Con el PP no sólo han llegado más y “mejores” hachazos laborales y desbarajustes sociales, eso que llaman impúdicamente “reforma laboral” y “planes de austeridad”, también comienza una nueva forma de asumir la legítima protesta ciudadana ante esas agresiones desde el ministerio del Interior.
El Gobierno tiene miedo de que los colectivos damnificados, parados, precarios y ciudadanos normales que ven sus derechos y servicios públicos en almoneda, formen piña, confluyan y se retroalimenten en la confrontación. La derecha intenta que no le amarguen la marcha triunfal lograda con los réditos electorales ofrecidos por el viraje neoliberal del anterior gabinete socialista y la complacencia mórbida de los llamados sindicatos representativos.
El Gobierno tiene miedo de que los colectivos damnificados, parados, precarios y ciudadanos normales que ven sus derechos y servicios públicos en almoneda, formen piña, confluyan y se retroalimenten en la confrontación. La derecha intenta que no le amarguen la marcha triunfal lograda con los réditos electorales ofrecidos por el viraje neoliberal del anterior gabinete socialista y la complacencia mórbida de los llamados sindicatos representativos.
De ahí que sofocar a toda costa otro 15-M haya sido desde el principio una de las consignas de Jorge Fernández Díaz, el responsable del ramo y desde antiguo brazo derecho del presidente Mariano Rajoy. Creen los nuevos inquilinos de La Moncloa que pueden escarmentar en cabeza ajena, no sólo por lo mucho que el movimiento de los indignados perjudicó al PSOE de Rodríguez Zapatero, muy justificadamente, sino porque aún recuerdan las funestas consecuencias que las masivas movilizaciones por el caso Prestige, la guerra de Irak y las mentiras del 11-M tuvieron para sus rancios colores.
Y dicho y hecho. Pero como la signatura de educación para la ciudadanía parece vetada en las academias de policía, a la primera de cambio han echado mano de la única política que conocen quienes consideran que la calle es de ellos, como proclamara el que fuera presidente de honor del partido, el fenecido Manuel Fraga, el hombre al que le cabía el Estado en la cabeza pero ni una idea buena, y menos si era democrática. La política del garrote, el apaleamiento de la ciudadanía.
Viene esto a cuento de ese bochornoso e incalificable episodio protagonizado estos días por los antidisturbios en la calles de Valencia al reprimir a hostia limpia y con una saña que no oculta un asomo de rencor social (“Ni cuerpo de puta tienes”) a grupos de estudiantes que protestaban en la vía pública contra los recortes en educación. Solamente a unos políticos cafres, ignorantes de los más básicos valores democráticos, pegados de sí mismos y confabulados en la doctrina de la obediencia debida, se les podía ocurrir semejante manera de gestionar el diálogo social.
Valencia inaugura, gracias a la contumacia policial, un nuevo ciclo de resistencia ciudadana. Si hace casi un año el 15-M brotó entre los sectores más concienciados de una juventud sin futuro por el expolio perpetrado por el sistema financiero con la ayuda de la clase política, la irrupción en escena de los chavales de los institutos bajo el mismo impulso ético puede representar el relanzamiento exponencial de la protesta social, a poco que la “mayoría silenciosa” abandone el falso confort y el estéril tancredismo con que pretende conjurar la evidencia del saqueo a que está siendo sometida toda la población, pasada, presente y futura.
Ya pueden pedir disculpas aquellos sabiondos que se han pasado años parlotando sobre la juventud de la litrona y su imperturbable pasotismo. A las pruebas nos remitimos. Claro que desde el poder sólo conocen el idioma de las coces. Pero con la revuelta del Turia ya son coces dadas en el aguijón. No hay más que oír al sheriff valenciano calificar de “enemigos” a los escolares airados. Más educación y menos policía.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
