La Confederación General del Trabajo (CGT) vaticina el « fracaso » de la reforma laboral en su objetivo de reducir la siniestralidad y la precariedad, « como ya ha pasado con las anteriores reformas ». Jorge Rubio, el secretario general de la CGT en Castilla y León, estuvo ayer en Zamora para leer la letra pequeña de la nueva normativa y denunciar el abaratamiento de los despidos.
« De aquí al 31 de diciembre de 2007 se abarata el despido al generalizar los contratos de fomento de la contratación indefinida, que contempla 33 días por año trabajado en los despidos improcedentes, cuando en la actualidad son de 45 días ». Además, la reforma concede al empresario « bonificaciones de la Seguridad Social o subvenciones que pagamos entre todos para darles la oportunidad de legitimar ciertas situaciones y quedar bien ».
Rubio fue crítico con los grandes sindicatos, UGT y CC OO, por estar « demasiado metidos en el engranaje capitalista » y formar « parte de la mecánica del sistema ». « Mientras detrás del Gobierno esté el poder económico no se podrá terminar con la precariedad », lamentó.
España es « líder » en temporalidad, con índices que superan el 30% cuando en el resto de los países de la Unión Europea rondan el 14%, según los datos aportados por la CGT. El secretario general habló de « temporalidad fraudulenta », al tratarse de contratos « que debieran ser indefinidos pero que los hacen temporales para tener más sujeto al trabajador o para tener más facilidades a la hora de despedirlo ».
La precariedad es una « consecuencia lógica de décadas de paz social fingida » con la « complicidad de UGT y CC OO », lo que ha provocado un « menor reparto de la riqueza », y « el origen de esto son los Pactos de la Moncloa ».
Entre las cosas positivas, CGT destaca la desaparición del contrato de inserción « que impuso el PP » o el mayor control a las subcontratas.
La organización ha convocado para el sábado una manifestación en Madrid a las seis de la tarde. CGT tiene una tímida representación en la provincia, con delegados en BBVA, Reglero y la Junta de Castilla y León.
Fuente: T. SANTOS/La Opinión
