María del Rosario Cabezas Córdoba, de 36 años, que quedó viuda en 1997 tras sufrir su esposo un accidente laboral que le costó la vida, lleva seis años esperando a que comience el proceso judicial que se sigue en el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas, en el que todo son "demoras producidas por las actuaciones del juzgado y por las empresas denunciadas".

María del Rosario Cabezas Córdoba, de 36 años, que quedó viuda en 1997 tras sufrir su esposo un accidente laboral que le costó la vida, lleva seis años esperando a que comience el proceso judicial que se sigue en el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas, en el que todo son «demoras producidas por las actuaciones del juzgado y por las empresas denunciadas».

El marido de María del Rosario, Ángel Cantero Camacho, cayó desde una altura de 15 metros, al descender de un andamio que carecía de las medidas de seguridad obligatorias, en las obras de construcción del centro comercial Makro de Alcobendas.

Rosario, madre de dos hijos, que en el momento del accidente tenían 3 y 7 años, tuvo que enfrentarse «sin trabajo y con el piso por pagar» a la muerte de su marido. «Estuve cuatro meses viviendo con mi madre. Al niño le afectó muchísimo pues era la pasión de su padre y tuvo que someterse a un tratamiento psicológico», declaró la viuda a Europa Press.

Asimismo, explicó que ella no tenía ganas de trabajar ni de nada, y que salió adelante gracias a sus hijos. «Ahora mismo cobramos tres pensiones, una de viudedad, y dos los niños que no abarcan ni mucho menos lo que unos hijos piden y llevar los gastos de una casa. Yo no entiendo de leyes, pero lo que no sé es que como un caso clarísimo con una muerte de por medio no se ha hecho justicia todavía», señaló.

El abogado de Rosario, Alberto García García, denunció el retraso que está sufriendo el caso y confirmó que en el centro comercial en el que se produjo el accidente «faltaba el plan de seguridad e higiene necesario, y que se presentó al día siguiente del accidente», una vez que la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid confirmaba, tras una inspección, que no se «contaban con las medidas de seguridad obligatorias y se les impusiera a las empresas denunciadas -General Building S.A y HANSA, y la desaparecida Boyara S.l, a la que pertenecía el fallecido- una infracción grave».

Por último, achacó el retraso del inicio del proceso «a la falta de voluntad de las empresas por solucionar un caso que normalmente se resuelve en dos años, y a la falta de interés en hablar con la viuda e interesarse por su situación y la de sus hijos».