El 28 de mayo se conmemora el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, una fecha poco conocida y propuesta hace 26 años por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) para denunciar especialmente las altísimas tasas de mortalidad materna en el mundo.

El derecho de las mujeres a gozar de una salud integral a lo largo de todo nuestro ciclo vital, es un derecho humano universal reconocido internacionalmente. Sin embargo, muchas mujeres no pueden acceder a una atención primaria ni tienen garantizados sus derechos en salud reproductiva y sexual.

El derecho de las mujeres a gozar de una salud integral a lo largo de todo nuestro ciclo vital, es un derecho humano universal reconocido internacionalmente. Sin embargo, muchas mujeres no pueden acceder a una atención primaria ni tienen garantizados sus derechos en salud reproductiva y sexual.

En este contexto, ahora mismo en este país, las mujeres estamos sufriendo un grave recorte de nuestros derechos. Unas veces con la excusa de la crisis económica y otras por las presiones de sectores ultraconservadores como la jerarquía de la Iglesia Católica, el caso es que ahora mismo se debate la reforma de la Ley del Aborto, lo que supone que se está poniendo en tela de juicio nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra vida reproductiva y cuándo queremos ser madres.

Queremos poner de manifiesto la hipocresía del gobierno y de los sectores ultraconservadores de la sociedad:

Cuando se habla de la Ley de supuestos, se está poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres. La propuesta del Gobierno, a través del ministro de justicia, de recuperar la Ley de supuestos significa retroceder en libertades, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres, es decir, quieren obligarnos a llevar adelante un embarazo aún cuando “el feto tenga graves minusvalías o malformaciones”. Un despropósito poco entendible que no se puede permitir

La reforma que se propone supondrá un aumento de los abortos clandestinos, especialmente entre las jóvenes

La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se hacen en el sistema privado de salud; solo el 3% de interrupciones se hace en el sistema público. Esto supone una gran desigualdad. Mujeres con menos recursos, inmigrantes, personas consideradas por el gobierno como “ilegales”, jóvenes, mujeres que viven en zonas rurales o en zonas urbanas desfavorecidas, minorías étnicas, etc no tienen garantizado su derecho a la salud en un sistema público, no todas tenemos las mismas posibilidades económicas ni sociales

Hay grandes desigualdades entre territorios a la hora de acceder al derecho a la salud: en comunidades como Navarra no se aplica la ley y en el caso de las mujeres inmigrantes no podremos interrumpir el embarazo en la sanidad pública

Los recortes laborales y sociales y los despidos masivos, castigan especialmente a las mujeres. Estar embarazada sigue siendo causa de despido en muchas empresas.

No deja de ser chocante que la secretaria de un alto cargo de Gallardón fuese despedida hace unos años por esta misma causa

Esos mismos recortes están dificultando la conciliación de la vida familiar y laboral

Además se recortan las ayudas a la dependencia y los cuidados a personas con dificultades vuelven a recaer en las mujeres

Se han abandonado todas las políticas de prevención, cerrado centros de planificación familiar, no sabemos cómo va a afectar el repago a la píldora del día después…

Existen grandes presiones por parte de sectores ultraconservadores y la jerarquía de la Iglesia Católica. Éstos siempre han estado obsesionados con el control de nuestros cuerpos porque entienden que las mujeres somos propiedad de los varones y que no estamos capacitadas para tomar decisiones

Ante esta realidad, el Grupo de Acción Derecho a Decidir, constituido por diferentes asociaciones y colectivos que trabajamos por los Derechos de la Mujer, EXIJIMOS:

Que se respete el derecho de las mujeres a decidir: la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que debe tomar cada mujer libremente, sin ningún tipo de coerción

Que se garantice el derecho de acceso a un sistema sanitario público, de calidad, gratuito y universal a todas las mujeres, independientemente de nuestro origen o clase social y del territorio en que residamos

Que se establezcan políticas reales y efectivas de planificación familiar, incluidas en la seguridad social, y protección frente a enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH/SIDA

Que en el sistema educativo se incluya la educación en igualdad, con materias que aborden las relaciones afectivos‐sexuales

Que haya formación específica en estas materias para el personal sanitario, educativo y de servicios sociales

Que tanto las mujeres que decidamos interrumpir nuestro embarazo como el personal que lo realiza, tengamos seguridad jurídica plena

Tenemos derecho a ejercer nuestra salud sexual y reproductiva de manera sana, libres de violencia y coerción, y a buscar y sentir el placer sin culpas.

Sr. Gallardón, representantes de la Conferencia Episcopal, patriarcas en general.., NO VAMOS A PEDIR PERMISO PARA SER LIBRES; YA LO SOMOS Y POR ESO LUCHAMOS.

Grupo de Acción Derecho a Decidir

g.derechoadecidir@hotmail.com

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Fuente: Grupo de Acción Derecho a Decidir