Víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en el País Vasco han expresado su rechazo a la Ley de Memoria Histórica que prepara el Gobierno español por considerar que « trafica con la memoria y el sufrimiento de miles de personas ». Las asociaciones Ahaztuak 1936-1977, Geureak 1936 y Asociación de Víctimas del 3 de marzo y los partidos ANV e Izquierda Republicana comparecieron ayer conjuntamente en Bilbao para mostrar su « valoración negativa » de este anteproyecto que debe ser debatido ahora en el Congreso.
El vicepresidente de Ahaztuak, Marcelo Álvarez, criticó que la iniciativa « equipare a las víctimas y a los verdugos, a los que realizaron el golpe militar con los que defendieron la legalidad », al referirse al conjunto de víctimas de la Guerra Civil « sin más reflexión ». Denunció, asimismo, que se trate de « transformar » la memoria antifranquista en una memoria « personal », pasando por alto el « alcance colectivo » que debe tener para que tenga « el necesario alcance de reparación y justicia ».
Estas asociaciones se mostraron muy críticas con el hecho de que no se haya declarado la nulidad de los juicios franquistas, « dándolos así por buenos ». Álvarez calificó de « preocupantes » las declaraciones del diputado socialistas Ramón Jáuregui, quien aseguró que esta medida « pondría en peligro la seguridad jurídica ».
Pese a señalar que para ellos el aspecto económico es « secundario », al que se debe anteponer « la búsqueda de la verdad », lamentó que en este caso adquiera un « mero carácter asistencial ». A su juicio, estas ayudas no se extienden a todas las víctimas del franquismo, « lo que supone una afrenta clara », y destacaron las diferencias con respecto al trato que re- ciben las víctimas del terrorismo.
Andoni Txasko, representante de las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, denunció que nos se consideren aquellos hechos como actos terroristas. En la misma línea, las víctimas criticaron que el anteproyecto elaborado por el Ejecutivo socialista no incluya la devolución de los bienes expropiados a organizaciones sociales, obreras y populares, así como a personas individuales.
Por último, estos colectivos aseguraron que esta ley « desconoce absolutamente todo lo que tiene que ver con la legislación internacional para la defensa de los derechos humanos », ignorando y « pasando de puntillas » por las recomendaciones de organismos centrales.
Fuente: VASCO PRESS
