Los próximos 7 y 8 de junio se convocan paros parciales contra la realización, en los centros seleccionados en Andalucía, de las llamadas “reválidas”. Dichas pruebas solo tendrán carácter muestral y finalidad diagnóstica y se pasarán al alumnado de 6º de Primaria y 4º de la ESO.
En cumplimiento de los dictados normativos de la LOMCE, y mientras no haya un “Pacto de Estado” por la Educación, las llamadas “reválidas” no tendrán el carácter académico que la misma les confiere. Dichas pruebas se realizarán durante los días 7 y 8 de junio y evaluarán diferentes aspectos según la etapa. En Primaria comprobarán la adquisición de las competencias lingüística (incluyendo la primera lengua extranjera), matemática y de ciencia y tecnología. En la ESO, en lugar de esta última, se evaluará la competencia social y cívica.
En cumplimiento de los dictados normativos de la LOMCE, y mientras no haya un “Pacto de Estado” por la Educación, las llamadas “reválidas” no tendrán el carácter académico que la misma les confiere. Dichas pruebas se realizarán durante los días 7 y 8 de junio y evaluarán diferentes aspectos según la etapa. En Primaria comprobarán la adquisición de las competencias lingüística (incluyendo la primera lengua extranjera), matemática y de ciencia y tecnología. En la ESO, en lugar de esta última, se evaluará la competencia social y cívica.
A pesar de que, a finales del año pasado, el gobierno aseguró que se eliminaban, lo que ha hecho es anular los efectos académicos de las mismas.
Desde CGT denunciamos que las “reválidas” son una manera de cuestionar la labor del profesorado, poniendo en duda su evaluación. Además, su preparación supone una sobrecarga para el mismo, ya que implica que tienen que haber acabado el temario cuando aún no han terminado las clases.
Su realización supone un gasto inútil de dinero, mientras no se recuperan las partidas presupuestarias dedicadas a la educación pública. Como ejemplo, decir que solo la prueba de Secundaria supondrá un coste de 2,3 millones de euros en todo el país. CGT reitera la petición de eliminación de la AGAEVE, agencia encargada de su diseño y corrección, cuyo mantenimiento supone millones de euros, unos 5 anuales desde su creación en 2007, que podrían invertirse, por ejemplo, en la recuperación de plantillas docentes.
Los resultados de las pruebas supondrán una guía para comparar centros y, aunque no se hagan rankings oficiales, para que se publiciten los que mejores calificaciones obtengan.
Por todo ello, informamos a los padres y madres que ninguna de estas pruebas es de obligada realización, al carecer de consecuencias académicas. El alumnado y sus familias tienen derecho a negarse a hacerlas, sin que esta decisión suponga para ellos ninguna discriminación ni consecuencia negativa.
CGT reivindica la eliminación de estas pruebas de evaluación externa, al tiempo que hace un llamamiento a la comunidad educativa para que no colabore en su realización. No son pruebas obligatorias, no tienen valor académico alguno y, por tanto, si las familias y el alumnado se niegan a hacerlas, no pasa absolutamente nada. Suficiente prueba diagnóstica es la evaluación continua que el profesorado realiza. Estas pruebas no nos van a decir nada que no sepamos, porque lo que hace falta son: ratios más bajas, más apoyos y refuerzos, que se sustituya al profesorado de baja de forma inmediata, y la recuperación e incremento de las plantillas docentes. Si lo que se pretende es diagnosticar el estado de la educación, que le pregunten al profesorado.
Fuente: CGT-Educación
