En el día de hoy más de 15.000 trabajadores de la enseñanza pública han secundado la huelga convocada por los sindicatos de la Junta de Personal y Comité de Empresa de la Delegación Provincial de Cádiz entre los que figura la CGT. A esta convocatoria se han sumando numerosos trabajadores de la enseñanza privada.
Además se ha desarrollado una macro manifestación en Jerez a las 12 del medio día, donde miles de personas, docentes, padres y madres, trabajadores de administración y servicio, alumnado y ciudadanos en general, que han abarrotado el itinerario previsto desde la Plaza de las Marinas hasta el Centro Andrés de Ribera. Al final el presidente de la JP ha leído un manifiesto consensuado por los sindicatos convocantes.
También en otras localidades de la provincia los trabajadores se han concentrado para manifestar su apoyo a la gran manifestación de Jerez, en ciudades como Algeciras y Jimena ; actos que han contado con numerosos participantes.
Esta convocatoria se suscita por la brutal agresión sufrida por un maestro en el CEIP Andrés de Ribera de Jerez de la Frontera Este masivo apoyo a la convocatoria tiene su raíz en el enorme malestar que entre los trabajadores de la enseñanza pública se ha instalado como consecuencia de la dejación de las autoridades no solo educativas sino del resto de las administraciones públicas en torno a la seguridad y defensa de los trabajadores a su servicio.
Es penoso observar que ante comportamientos inaceptables y que penalmente deben ser duramente corregidos los jueces se encuentren con normas ambiguas a aplicar y una absoluta inhibición de quienes deben ser los primeros responsables de estos actos de violencia.
Los trabajadores y trabajadoras al servicio de las administraciones públicas cuando son agredidos en el ejercicio de sus funciones deben ser considerados como representantes de la misma y la responsabilidad de quien arremete debe ser mayor si cabe no solo por atentar contra la integridad y libertad de una persona (derechos fundamentales constitucionales) sino que atacan la raíz de la prestación de un servicio público que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas.
No es de recibo que se traten estos asuntos como si de particulares fuese y se juzgan como delitos de faltas. Por ello el clamor unánime de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, en este caso el Sistema público de Enseñanza, debe servir para que de inmediato se pongan manos a la obra los responsables políticos para que den instrucciones claras, aporten recurso materiales y humanos que garanticen la seguridad de las instalaciones públicas y además que los políticos que actúan en el poder legislativo modifiquen el marco legal para que estas agresiones sean duramente disciplinadas.
CGT se ha personado en la denuncia de los hechos que instruye el juzgado n 2 de Jerez al objeto de apoyar las acciones legales contra el agresor y exigir la reparación al agredido. Reparación de unas dimensiones que deben ser acordes con el daño causado, que este sindicato entiende de grandes dimensiones, ya que a los efectos físicos se suman y en mayor medida los daños morales tanto personales como a la comunidad educativa del citado Centro educativo.
Fuente: S.P. SINDICATO DE ENSEÑANZA DE CÁDIZ