Un grupo con decenas de activistas de V de Vivienda Madrid ha realizado
una acción de protesta esta mañana en el stand del Ministerio de la
Vivienda en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) para denunciar el apoyo
de todas las administraciones públicas, nacionales, regionales y
autonómicas, a los constructores y promotores, a los que culpan de ser los
causantes del estallido de la burbuja.
En el acto se leyó un comunicado en el que se denuncia que se siga
bonificando la compra de vivienda a pesar de que muchas empresas del
sector no tienen garantizada su solvencia financiera, y tienen muchas
papeletas para acogerse a la suspensión de pagos en los próximos meses. V
de Vivienda también exige a las administraciones públicas que no pongan al
servicio de los especuladores los instrumentos de los que dispone el
Estado para garantizar el derecho a la vivienda, y que en estos momentos
están siendo utilizados para salvar a quienes se han enriquecido durante
los años del boom del ladrillo.
La asamblea lamenta que en estos tiempos de crisis se quiera salvar al
empresariado, que se ha lucrado de forma escandalosa, socializando sus
pérdidas, cuando en la época de la bonanza la vivienda se ha transformado,
con la ausencia de vigilancia de las instituciones políticas que tendrían
que haber defendido el bien social, en una mercancía exclusivamente
privada, excluyendo de este modo a la inmensa mayoría de la
población.
Después, los manifestantes abandonaron el stand del Ministerio, e
iniciaron con las pancartas varios pabellones –como el de la Comunidad de
Madrid dedicad a la Vivienda de Protección Oficial-, realizando en este
trayecto una parada ante el stand de la Comunidad de Madrid, donde
corearon consignas como “Madrid, capital de la especulación” y “Espe,
espe, espe, especulación” o “Vosotros, también, estáis hipotecados”.
Reproducimos a continuación el comunicado que se ha leído durante la acción :
Nos han apaleado, nos intentan enchironar,
y enSIMA nos quieren vender un piso
La burbuja ha estallado, a pesar del Gobierno. Ya nadie discute que el precio de la vivienda está bajando y todo parece indicar que lo va a seguir haciendo a un ritmo incluso muy superior en los próximos meses y años. Eso es precisamente lo que pretende evitar el Gobierno y cuenta para ello con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Durante años las administraciones públicas han estado permitiendo, cuando no promoviendo, una subida artificial y especulativa del precio de la vivienda en beneficio de unos pocos especuladores sin escrúpulos, obligando a la gran mayoría de la población a hipotecar los ingresos del resto de su vida para acceder a una vivienda. Para conseguirlo han hecho todo lo que ha estado en sus manos : bajada de tipos de interés de préstamos hipotecarios ; incentivación de la adquisición de vivienda en propiedad – mediante subvenciones y deducciones fiscales que iban a parar al bolsillo del vendedor – en detrimento del alquiler ; recalificación de suelo de forma irracional y arbitraria con la intención de multiplicar su precio y no de abaratar la vivienda, como aseguraban (suelo que antes habían acaparado los especuladores) ; eliminación en la práctica de la vivienda de protección pública, que pasó de representar un cincuenta por ciento del total de la vivienda construida en la década de los ochenta a tener un papel muy residual muy por debajo del diez por ciento del total en la actualidad ; subidas del precio máximo de venta de la vivienda protegida muy por encima del incremento de los costes de construcción o del IPC ; etc…
Pero la burbuja ha reventado, la población ya no puede pagar más dinero por una vivienda y los precios no pueden continuar subiendo, y como ocurre con todo negocio piramidal, cuando el negocio toca techo el sistema se desploma. Los primeros en tratar de escapar del estallido de la burbuja han sido los inversores. Durante los últimos años los inversores adquirían viviendas casi a cualquier precio sabedores de que en poco tiempo rentabilizarían su inversión debido a los rápidos incrementos de precio. Pero cuando la vivienda ha llegado a su techo y los precios han dejado de subir, aún cuando se han mantenido, la inversión ya no es recuperable a corto plazo, por lo que los inversores, que suponían un 40% de la demanda, han abandonado el negocio, potenciando la dinámica de descenso de precios.
Ante el desplome de un negocio lo menos recomendable es entrar en él. Comprar una vivienda en la actual situación conlleva un grave riesgo, puesto que nada más salir de la notaría el piso se habrá devaluado. Sólo con un descenso del diez por cien, cifra que se puede superar en pocos meses, un piso que hemos adquirido por trescientos mil euros se habrá devaluado treinta mil euros. Y sin embargo el precio del alquiler anual de esa misma vivienda probablemente no superará los diez mil euros, por lo que alquilando estamos dejando de perder veinte mil euros al año.
La depreciación del valor de la vivienda por debajo de la cantidad pendiente de amortizar del préstamo hipotecario fomenta su impago, puesto que ningún sentido tiene pagar por algo más de lo que vale. Pero en España el impago de la hipoteca no supone la liberación de la deuda, como en otros Estados, puesto que si el piso es adjudicado en subasta a un precio inferior al que asciende la deuda con el banco, seguiremos debiendo la diferencia. Sin piso y con “hipoteca”.
Otro grave riesgo que entraña la compra de una vivienda en la actual coyuntura es la elevada posibilidad de que los tipos de interés continúen su evolución al alza, encareciendo los plazos mensuales de las hipotecas e impidiendo en muchos casos su pago. Esta evolución al alza de los tipos ha provocado que en poco tiempo se duplique la morosidad.
Ante las evidencias que desaconsejan la adquisición de vivienda las Administraciones, en lugar de informar de los riesgos, están guardando silencio. Es más, los especuladores y banqueros que durante años han reclamado una desregulación del mercado de la vivienda que les permitiese monopolizarlo y alterar libremente sus precios para multiplicar sus beneficios, ahora reclaman la intervención pública para, con el dinero de todos, minimizar sus pérdidas. Y las Administraciones han comenzado a obedecer.
La Renta Básica de Emancipación (RBE) es la medida estrella del Gobierno para solucionar el problema de la vivienda, pero lejos de resolver nada empeora el problema. Lo demuestra el hecho de que sin haber cobrado la subvención prácticamente ningún solicitante, ya se ha notado la subida del precio del alquiler. Además sólo pueden beneficiarse de la “ayuda” los menores de treinta años, por lo que la subida de rentas dificulta aún más al resto de la población que no tiene derecho a “ayudas” el acceso al mercado de alquiler, empujándoles a la compra de vivienda. En esa situación se verán también los beneficiarios actuales de la subvención cuando cumplan treinta años, ya que al dejar de cobrar la subvención se reducirá su capacidad para pagar un alquiler, viéndose tentados u obligados a recurrir al endeudamiento de por vida a cambio de una vivienda en propiedad. La RBE está pensada para subir el precio del alquiler y de esta manera minimizar la tendencia bajista del importe mensual de amortización de las hipotecas, y con ello la bajada del precio de las viviendas. Es una ayuda a los propietarios, no a los arrendatarios.
La otra gran medida que va a salvar de la crisis a los especuladores, constructores y banqueros es la vivienda protegida. Durante los años alcistas la vivienda protegida ha sido la gran olvidada de las políticas de vivienda, y ahora que el precio de la vivienda libre baja, se recurre a la protegida para permitir que continúe funcionando la maquinaria urbanística sin necesidad de poner en el mercado la vivienda libre excedente a un precio más bajo.
En esta línea las Administraciones ya han anunciado que recalificarán grandes cantidades de suelo para su comercialización bajo la modalidad de vivienda protegida. De esta forma consiguen por un lado recalificar más suelo, crear más mercado, y por otro reservar el suelo destinado a vivienda libre, y con ello la posibilidad futura de enriquecimiento de los de siempre.
Por si fuera poco la Comunidad de Madrid ha aprobado una subida del precio de la vivienda protegida de hasta un 31,65% (según tipología y zona), subida que carece absolutamente de justificación ya que no va acompañada de un incremento de costes de construcción correlativo, y además se produce en un momento de desplome del precio de la vivienda libre. El precio del m/2 de una vivienda protegida puede alcanzar ya los 2.425,60 €, lo que supone que una vivienda de 80 m/2 pueda costar 250.000 €, cuando los costes de construcción de una vivienda de esas dimensiones no superan los 70.000 €. Pero la cosa no acaba ahí, ya que con los precios actuales marcados por el Gobierno del Estado aún existe margen para que el precio del m/2 alcance los 3.000 €. De esta forma se consigue por un lado incrementar el margen de beneficios de constructoras, promotoras etc., que se lancen a la aventura de la vivienda protegida, además de tratar de frenar el desplome de precios de la vivienda libre.
En la misma línea el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hace pocas semanas una nueva tipología de vivienda protegida que, bajo la excusa de permitir su acceso a personas con mayor nivel de ingresos, supone el encarecimiento del metro cuadrado en más de 400 €, excluyendo premeditadamente a las clases más necesitadas de la posibilidad de optar por estas viviendas.
Otro importante mecanismo al que recurren las Administraciones para ayudar a los promotores son los incentivos fiscales y subsidios. El total del gasto del Gobierno en partidas destinadas a vivienda asciende a 6.000 millones de euros, y la mayor parte de ese dinero se malgasta en deducciones fiscales, subsidios y subvenciones que en lugar favorecer el acceso a la vivienda lo dificultan, puesto que dicho dinero acaba en manos del vendedor o arrendador provocando un incremento de los precios. Si este dinero fuese destinado a la creación de un parque público de viviendas en alquiler, además de generar un importante patrimonio público para el futuro, en pocos años se solucionaría el problema de muchas personas que en la actualidad no pueden acceder a una vivienda.
Ante esta situación la Asamblea por una Vivienda Digna exige la inversión de las políticas de vivienda como única forma de dar solución al problema. Para ello deberá abolirse la política de incentivos y subvenciones, destinando el dinero público a la creación de un parque de vivienda pública de alquiler social que permita el acceso a la vivienda a toda la población a un precio justo, e impida que nadie se lucre con dinero público y a costa de un derecho básico como la vivienda. Sistemas similares de garantía del derecho a la vivienda ya existen en otros Estados europeos.
Concebimos la vivienda pública de alquiler social como único medio capaz de garantizar un derecho de acceso a la vivienda universal, vinculante, exigible ante los tribunales y equiparado a otros derechos básicos como la sanidad o la educación.
Defendemos el uso social a las viviendas vacías, dando cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe el uso antisocial de la propiedad privada (art. 33 CE).
Y ante la degradación que sufren los cascos urbanos por abandono e invasión del vehículo privado, así como del entorno natural como consecuencia de la expansión descontrolada e injustificada de la ciudad, debe apostarse decididamente por la rehabilitación y mejora de las viviendas, de los barrios y de las ciudades.
Madrid, 12 de abril de 2008
Asamblea por la Vivienda Digna y Contra la Precariedad
Si luchas puedes perder, si compras ya has perdido
Fuente: Asamblea por la Vivienda Digna y Contra la Precariedad
