En los últimos meses se está produciendo un alarmante incremento de la ofensiva contra el movimiento social en México y en particular contra las comunidades zapatistas y la autonomía indígena que hacen temer un avance de la estrategia de la guerra en Chiapas.
El hostigamiento a las comunidades indígenas zapatistas nunca ha cesado en estos 14 años, pero en los últimos tiempos la situación es especialmente preocupante. Se consolida el acoso constante a las comunidades y sus gentes, con toda clase de prácticas policiales, judiciales, militares y paramilitares, en total impunidad : agresiones, desalojos, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, tortura, ataque la las cooperativas autónomas, cerco informativo, provocaciones con objeto de incitar conflictos entre indígenas…
Dentro de este incremento de hostilidades, lo último hasta el momento, ha sido la incursión militar de 200 soldados que intentaron entrar en los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, pertenecientes al Caracol de La Garrucha y que fue rechazada por sus habitantes. Los soldados, dijeron que volverían en 15 días.
El gobierno mexicano pretende desalojar a las comunidades indígenas de sus tierras, para poder explotar las riquezas naturales del país así como a sus habitantes, destinados, según sus planes, a ser mano de obra barata. Para ello utilizan todo tipo de estrategias, incluida la creación de “Nuevas Áreas Naturales Protegidas” disfrazando de falso interés por el cuidado del medio ambiente, lo que es en realidad un saqueo de los recursos naturales y humanos y forma parte de una política de destrucción y muerte.
El gobierno mexicano elige el camino de la fuerza y la represión brutal ante cada disidencia, protesta y resistencia social en el país. Durante el mes de febrero de 2008 la CCIODH (organismo independiente internacional) ha visitado por sexta vez México, concluyendo, tras su investigación, que la situación de los derechos humanos en México es extremadamente crítica. La magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas.
España es el segundo país inversor en México después de EEUU, y, además de las multinacionales españolas del sector de la energía que como Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gamesa, AENOR o Acciona Energía, sostienen y alientan estas políticas devastadoras para el medio ambiente y para el pueblo mexicano, empresas como OHL (Obrascon-Huarte-Lain) participan en proyectos de construcción de plantas desaladoras que sirven más a los desarrollos turísticos y de industrias, que a las necesidades de los habitantes de la región, como ocurre en Baja California Sur.
Por todo ello, denunciamos a las multinacionales españolas por :
Y les exigimos enérgicamente que salgan del territorio mexicano y dejen a los pueblos disponer de sus tierras y de sus vidas.
Fuente: Secr. de Rel. Int. CGT