Varias organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron para este viernes una concentración para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en Colombia y en protesta por la llamada política de ’seguridad democrática’ del presidente, Alvaro Uribe, con motivo de su viaje a Madrid para asistir el sábado a la boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz.
La concentración ciudadana ha sido convocada a partir de las 12.30 horas del viernes frente a la sede del Banco de España, muy cerca del Hotel Ritz, donde está previsto que el presidente Uribe participe una hora después en una conferencia-almuerzo, auspiciada por ’The Wall Street Journal’ y el Foro de la Nueva Economía.
«Deseamos hacer pública nuestra preocupación por la invitación del presidente Uribe a nuestro país, que le brindará una importante tribuna desde la que legitimar bajo el paraguas de su ’política de seguridad democrática’ los crímenes de lesa humanidad que los agentes estatales cometen en complicidad con los grupos paramilitares y el progresivo deterioro de las libertades ciudadanas en Colombia», indican los convocantes en un comunicado.
Horas antes habrá una rueda de prensa en la que intervendrán César Carrillo, representante de la Asamblea Internacional por la Paz en Colombia ; Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional ; Enrique Santiago, secretario general de CEAR ; Fran Pérez, responsable del departamento Internacional y de Derechos Humanos de Izquierda Unida ; Eladio Villanueva, secretario general de la CGT, y Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción.
Los convocantes recuerdan que todos los organismos internacionales y las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado en reiteradas ocasiones el «progresivo deterioro» de la situación de Derechos Humanos y libertades ciudadanas en Colombia, como consecuencia de la política de ’seguridad democrática’ y del ’Estatuto antiterrorista’ impulsados por el Gobierno de Uribe.
«EXTENSION DEL CONFLICTO ARMADO»
Así, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch aseguran que la llamada política de ’seguridad democrática’, que fue rechazada masivamente por los electores colombianos en el referéndum celebrado el 25 de octubre de 2003, y con la que supuestamente se trata de combatir el terrorismo, «supone una extensión del conflicto armado a la población civil, en quien se delegan funciones de seguridad que son propias del Estado».
En este sentido, criticaron que su puesta en marcha se tradujo el pasado año en un «preocupante aumento» del número de denuncias de «detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la intimidad», tal como asegura textualmente el Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en este campo en Colombia.
Sobre el ’Estatuto Antiterrorista’, aprobado el 10 diciembre de 2003, aseguran que es «contrario» a las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de otros órganos internacionales competentes, ya que «permite capturas sin orden judicial, restringe la libre circulación de personas y otorga a los militares facultades de policía judicial».
Por este motivo, consideran que el balance de la política de Uribe en materia de Derechos Humanos es «aterrador», al recordar que sólo el año pasado se registraron «5.862 víctimas de violación a sus DDHH, y 4.457 personas que perdieron la vida en relación al conflicto, de las que 1.349 muertes fueron violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes directos o indirectos del Estado».
Además, 140 personas fueron desaparecidas forzadamente por agentes directos o indirectos del Estado, y otras 42 por parte de actores no identificados «aunque dejando ver claros móviles políticos». Otras 1.191 personas fueron detenidas arbitrariamente, «en violación de múltiples normas legales y con claros móviles de represión política».
Ante estos datos, los convocantes aseguran que Uribe ha incumplido el acuerdo suscrito con los países donantes y Naciones Unidas para aplicar 24 recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. «Colombia es, bajo su mandato, uno de los países más peligrosos para los defensores de los Derechos Humanos. Por no hablar de los sindicalistas, colectivo del que Amnistía Internacional recoge 80 asesinatos o ’desapariciones’ solamente en 2003», concluyen.
Par : Europa Press
