, ni el Gobierno de Canarias ni el Gobierno central.
P. Ustedes hablan de palizas, calabozos y abusos sexuales en centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria. ¿De unos menores sobre otros o de los cuidadores sobre los menores ?
R. De los cuidadores sobre los menores, en particular sobre los más pequeños.
P. El informe está basado sobre todo en lo que le contaron los menores, que no aparecen identificados.
R. Tratamos sus testimonios como acusaciones, pero los consideramos muy seriamente. En especial algunos muy coherentes. Por ejemplo, cuando distintos chicos hablaban de los mismos hechos de una manera muy detallada y desde perspectivas diferentes. Algunos tenían cicatrices y marcas visibles en el rostro.
P. ¿Usted les concede total credibilidad ?
R. Respecto a los abusos y malos tratos en el centro de Arinaga, en Gran Canaria, los consideramos acusaciones y los denunciamos en la Fiscalía de Las Palmas.
P. ¿Qué les respondió ?
R. En realidad denunciamos los hechos ante dos instancias : la Dirección General del Menor de Canarias, que ostenta la tutela de los niños, y la Fiscalía de Las Palmas. La Dirección General del Menor contestó que sólo podía actuar si le proporcionábamos los nombres de las supuestas víctimas y de los supuestos autores.
P. ¿Por qué no se los dieron ? ¿No se fiaban de él ?
R. No se los dimos porque no sabemos lo que las autoridades van a hacer con esa información y porque tememos que los niños sean víctimas de una venganza por parte del personal del centro, a varios de cuyos miembros acusan como autores de esos delitos.
P. Pero al menos podían haberle dado los nombres de los supuestos autores de los malos tratos.
R. No, porque en ese caso podrían demandarnos. Señalarlos con el dedo nos convertiría en responsables legales.
P. ¿Y la fiscalía qué respondió ?
R. Abrió una investigación y concluyó que no podía constatar ninguna de las acusaciones que recogemos en el informe. Pero nos preocupa el método que ha utilizado para investigar estos hechos.
P. ¿Por qué ?
R. No llevaron intérpretes y, aparentemente, sólo hablaron con los niños en grupo, lo que pudo inhibirles. Sabemos cómo hicieron su investigación porque nos enviaron una copia del informe. Un grupo de chicos incluso les dijo que no quería hablar por miedo a que otros muchachos se chivaran a la dirección del centro. Por eso hemos enviado a la fiscalía una carta en la que le pedimos otra investigación.
P. Dice que no facilitó a las autoridades los nombres de los presuntos agresores ni de las supuestas víctimas por miedo a que éstas sufrieran represalias. ¡Pero si, según usted, las estaban golpeando, torturando y violando ! ¿Qué más les podían hacer ?
R. En principio, hablamos de abusos sexuales en el centro de Arinaga, no de violaciones, porque no tenemos constancia de ellas. No quiero dar a entender que todos los niños están siendo sometidos a abusos sexuales. En La Esperanza, los niños me dijeron que allí los malos tratos terminaron un mes antes. Pero está claro que los miembros del personal que supuestamente habían participado en esos hechos continuaban en el centro.
P. Usted obtuvo los testimonios en enero y los hace públicos ahora, siete meses después. ¿No se siente responsable de lo que hayan podido sufrir esos muchachos durante tanto tiempo ?
R. Lo denunciamos a la Fiscalía de Las Palmas, que tiene la responsabilidad de investigar.
P. Pero la fiscalía no encontró nada de lo que afirman.
R. Hoy mismo [por el martes] nos hemos reunido con la Fiscalía General del Estado, en concreto con Joaquín Sánchez Covisa, fiscal del Tribunal Supremo coordinador de Extranjería, y con José María Paz Rubio, fiscal de Sala y coordinador de temas de protección. Y ellos mismos se han quedado un poco sorprendidos del método empleado por la Fiscalía de Las Palmas y preocupados porque no haya detectado una situación así. Van a pedirle un informe de cómo ha hecho la investigación, cómo están estos centros y qué es lo que está pasando en ellos.
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