Tras los 4 años de recortes y ataques a la Escuela Pública y su profesorado bajo el gobierno del PP, la llegada del PSOE al Gobierno de Aragón en 2015 vino acompañada de ciertas expectativas en educación. Tras 8 años de ejecutivo de Javier Lambán, los avances son escasos y nos dejan ante un futuro incierto que se augura complicado.
La llegada de Mayte Pérez a la Consejería de Educación fue acompañada de promesas electorales de reversión de los recortes en la Educación Pública. Si bien, en un primer momento, se tomaron medidas como la recuperación del cobro del verano para el profesorado interino, la supresión de la modificación del Decreto de Interinos, la vuelta a ratios anteriores de aula y la gratuidad de la matrícula en los Grados Superiores de FP, quedaron pendientes cuestiones centrales. Gracias a la labor sindical se consiguieron mejoras como la creación de los dos días de libre disposición o la extensión al colectivo interino del derecho al permiso no retribuido de hasta 3 meses. Ambas a petición de CGT y a coste cero.
Sin embargo, la rebaja inicial de 21 horas lectivas a 2O en Secundaria dejó muy lejos derechos laborales que nos alejan de la mayoría de comunidades autónomas; nos referimos a la equiparación salarial, la recuperación del horario lectivo previo a los recortes y la reducción para docentes mayores de 55 años.
Desde CGT desarrollamos una intensa campaña en coordinación con toda la comunidad educativa en defensa de la Escuela Pública frente al dispendio de recursos que suponen la existencia de aulas vacías en la privada/concertada. Estas acciones supusieron el cierre de una docena de ellas. En la actualidad, sin embargo, asistimos con preocupación al proceso inverso: el cierre de aulas públicas mientras se mantienen otras, totalmente innecesarias, en centros concertados.
La legislatura con Felipe Faci como Consejero ha estado marcada por situaciones críticas acaecidas durante los últimos años. Nadie olvida las trágicas circunstancias vividas en la pandemia -sin EPI, con material personal de las propias docentes para el desempeño de su trabajo y con una total falta de transparencia- y la acogida sin recursos suficientes de personas refugiadas que huyen del conflicto bélico. Una excusa para ralentizar la reversión de recortes cuyas consecuencias pedagógicas han sido minimizadas gracias al trabajo dedicado del profesorado.
Durante esta legislatura, el ejecutivo socialista tomó la iniciativa de publicar la orden por la que se regula el Modelo BRIT-Aragón, sin apoyo a la formación del profesorado, sin inversión de recursos, sin el aval de sindicatos y docentes, ni respaldo pedagógico y que supuso un cambio radical en el sistema educativo aragonés con graves consecuencias tanto para el colectivo docente como para la calidad de la educación.
No ha habido grandes gestos hacia la mejora de las condiciones laborales del profesorado. El grueso se ha conseguido a base de demandas interpuestas por CGT a la Administración educativa. Fue necesaria una demanda por prevaricación para lograr el pago de los sexenios al profesorado interino; de igual modo, logramos dos sentencias pioneras del TSJA para la ampliación de permisos de paternidad/maternidad en caso de familias monomarentales.
Durante el último curso, y gracias a las aportaciones de CGT, se han desarrollado negociaciones que incluyen el adelantamiento al mes de julio de los llamamientos de inicio de curso para el colectivo interino en Secundaria y FP, compromisos de aumento de Plantilla importantes o acuerdos como el Plan de Igualdad.
Sin duda, el asunto que ha monopolizado el grueso de las reivindicaciones de los sindicatos educativos ha sido la reversión del incremento de horas lectivas en Secundaria, es decir, la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria y FP y la mejora para las maestras que, previsiblemente, pasarán a tener por primera vez 23 horas lectivas, una aportación específica de CGT. El resultado es que, tras 8 años de gobierno del PSOE, se alcanzó un acuerdo escalonado que queda a media ejecución y a expensas del nuevo ejecutivo con todas las incertidumbres que ello acarrea.
Sin embargo, este último acuerdo alcanzado con la administración vendría acompañado de desagradables sorpresas. Así, resulta incomprensible que un acuerdo firmado en noviembre por la Administración y todos los sindicatos se publique en el BOA pasadas las elecciones; y lo haga, además, de forma, incorrecta, faltando al contenido consensuado. Así, en esta publicación se obvian los términos del consenso alcanzado en la Mesa Sectorial del 21 de noviembre de 2O22 acerca de la reducción horaria para los y las docentes mayores de 55 años. Siete meses después del acuerdo, se hace referencia a una orden de 2010 que deja fuera de forma ilegal al colectivo interino. La respuesta de la Administración ante las exigencias para que se hiciera efectiva la publicación completa en el BOA de dicho acuerdo ha sido el chantaje y la amenaza.
Desde CGT se están explorando todas las vías pertinentes, incluídas las jurídicas, para conseguir dicha publicación ante un incumplimiento que consideramos de extrema gravedad.
Frente a la sobrecarga burocrática y laboral, con un cambio de ley educativa aprobado en Aragón en pleno verano, una pandemia en nuestro pasado reciente y sin la ejecución de la reversión total de los recortes, nos hemos encontrado con una actitud arrogante y personalista por parte del Consejero de Educación Felipe Faci que ha llegado a culpabilizar a los propios docentes de que no se haya ejecutado una subida salarial de mayor calado.
Ocho años que han servido para aportar algunas mejoras al colectivo docente y a la Escuela Pública, que en otras comunidades se alcanzaron hace años, y que han servido para revertir ciertos recortes. Es evidente que ha faltado una mayor predisposición por parte del equipo del Consejero para alcanzar unas mejoras más rotundas. Igualmente, es innegable que, como organización sindical, consideramos fundamental el aumento de la presión en la calle para reforzar las posiciones defendidas.
Tenemos presente también retrasos en las dotaciones de los centros, las becas de comedor y ayudas para el material curricular y al transporte del alumnado y la reducción de los gastos de funcionamiento en FP, apenas compensado, después de la denuncia de CGT.
Por delante nos queda la incertidumbre de encontrarnos con una situación parecida a la vivida en 2011, pero incrementada por la alarma generada ante la inclusión de la ultraderecha en el gobierno de Aragón.
Fuente: CGT Enseñanza Zaragoza
