Artículo de opinión de Rafael Cid
“¡Qué maravilla! ¡Cuánta variedad de lo mismo!”
(El Roto)
“¡Qué maravilla! ¡Cuánta variedad de lo mismo!”
(El Roto)
En estos momentos el país es un inmenso tribunal. En sus cuatro puntos cardinales apenas queda institución, partido político, sindicato representativo o familia ideológica que no tenga que rendir cuentas ante la justicia. Unos, el hemisferio izquierdo, por trincar dinero público, y otros, el flanco derecho, por afanar dinero privado. Amigos de lo ajeno, todos. La forma burda y golfa de socializar pérdidas y privatizar ganancias desde sus respectivas esferas de poder. Asistimos al proceso a un régimen que se encuentra al final de la escapada y que ensaya una Segunda Transición, ahora como farsa, al consensuar una amnesia recíproca PP-PSOE (¡señor, perdónales porque si saben lo que hacen!) donde antes hubo amnistía a dos bandas. Que eso es lo que significa la autofagia de Ferraz: la reacción devorando a sus hijos. Por cierto, atronador silencio el de las cúpulas de CCOO y UGT que nada han dicho sobre el “tamayazo” de los barones socialistas con el fin entronizar en el gobierno a Mariano Rajoy, campeón de recortes sociales y laborales.
Veamos. Pendientes de sentencia, tenemos el proceloso caso Nóos, que afecta a la Familia Real, o el asunto Marea, la trama con epicentro en el gobierno socialista de Asturias (con un consejero en prisión tras su estallido), aunque el tema siga siendo el gran tapado de la prensa nacional. En fase de instrucción está Pokémon, la tangentópolis gallega que gangrena al PSOE y salpica al PP en aquella comunidad, o Púnica y Taula, los sumideros de corrupción de los conservadores en Madrid y Valencia. Con petición fiscal y a la espera de señalamiento de vista oral, el astronómico desfalco de los ERE (24 altos cargos del PSA y dos ex presidentes), en donde están comprometidos unos 800 millones de euros gestionados por la Junta de Andalucía, también con curiosa condescendencia mediática. Y ya en plena audiencia pública, el macroescándalo Gürtel (15 dirigentes del PP y dos ex tesoreros), madre de todas las fechorías, donde se dirimen responsabilidades de Génova 13 por financiación ilegal. Y ya en la periferia, el “caso Pujol” sigue su marcha escoltado por esa policía patriótica que anida en las alcantarillas de Interior. Montescos y capuletos juntos y revueltos, con un hecho diferencial sustantivo. Mientras los sumarios que afectan a los restos del bipartidismo dinástico (PP-PSOE) no tienen consecuencias hacia dentro de las organizaciones, Convergencia y Unió (CiU), la coalición tutelada por el “molt honorable” ha debido ingresar en la uvi para su refundación.
Pero el caso que por la biodiversidad de su fauna mejor refleja la imagen del latrocinio y la desfachatez urbi et orbi, el auténtico paradigma del patio de monipodio en que se ha convertido la Marca España, es el de las tarjetas black de Caja Madrid- Bankia: un corralito de notables donde están todos los que son y son todos los que están. Casta y corte juntas en el banquillo de la Audiencia Nacional. La imagen coral de la apertura de juicio por las tarjetas black de Caja Madrid constituye el acta notarial de metástasis delincuencial que corroe al régimen. No tanto debido a las cantidades presuntamente defraudadas, importantes por el importe de lo detraído por cada procesado, sino por la personalidad, diversidad y representatividad de las personas bajo el foco de los jueces. Un nutrido elenco que incluye a la clase política, la sindical, la patronal, el mundo de los negocios y miembros de la Casa Real. Todos con las manos en la pasta.
Pasemos lista. Están los respectivos presidentes de la entidad antes de ser privatizada, Miguel Blesa por Caja Madrid, y después, Rodrigo Rato por Bankia; dirigentes de Comisiones Obreras (Rodolfo Benito, Francisco Baquero y dos más) y de la Unión General de Trabajadores (José Ricardo Martínez y otros dos ); de la patronal (Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández y Francisco Javier López Madrid); del Partido Socialista Obrero Español (Ramón Espinar, José Acosta Cubero, Virgilio Zapatero y ocho más), del Partido Popular (Jesús Pedroche Alberto Recarte, Ricardo Romero de Tejada y doce más) y de Izquierda Unida (José Antonio Mora Santín y Roberto Cruz Orive); y hasta el entonces jefe de la Casa Real (Rafael Spottorno). Un total de 63 ex directivos y ex consejeros de la corporación financiera, todos ellos acusados de apropiación indebida y administración desleal.
Los cargos a los que deben responder se concretan en el uso y abuso de unas tarjetas opacas desde el año 2003 al 2012, partidas que han provocado un quebranto a Caja Madrid-Bankia de 12 millones de euros (inicialmente eran 15,25 millones, pero el periodo del 1999 a 2003 ha prescrito). Aunque no todos los inculpados se lucraron igual. Hubo quien sacó de los cajeros unos pocos miles de euros (Jorge Rábago Juan Aracil, del PP, 8.366 euros) y otros que llegaron a escanciar centenares de miles (hasta 456.500 euros, José Antonio Moral Santín, de IU, cinco veces más dinero que Rato), la mayor parte durante la etapa de Caja Madrid, o sea cuando la entidad era pública.
El caso de José Antonio Moral Santín, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente de Telemadrid en la etapa de Joaquín Leguina al frente de aquella Comunidad, es especialmente revelador sobre los extraños compadreos que a veces practican empresarios y políticos. Santín no solo ocupó la vicepresidencia de Caja Madrid en la etapa de Blesa (al que también superó en gasto con la tarjeta de crédito), con la gran responsabilidad que ese ascendente supone para quien le designó para el cargo, Izquierda Unida, especialmente dado la trascendencia de todo lo acordado por la entidad en esa tortuosa etapa. Sin olvidar que IU gozó de un plus de sobrerrepresentación gracias a los buenos oficios de la misma Esperanza Aguirre. Como es sabido por la filtración de la grabación, la lideresa madrileña comentó «hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa», en referencia a Alberto Ruíz-Gallardón, su rival en la dirección del PP.
Esa bulimia de cargos por parte de la coalición política referente de la izquierda española no se limitó al staff de Caja Madrid, lo que podría haberse considerado como un simple accidente en el camino, un caso aislado. Se repitió en Andalucía cuando IU ocupó la vicepresidencia en aquel gobierno, en la persona del dirigente del PCE Diego Valderas, a pesar de estar ya la Junta bajo sospecha judicial por su implicación en el fenomenal fraude de los ERE. Se trata de un affaire que investiga el desvió irregular de cerca de 800 millones de euros de un fondo destinado a empresas en crisis “de forma deliberada e ininterrumpida durante diez años”.
El proceso al régimen que supone la vista oral de las tarjetas black previsiblemente se va a prolongar hasta finales de año, casi en paralelo con la campaña para las terceras elecciones generales del próximo 18-D. Esta fastidiosa coincidencia (juicio y comicios juntos con las mismas siglas en danza en ambas orillas, con sus “penas de telediario” añadidas) ha provocado maniobras de distracción por las cúpulas de los partidos implicados para intentar zafarse de su responsabilidad orgánica. Criminalizar al sujeto para exonerar al objeto es una vieja práctica del mundo del hampa. Lo hizo Felipe González en el caso de los GAL, al trasladar todo el marrón del terrorismo de Estado sobre las espaldas de un subcomisario, José Amedo, y un inspector de policía, Michel Domínguez, mientras ponía la mano en el fuego por sus superiores José Barrionuevo y Rafael Vera. Lo volvió a repetir “el señor x” cuando culpó de las tramas en el ministerio del Interior y aledaños al director de la guardia civil, Luis Roldán. Y lo acaba de abordar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al afirmar que está convencida de “la honorabilidad y honestidad de Pepe y Manolo” en el caso de los ERE (en referencia a los expresidentes José Antonio Griñán Y Manuel Chaves), añadiendo su deseo en que “la justicia sea implacable con los que verdaderamente lo hicieron, que son hechos que abochornan”.
Peccata minuta (pecados veniales). Historias mínimas. Puede ser. Pero ya se sabe, reunión de pastores, ovejas muertas. La banda del gratis total en Caja Madrid-Bankia trae causa de la reforma de la Ley de Cajas del ministro socialista Carlos Solchaga, que abrió la dirección de esas entidades a la “representación de la sociedad”. Una intrusión legítima que sirvió para facilitar su liquidación por el gobierno de Rodríguez Zapatero con la excusa de que sus incompetentes administradores habían dilapidado sus recursos hasta poner en peligro su supervivencia. Saneamiento (esa fue la expresión utilizada) que dejó en exclusiva todo el mercado financiero a la gran banca, la misma que solía ser generosa en la concesión y condonación de créditos a los partidos y sindicatos más “representativos”.
Por eso, el juicio de las tarjetas black supone el proceso al régimen del consenso. El que ha permitido que la crisis de la banca fuera endosada sobre las espaldas de los contribuyentes, vía ajustes estructurales, recortes regresivos y contrarreformas constitucionales. Dejando hacer, mirando para otro lado, como han demostrado los técnicos de Banco de España en sede judicial al refutar documentalmente lo sostenido por su entonces gobernador, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el antiguo dirigente carrillista Julio Segura. Socializando las pérdidas y privatizando las ganancias a diestra y siniestra, como refleja el hecho paradójico de que Caja Madrid fuera sacada a bolsa (privatizada) por el PSOE y luego rescatada (socializada) por el PP. Tamaña contradicción hace pensar que alguna responsabilidad tendrán la casta de las tarjetas black y sus franquiciadores respecto a los 22.424 millones de euros que costó reflotar el agujero de Bankia.
Dicho todo lo anterior, si redujéramos la corrupción al plano institucional estaríamos desviando la atención de un asunto vital para la sociedad civil. Ciertamente, la no ejemplaridad de la clase dirigente en un régimen jerárquico, donde las decisiones se toman de arriba abajo, es el motor de las tropelías que se cometen, porque se revisten de impunidad. Pero la gente de la calle también tiene su cuota de responsabilidad, por activa, pasiva o in vigilando, y no basta con el infantil recurso al victimismo. Como ha declarado el filósofo José Luis Pardo en una entrevista reciente: << el de la corrupción es un discurso demagógico, pero no deja de ser un problema social que tenemos a nuestro lado, con ese vecino que deja la basura en plena calle>>. Para que todos cambien es necesario que nadie siga igual.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
