Una inmigrante paraguaya, embarazada de seis meses y residente en Gandía, ha pedido el permiso de residencia en nuestro país alegando maltrato del marido. Aunque es un derecho recogido en la normativa vigente, nunca antes se había hecho una petición de estas características, hasta el punto de que la Oficina de Extranjeros está retrasando la resolución porque desconoce el procedimiento exacto.
M. L., es natural de Paraguay y recaló en Gandía hace 4 años, cuando ella tenía 20. Llegó directamente a esta población porque allí vivía su tía, quien también le buscó trabajo de limpiadora en el restaurante donde trabajaba. Aunque de forma irregular, puede decirse que inició una vida normal, también en el terreno sentimental. En octubre de 2003 contrajo matrimonio con un valenciano diez años mayor que ella y ese fue el inicio de sus preocupaciones. Según relató a Levante-EMV, muy pronto empezaron las discusiones y finalmente los malos tratos físicos, una situación que terminó hace cuatro meses con una denuncia ante la policía y una orden de alejamiento para el marido.
Con esta medida quedaba resuelto momentaneamente el problema de violencia doméstica, pero surgían muchos otros. « No tenía trabajo y además, con la presión que hay ahora con los extranjeros, no hay forma de encontrarlo si no tienes papeles », dice. Tampoco tiene dinero para contratar abogados y tramitar la separación. Y para colmo, está embarazada de seis meses y tiene la necesidad, aunque vive con sus padres, de sacar adelante a su hija.
La única solución, pues, fue buscar la regulación en nuestro país y en CGT le aconsejaron hacerlo acogiéndose al artículo 45 del nuevo Reglamento de Extranjería, que estima que « se podrían conceder autorizaciones de residencia en España por razones humanitarias en el supuesto de víctimas de violencia doméstica, siempre que haya recaído sentencia por tales delitos ». El expediente se presentó el pasado mes de abril y hasta ahora no ha habido resolución, según CGT porque los responsables de la oficina de extranjería « no disponen del modelo de resolución, ya que se trata de la primera solicitud de estas características en la Comunidad Valenciana ».
Así las cosas, la afectada ha pedido que se acelere su proceso por una razón de Justicia, pues el retraso de los papeles le está produciendo un mal añadido a su ya compleja situación.
Fuente: José Parrilla | Levante-emv.es
