Dentro de unos días se van a cumplir 70 años del comienzo de la Guerra Civil y, por el momento, sólo el Govern de la Generalitat ha anunciado que prepara una declaración solemne de condena a la sublevación militar que la provocó.
De otra parte, recordemos que el Congreso de los Diputados aprobó -el 22 de junio con el voto del PP en contra- una proposición declarando 2006 como Año de la Memoria Histórica para “honrar a quienes trabajaron por la democracia”. No obstante, pocos días después no pudo aprobarse, por la oposición del PP en la Junta de Portavoces, una iniciativa de IU instando al Congreso a hacer una declaración institucional proclamando el 18 de julio como día oficial de condena al régimen franquista.
Dentro de unos días se van a cumplir 70 años del comienzo de la Guerra Civil y, por el momento, sólo el Govern de la Generalitat ha anunciado que prepara una declaración solemne de condena a la sublevación militar que la provocó.
De otra parte, recordemos que el Congreso de los Diputados aprobó -el 22 de junio con el voto del PP en contra- una proposición declarando 2006 como Año de la Memoria Histórica para “honrar a quienes trabajaron por la democracia”. No obstante, pocos días después no pudo aprobarse, por la oposición del PP en la Junta de Portavoces, una iniciativa de IU instando al Congreso a hacer una declaración institucional proclamando el 18 de julio como día oficial de condena al régimen franquista.
Lo más sorprendente es que el Congreso de los Diputados, con mayoría «progresista» no haya podido o querido hacer tal condena a pesar de la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa, del 17 de marzo anterior, instando a las instituciones españolas a adoptar «una declaración oficial para la condena internacional del régimen franquista».
Es verdad que, reglamentariamente, la iniciativa de IU no pudo prosperar por la oposición del PP en la Junta de Portavoces ; pero lo que ya resulta sospechoso es que el Gobierno y Zapatero no se hayan hecho eco del texto de condena del franquismo que este 4 de julio leyó el presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borell, en la sesión plenaria de esa Cámara en Estrasburgo.
Por el momento no se sabe si el Gobierno y Zapatero aprovecharán la efemérides del 18 de julio de 2006 para pronunciarse al respecto. El anuncio que acaba de hacer el Govern de la Generalitat, en el sentido de que prepara una «declaración solemne de condena a la sublevación militar» para ser aprobada en la reunión plenaria del martes 18 de julio del Consell Executiu, puede prefigurar algo parecido de parte del Gobierno socialista ; pero tampoco es seguro que éste siga el ejemplo del Govern de la Generalitat.
Sea lo que sea, y a pesar de que 2006 ha sido hasta ahora un año de avances significativos para los grupos y asociaciones que han puesto en marcha el actual proceso contra la amnesia histórica y la continuidad jurídica de la jurisprudencia represiva franquista, la realidad es que aún estamos esperando que el Gobierno socialista y Zapatero cumplan sus promesas al respecto.
Tras un año de tergiversaciones y aplazamientos (Zapatero prometió, a principios de 2006, traer al Parlamento, antes de comenzar el verano, el Informe de la Comisión Interministerial), no sólo no han presentado el Informe sobre la situación de “las víctimas de la guerra civil y del franquismo”, sino que han ido cada vez más manifestando su falta de voluntad para proponer la anunciada Ley de memoria histórica que debía institucionalizar la “completa rehabilitación moral y jurídica” de todas las personas que sufrieron la represión franquista.
Esta vergüenza, que la Justicia de la Democracia siga reconociendo como legal lo legislado y juzgado por los Tribunales represivos de la Dictadura, aún sigue recayendo sobre el Gobierno socialista, pues ha comenzado el verano y el Parlamento ha terminado sus sesiones ordinarias sin que el presidente del Gobierno haya cumplido su palabra, y sin que haya dado una explicación por tal incumplimiento.
Dentro de unos días sabremos a qué atenernos…
Fuente: Octavio Alberola / Antonio Martín Grupo pro revision del proceso Granado-Delgado
