(Grito de los indignados denunciando el pacto PSOPE-PP que impone el modelo económico neoliberal en la Constitución)
Recordemos como se generó la deriva caníbal. Al principio de la crisis europea el presidente de la CEOE, el muy malhechor Gerardo Díaz Ferrán, sugirió poner la Caja de la Seguridad Social, cerca de 60.000 millones de euros generados por el sudor de varias generaciones de trabajadores, al servicio de la patronal en momentos de vacas flacas.
Era
la época de “estamos en la liga de campeones y vamos hacia el
pleno empleo”, que decía el presidente Zapatero.
Era
la época de “estamos en la liga de campeones y vamos hacia el
pleno empleo”, que decía el presidente Zapatero.
Con
los apuros de una Grecia asediada por los mercados, los acreedores
acariciaron la posibilidad de que la nación helena vendiera sus
islas para hacer frente a los compromisos financieros. Luego,
convertido ya el gobierno de Atenas en diana de depredadores,
sectores del empresariado alemán y de sus instituciones tentaron la
posibilidad de que el rescate se respaldara en divisas oro o poniendo
como aval el mismísimo Partenón.
Se
libraba la ofensiva contra los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y
España), una funesta saga cuyo último episodio hasta ahora busca
cebarse en nuestra la piel de toro. Con mucho menos porcentaje de
deuda en relación al PIB que Alemania y Francia, España va a
reformar en un santiamén la constitución por imposición de Sarkozy
y Merkel. Así eran históricamente las capitulaciones ante un
ejército extranjero. Porque estamos ante un problema exclusivamente
político. La decisión unilateral de unos autócratas que afecta
negativamente a una mayoría de la población. No valen
reconvenciones catastrofistas. También la constitución de 1808
(Estatuto de Bayona) fue una iniciativa transada entre el invasor
francés y las clases dominantes que únicamente la lucha decidida
del pueblo lograría desbaratar.
La
última hazaña del PSOE y del PP reincide en la tradicional ley del
embudo, amplio para los poderosos y estrecho para los humildes. El
pacto por el que se incluye en el texto de la Constitución, al
margen de la voluntad de los ciudadanos, la estabilidad y el
equilibro presupuestario en las cuentas públicas, limitando de facto
los recursos que el Estado puede utilizar para los gastos sociales,
hace cómplices ideológicos a los partidos que juegan a ser rivales
y competencia. Un acuerdo despótico realizado, además, en el
contexto de un sistema cuya cultura económica, estimulada hasta el
empacho por el marketing, la publicidad y la propaganda, está basada
en el endeudamiento privado y el crédito fácil.
Se
trata de un trágala contra la soberanía nacional y sin
justificación en las estadísticas. La deuda pública española
estaba en 2010 en el 67% del PIB, una de las más bajas de la
eurozona, mientras la deuda privada exterior alcanzaba el 175% del
PIB, una de las más altas del mundo. Esa brecha financiera
público-privado lo contamina todo. La doctrina (ex cathedra) del
techo de gasto para lo público-social se da de bruces con el no
techo -y el sí suelo- que rige a cara de perro para las hipotecas
que millones de españoles tienen con la gran banca que incubó la
crisis.
Este
saqueo ha sido posible porque varias generaciones de españoles,
embebidos por el espejismo del consumo voraz, una movida europeísta
de escaparate y una no menos falsa verbena democrática, dejaron la
gestión de sus vidas a la clase política, sus teóricos
representantes, sin importarles que en su renuncia al autogobierno
comprometían la raíz misma de su autonomía personal. Servidumbre
voluntaria de la que hacen ostentación el PSOE y el PP en temas como
negar un referéndum para refrendar la modificación de la
Constitución en un aspecto vital para la comunidad; la pretensión
de eliminar las Diputaciones como si se tratara de un avance, cuando
éstas (por cierto, base para la circunscripción electoral) pueden
ser una expresión de democracia de proximidad en el entorno del
municipalismo histórico, o el proyecto (también iniciativa de la
izquierda instalada) para ningunear la acción popular en los
tribunales de justicia.
Es
curioso el gran esfuerzo que hacen los líderes políticos para
reforzar su monopolio representativo asfixiando todo formula federal
o solidaria, por débil que sea, que mantenga la idea de una cierta
democracia directa a cargo de la ciudadanía. En el pacto para el
límite presupuestario que PSOE y PP quieren llevar al texto
constitucional también está presente esa obsesión liberticida.
Según la norma consensuada, solamente se exige equilibrio estricto
en las cuentas de los ayuntamientos (igual gastos que ingresos:
déficit cero), mientras al Estado y Comunidades Autónomas se
permite un margen de endeudamiento, o sea, estabilidad
presupuestaria.
Una
discriminación y un bloqueo financiero llamados a que esas
corporaciones locales redunden en las salvajes políticas
urbanísticas ya conocidas para lograr beneficios extra a costa de la
degradación del medio natural. O a que las estrecheces justifiquen
la eliminación del censo de ayuntamientos, como ya está ocurriendo
con centros de salud, colegios públicos, estaciones de FEVE o
cajeros automáticos de sucursales bancarias.
La
demolición del Estado de Bienestar que encubre el axioma técnico
del techo de gasto, en realidad está precedido por un concienzudo
desprestigio de lo público. Como se comprobó con la reducción del
salario de los funcionarios decretada por el gobierno del PSOE,
confiscación que una parte de la sociedad toleró al no saber
interpretarla como la primera embestida de alcance del
socioliberalismo en el poder (el actual PSOE ha devenido en una
franquicia del neoliberalismo).
Todo
para el pueblo pero sin el pueblo. Porque, como recuerda Joaquín
Costa en su libro La
ignorancia del derecho,
“esa
forma de gobierno directo, en que los ciudadanos ejercen
personalmente la soberanía, sin el intermedio de ningún mandatario
o interprete, regidor, diputado, etc., ha sido general en nuestra
Península aplicada a la gobernación de los municipios”. En fondo
lo que la casta dominante teme es la emergencia de la polis,
el ágora donde se expresa la democracia participativa, un punto de
encuentro ciudadano que en potencia representa el municipio
libertario.
Nos
lo recordaba el gran José ”Zeca” Alfonso en su mítica canción
“Grándola vila morena”, que sirvió de reclamo a la revolución
de las claveles en Portugal: “Grándola
/ villa morena / tierra de la fraternidad / el pueblo es el que más
ordena / dentro de tu ciudad”.
Por
eso, el único destino que cabe dar a las urnas el 20-N es vaciarlas
de contenido. Nunca como ahora ha estado tan claro que las
elecciones, lejos de ser la solución, son el problema. Quien
deposite su papeleta en los comicios de noviembre no sólo está
respaldando el statu quo (más paro, más evasión fiscal, más
precariedad laboral, menos democracia, más desigualdad, etc.) sino
estará apoyando el golpe de Estado neoliberal que han perpetrado
“nuestros representantes” a derecha e izquierda, tanto monta
monta tanto.
Si
hace 25 siglos las mujeres atenienses decidieron llevar a cabo una
huelga de vientres hasta que sus maridos renunciaran a la guerra como
medio de ventilar los conflictos, a nosotros ciudadanos de un país
satelizado por la venalidad de despóticos gobernantes nos cabe hoy
la enorme responsabilidad de vaciar las urnas para frenar la barbarie
que viene y recuperar el espíritu de la democracia secuestrada. ¿Una
utopía? Sin duda. Pero igual que la historia de Lisistrata que
representara Aristófanes para llamar a la cordura de sus coetáneos.
El 20-N los nuevos inquisidores nos piden un voto de obediencia y
nosotros deberíamos responderles con un voto de castigo.
¡No
nos representan!
¡Lo
llaman democracia y no lo es!
Fuente: Rafael Cid
