Tomando como referencia las coyunturas abiertas por los procesos electorales del último trimestre de 2012 (presidenciales del 7 de octubre y regionales del 16 de diciembre) los autores de este texto compartimos algunas reflexiones -nacidas de nuestro análisis e intercambio sistemático- sobre los procesos en curso en la Venezuela actual. Nos interesa en particular visibilizar el peso que, más allá de la hegemonía ejercida por los partidos y liderazgos oficialista y opositor, deberá tener la movilización de diferentes actores para detener las tendencias autoritarias y expandir una democratización sustantiva de la vida política nacional.
En nuestras miradas reconocemos algunas diferencias.
En nuestras miradas reconocemos algunas diferencias. Desde una perspectiva (Armando) se considera que la oposición -en tanto alternativa realmente existente- tiene ante sí el reto y la responsabilidad de, defendiendo sus espacios, contrapesar el poder del chavismo y, con ello, garantizar en buena medida un entorno sociopolítico plural para toda la ciudadanía. Desde otro punto de vista (Rafael) se enfatiza la necesidad de un recambio radical de todos los actores políticos dominantes (oficialistas y opositores) como condición para la consumación de un auténtico proceso democratizador en el país. Sin embargo, aun con nuestras diversas perspectivas disciplinares (ciencia política, sociología) e ideológicas (socialismo democrático, anarquismo), compartimos la creencia en la necesidad de abrir, en un ambiente fraterno y respetuoso, debates en torno a aquellos temas que preocupan a quienes defienden, por igual, la necesidad de alternativas y escenarios que supongan más democracia, justicia, inclusión y autonomía como apuesta de futuro para todos los ciudadanos de Venezuela.
Armando Chaguaceda: Seguramente, los análisis de las opciones opositoras frente a los escenarios futuros vendrán de la mano no sólo de politólogos o juristas -quienes han hecho ya exhaustivos análisis del secuestro autoritario de la arquitectura institucional y legal-, sino también de sociólogos y demógrafos, que deberán dar cuenta del sostenimiento y/o crecimiento de la fuerza social opositora, de sus mutaciones y de los puentes tendidos a sectores populares desencantados del chavismo. En particular, ahora quiero enfocarme en la relación que veo entre el fenómeno movilizativo y la agenda opositora. Durante los últimos años, éxitos como los obtenidos frente a la propuesta oficialista de Reforma Constitucional (2007) y de Ley de Universidades (2010) se debieron, en buena medida, a movimientos protagonizados por actores sociales (estudiantes, trabajadores, etc.) que rebasaron las estructuras partidarias y los sectores tradicionales de la oposición. Estos se posicionaron en el espacio público concientizando a la sociedad sobre cambios legales e institucionales promovidos por el chavismo (implantación de un Poder Comunal que vaciaría de recursos y competencias a las autoridades locales y regionales electas, nuevo modelo educativo “socialista”, etc) que supondrían una merma de derechos y libertades de toda la ciudadanía, con independencia de su orientación política.
Me parece innegable la importancia que para la oposición (y para toda la convivencia democrática en una sociedad ideológicamente plural) tiene el conquistar y defender espacios en los poderes del estado y en los gobiernos regionales. Una mayor presencia en estos ámbitos haría más lento y/o potencialmente reversible el proceso de centralización y concentración de poderes que el oficialismo ha impulsado en los últimos cinco años, en procura de la hegemonía política nacional. Además esta oposición ha reconocidos los costos pagados al privilegiar (de 2002 a 2005) estrategias que en buena medida desconocían el orden legal y político erigido después de 1999 (Constitución) y sus mecanismos institucionales (electorales, representativos, participativos) como vía para consolidarse como opción política.
Sin embargo, en un escenario de asimetría de poderes como el que vive hoy Venezuela, la oposición tampoco debería apostar en exclusiva a desarrollar su agenda desde los espacios institucionales conquistados dentro del Poder Legislativo y los Gobiernos Regionales. La existencia de árbitros (Poder electoral y Judicial) cuyos veredictos casi siempre benefician -por acción u omisión- al oficialismo; y la vigencia de leyes que son formalmente respetadas pero fácticamente vulneradas (mediante la aprobación de decretos y poderes ejecutivos que las rebasan) hacen que las posibilidades de éxito de cualquier política más allá del chavismo (proveniente de la actual oposición o de una hipotética -y poco probable- tercera vía) deba apelar a la movilización ciudadana, pacífica, masiva y respetuosa de los derechos garantizados por la Constitución de 1999. Únicamente si el gobierno nacional siente que los costes de imponer una política chocará con la resistencia activa de sectores importantes de la población (en las calles y espacios públicos) la existencia de una oposición parlamentaria y partidaria no significará un adorno legitimador con escasa capacidad de influencia. Las lecciones derivadas de la interacción entre los actores del sistema político y la presión y movilización sociales en varias naciones del hemisferio (como es el caso de Bolivia) resulta en ese sentido especialmente reveladora.
La oposición deberá demostrar y consolidar claros avances en términos numéricos y de presencia en zonas y estratos poblacionales otrora dominados por el chavismo; y sus simpatizantes concientizar que una estampida migratoria, hija del derrotismo, sólo favorecerá al oficialismo. No basta con mejorar sus resultados electorales: los opositores tienen que combinar su presencia institucional con una mayor acción colectiva -manifestaciones, foros, campañas públicas- desarrollada acorde a la legalidad vigente, para aislar las tendencias golpistas -dentro y allende de sus filas-, presionar pacíficamente al oficialismo y ampliar su base social.
Con independencia de como quede redefinido este 16 de diciembre el ajedrez político territorial, la necesidad de una mayor movilización y una defensa activa de derechos son claves para defender la amenazada democracia venezolana. Un mapa electoral más plural es garantía de sobrevivencia incluso para los movimientos sociales autónomos que rechazan subordinarse a la MUD o el PSUV. Si el oficialismo derrota en toda la línea a la oposición tendrá más fuerzas para ir sobre los otros actores sociales y disciplinarlos -como ha intentado con la ley de ONG y el acoso a las organizaciones defensoras de DDHH- y para consolidar su modelo hegemónico y políticamente excluyente.
Rafael Uzcátegui: Desde 1999 se ha desarrollado en Venezuela una sui generis estrategia para recomponer la gobernabilidad, formalmente democrática, en un país seriamente lesionado por la insurrección popular de “El Caracazo”, 27 de febrero de 1989. La crisis de los partidos políticos abrió la posibilidad del surgimiento de un liderazgo carismático, Hugo Chávez, que reactualizaba las principales matrices culturales y políticas que habían protagonizado el siglo XX venezolano. Entre el período de creciente inestabilidad que transcurre entre aquel 27 de febrero y el primer triunfo electoral de Hugo Chávez, una serie de nuevos actores sociales (estudiantes, vecinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, comunicadores alternativos, entre otros) habían construido un tejido social, a diferentes niveles, que antagonizaba con la cultura partidista establecida. Finalmente, aunque Hugo Chávez provenía de uno de los estamentos tradicionales del país, las Fuerzas Armadas, logró capitalizar la voluntad -potencialmente insurreccional- de cambio y reconducirla a las urnas electorales. Lo que siguió, después de 1998, fue una estrategia múltiple y bidireccional para, por un lado institucionalizar a los representantes visibles de los movimientos y, en segundo término, sustituir sus lazos horizontales por la solidaridad vertical con la presidencia de la república. La polarización posterior y la fragmentación de algunas de las redes fueron algunas de sus consecuencias más conocidas.
El gobierno bolivariano ha promocionado, por decreto, una serie de organizaciones sociales de autonomía e independencia restringida, en donde las identidades parciales deben fundirse y hegemonizarse en la identidad “bolivariana” y cuya historicidad comienza en 1998. Entre otros recursos la postergación permanente de las agendas propias de los movimientos ha sido posible por una continua electoralización de su potencia como multitud. En la consolidación de la subjetividad chavista, con más características religiosas que doctrinarias, la campaña electoral es el rito cohesionador colectivo, donde se recrean permanentemente los códigos y símbolos que visibilizan la pertenencia a la comunidad litúrgica, y el voto es el acto final que representa la comunión con el caudillo.
Sin embargo, la reconstrucción falseada de la historia y el maniqueísmo que complementan el denominado “proceso bolivariano” tienen su espejo y contraparte en la explicación de la crisis que hacen los principales voceros de la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para quienes, palabras más palabras menos, Hugo Chávez es un dictador comunista cuyo apoyo popular está basado en las dádivas estatales y la represión. Si el presidente venezolano se ha encargado de neutralizar todos los liderazgos parciales y regionales que hacen vida dentro de su propio movimiento, la MUD hegemoniza la disidencia bajo el chantaje de la unidad. Tras las aventuras insurreccionales del año 2002, y la deriva abstencionista parlamentaria del año 2005, los partidos políticos opositores han consensuado -y priorizado- la estrategia electoral para retomar el poder, abandonando y obstaculizando el terreno de las luchas sociales. Esto posibilitó que por primera vez, desde 1998, las protestas ciudadanas hayan disminuido durante el 2012 respecto al año anterior.
Las elecciones regionales venezolanas, tras el anuncio del quebrantamiento de la salud del presidente Hugo Chávez, se redimensionan. Tras las elecciones del 7 de octubre, ante lo que parecía la ofensiva del proyecto estatista comunal (un nuevo estadio de la concentración de poder en el país) las gobernaciones eran accesorias y divertimentos para la simulación participativa. Después del 8 de diciembre, fecha de la revelación cancerígena, se convierten en decisivos bastiones de la transición post-chavista, cualquiera sea la dirección que esta tome. Considero que el mejor escenario, para una real transformación de la cultura política hegemónica en esta esquina del Caribe, sería la victoria del chavismo en las gobernaciones más emblemáticas del país, incluyendo el eje de la confrontación: el estado Miranda. La derrota de Henrique Capriles Radonsky implosionaría el actual liderazgo opositor, personificado en buena medida por los mismos voceros políticos que hicieron posible el caldo de cultivo para la vuelta del caudillismo mesiánico al escenario político nacional. Con una media de edad de más de 50 años, los caudillos menores de las organizaciones políticas y sindicales aglutinadas en la MUD no pueden representar a otra cosa sino al pasado, ese mismo cuya interpelación fortalece permanentemente a la figura de Hugo Chávez. Como los partidos políticos no van a desaparecer -y representan el necesario contrapeso institucional- la crisis posterior al 16 de diciembre catalizaría la aparición de nuevos actores y liderazgos. En la otra acera, por su parte, el cataclismo ante la hipotética desaparición de Chávez del escenario político dinamitará un movimiento cimentado en base al culto a la personalidad. La desaparición del chavismo sin Chávez será cuestión de tiempo. En su lugar quedará no una iniciativa doctrinal-ideológica, sino una suerte de religiosidad popular que será testigo del enfrentamiento de sus diferentes profetas.
Una opinión compartida: Ambos autores tenemos consenso respecto al hecho de que el actual escenario puede ser propicio -lo que no significa que dicho proceso sea algo inmediato, fehaciente e irreversible- para la necesaria despolarización de la sociedad venezolana. Importantes victorias contra la ofensiva autoritaria del gobierno nacional (la Reforma Constitucional del 2007 y la anulación de la sentencia contra el sindicalista Rubén González, entre otras) fueron posibles cuando sectores se despolarizaron para encontrarse en la movilización callejera por objetivos comunes. Creemos que la construcción de otras referencias sociopolíticas en Venezuela no sólo es un deseo de utopistas o bienpensantes, sino una precondición para la real superación de la crisis del modelo de desarrollo basado en la democracia representativa-delegativa y la renta petrolera, del cual el chavismo es una continuación y no una ruptura. Porque bajo una polarización construida a cuatro manos -por el chavismo en el poder y la MUD en la oposición- no hay cabal autonomía para las iniciativas sociales y populares. Y porque será la transformación cultural y societal inducida por los diversos actores y movimientos sociales, mediante la difusión de valores y prácticas contrahegemónicas, las que modificarán estructuralmente las realidades, más allá de la (mejor o peor) administración del status quo que hacen los gobiernos y los partidos.
Armando Chaguaceda & Rafael Uzcátegui
Extraido de: Fondatíon Píerre Besnard
Fuente: Fondatíon Píerre Besnard
