El derecho a la vivienda es un derecho social incluido en numerosos tratados internacionales y en las legislaciones de los estados europeos, pero de hecho estas evitan hacer referencias concretas a este compromiso adquirido y ni especifican si una persona puede invocar su derecho a una vivienda en caso de no poder obtener una con sus propios medios ni, mucho menos, explican cómo podrían hacerlo.
En nuestro rudimentario y menguante Estado del Bienestar, la administración no ha considerado nunca el derecho a disfrutar de una vivienda digna desde el punto de vista de los derechos sociales, sino que siempre ha considerado más importante el mercado inmobiliario que la ciudadanía.
En nuestro rudimentario y menguante Estado del Bienestar, la administración no ha considerado nunca el derecho a disfrutar de una vivienda digna desde el punto de vista de los derechos sociales, sino que siempre ha considerado más importante el mercado inmobiliario que la ciudadanía.
En los últimos años, el problema del acceso a la vivienda empeoró debido al protagonismo de la construcción en el desarrollo económico del Estado. La política de vivienda se basó en buena parte en la concesión de ayudas a promotores y compradores, algo muy conveniente para los promotores que hicieron buenos negocios al abrigo del dinero público, pero que no ayudó precisamente a los compradores. Una consecuencia es que se favoreció con dinero público la construcción de viviendas para la venta en detrimento de la de viviendas de alquiler. Además, en 1985 la dificultad de alcanzar una vivienda se agravaba con un decreto promulgado por el ministro socialista Boyer que eliminaba la protección a los inquilinos.
Veinte años después, el gobierno de Zapatero proclamó unos cambios que hacían concebir esperanzas: la creación de un Ministerio de la Vivienda y el anuncio de la voluntad de fomentar el alquiler. Estos buenos deseos no acabaron dando ningún fruto apreciable y la crisis económica ha obstaculizado aún más que antes la posibilidad de alcanzar una vivienda digna.
Los problemas derivados de una falta de programación o de una planificación errática en la tarea de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna tienen a buena parte de la población entre la espada y la pared. Quizás el tanto por ciento de personas sin techo-que viven en la calle-o sin hogar-que viven en albergues-no es todavía muy significativo, pero cada vez hay más que sufren inseguridad en su lugar de alojamiento-por la amenaza de desahucio, porque viven en viviendas saturados o sin condiciones de habitabilidad-o que-entre nuestra juventud-no pueden independizarse por la conjunción de salarios miserables y precios de venta o alquiler inasequibles.
¿Qué políticas de vivienda podrían ayudar a salir de este callejón sin salida? Evidentemente, un amplio abanico de medidas que contemplaran las necesidades de los diferentes tipos de afectados: creación de pisos tutelados para personas sin techo y de ayudas públicas para personas que no puedan afrontar los gastos iniciales de un alquiler; intervención de la administración pública para evitar los desahucios mediante asesoramiento jurídico y gestiones de conciliación, y disposición de viviendas públicas para cederlos en casos de emergencia; proposición de incentivos a los propietarios de viviendas vacías para que los alquilen y creación de viviendas sociales en régimen de cesión de uso de la administración pública a los residentes y, por último, aplicación estricta del reconocimiento del derecho a la vivienda mediante la creación de estructuras administrativas con competencias específicas y protocolos ágiles y concretos que permitan exigir su aplicación por vía judicial.
* Jordi F. Fernández Figueras es activista cultural y afiliado a la CGT de Terrassa. Artículo publicado en el núm. 145 de la revista Catalunya
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8509
Fuente: Jordi F. Fernández Figueras
